Suma y sigue: fiscalía abre una tercera causa en contra de un funcionario municipal

• La unidad de Alta Complejidad del Ministerio Público regional lleva adelante una investigación desformalizada en contra de la actual jefa Jurídica por eventuales delitos de negociación incompatible y fraude al fisco. Caso se agrega al de la venta de áridos y al de Secplac.

Cuando restan 17 meses para el término de la administración del alcalde Carlos Barra; las cosas tienden a complicarse. Esto por que una nueva causa penal se abrió en el Ministerio Público en contra de un funcionario de la municipalidad que dirige el jefe comunal. Se trata de una investigación desformalizada que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) con sede en Temuco en contra de la actual jefa de la unidad Jurídica, Bhama Zúñiga. El caso se suma a los ya conocidos que se siguen en contra de un funcionario de la Red Vial denunciado por vender áridos y otra radicada en Pucón en contra del jefe de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac), Cristian Brown.

De acuerdo a lo señalado por comunicaciones del Ministerio Público, la unidad que lidera el fiscal César Schibar, abrió la indagatoria luego de una denuncia realizada por la Contraloría Regional. Este organismo ya había emitido un informe hace dos meses en el que ponía en cuestionamiento el procedimiento por el que la abogada recibió pagos en dos causas en las que defendió a la municipalidad entre los años 2012 y 2018; es decir cuando Bhama Zúñiga cumplía labores con un contrato a honorarios. Según el análisis que hace el organismo contralor, los pagos no corresponden y los cataloga como superiores a los que recibiría cualquier funcionario municipal; dentro de sus competencias activas. En la sumatoria de ambos casos, la abogada recibió pagos por un poco más de $23 millones. 

Consultada la abogada Zúñiga sobre el tema, esta decidió responder y señaló estar al tanto de la indagatoria y sostuvo que está tranquila a la espera de demostrar su inocencia. “Estoy al tanto de la investigación desformalizada y existe por mi parte tranquilidad, porque siempre fui prestadora de servicios a honorarios, en virtud del artículo 4 de la ley 18.883  con determinadas funciones aprobadas todos los años por concejo municipal. Cuando existían juicios entre un año y otro que que eran ganados o significaban un ahorro de sumas en dinero para el municipio (siempre  bajo esa modalidad) se aprobó por concejo municipal el pago de prestación de servicios a honorarios por trato directo con las modificaciones presupuestarias, refrendadas  por los órganos de control  internos del municipio”, señaló la abogada, quien agregó que también hubo otros profesionales que actuaron en la misma modalidad: “No tan solo  existieron cobros de  servicios prestados por esta profesional sino también para otros abogados. Todo esto mientras no se implementaba la planta que contemplaba una dirección Jurídica”.

Según lo señalado desde la fiscalía regional, la investigación apunta a un eventual delito de negociación incompatible; aunque hay otras fuentes que también incluyen la posibilidad de un eventual fraude al fisco. Las mismas fuentes consultadas explican que hasta la municipalidad llegó un requerimiento desde el ente persecutor con sede en Temuco para recabar información sobre el caso. No se conoce si hay alguna policía con alguna orden de investigar. En todo caso la indagatoria (y también los otros dos casos) está en etapa preliminar y sólo luego de un análisis detallado de los hechos, la fiscalía definirá si existen méritos para formalizar la causa y tratar de probar los hechos para llegar a una eventual condena. LVP consultó a la municipalidad para obtener una opinión institucional, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.