Las nuevas demandas que complican a la municipalidad: abogada denuncia acoso laboral y ex encargado de emergencia dice que trabajó con un contrato falso

Maria Graciela Carrillo apunta, entre otros, en contra de la jefatura Jurídica y Daniel Godoy acusa un despido injustificado. Eventuales indemnizaciones en ambos casos suman un poco más de $23 millones.

Los problemas legales en la municipalidad parecen una historia sin final. Y esto, porque luego de bullados casos en Educación (con millonario pago incluido) y por la planta de trabajadores; en los últimos días se han conocido otros casos. Y entre ellos, dos que podrían transformarse en un verdadero “dolor de cabeza” para la administración pública local. Se trata de la demanda por acoso laboral que ingresó la abogada María Graciela Carrillo y la del ex encargado de emergencias Daniel Godoy, quien acusa —entre otras cosas— que desempeñó funciones como encargado comunal de emergencias bajo un contrato a honorarios que calificó en la demanda como “falso”.

Supuesto acoso

La primera de las demandas apunta a las acusaciones que hace la abogada María Graciela Carrillo en contra de algunos funcionarios, principalmente la directora del departamento Jurídico Bhama Zúñiga. Según la causa que se ventila en el tribunal de Pucón, Carrillo señala que tuvo problemas con la jefa jurídica, prácticamente, desde que esta última llegó desde principios de año. 

Según el texto, si bien se produjeron algunos intercambios de palabras entre ambas, la complicación se agudizó cuando Carrillo fue trasladada de sus funciones desde la dirección Jurídica hasta el departamento Social. Esto, sin documentación legal que avalara el traslado. “Al pasar de los días se trabajó fluidamente, por lo que me sorprendió mucho que a finales de febrero, la Directora Jurídica doña Bhama Zuñiga me comunicara que el Sr. Alcalde había decidido que me destinaría a la Dirección de Desarrollo Comunal y a la oficina de Vivienda, todo esto de forma verbal y no existiendo documento administrativo correspondiente (decreto alcaldicio) que fundamentara mi destinación de funciones”, se lee en el texto, el que agrega: “Al momento de solicitar mi decreto, tanto la jefa de Gabinete Sra. Adriana, como la Directora Jurídica doña Bhama Zuñiga Olivares, me insistieron que si el Alcalde decía algo, sólo se hacía sin necesidad de documento, lo que me pareció muy extraño, ya que yo por mi cargo veía todos los días los decretos que se hacían y visaban en éstos casos. Incluso la Directora Jurídica me expresaba insistentemente ‘entonces dile que no al Alcalde y listo’, siendo este el segundo episodio de maltrato laboral y posterior persecución que relataré posteriormente y que fundamentan esta demanda”.

Al pasar los días y al no estar listo el decreto, la demanda da cuenta que María Graciela Carrillo no quiso materializar el cambio lo que generó un nuevo y fuerte cruce de palabras entre ambas abogadas: “En ese  minuto sin aguanta rmás, me subo a mi auto y obviamente ante los malos tratos de mi jefatura sin mediar una provocación y mi cambio de puesto de trabajo sin fundamento me desbordo, y al verme el colega Juan Antonio Ulloa, se acerca y le pedí se subiera a mi auto y poder desahogarme con alguien. Paralelamente una de mis colegas nos ve en el auto, le comenta a mi jefa y ella se para en la ventana a mirarnos a mi colega y a mi. Al estar hablando con mi colega, se acerca Romy Gudenschwager colega de jurídico y me pregunta como estoy, y me expresa que yo no le falte el respeto a nuestra jefa y que yo estuve bien, posteriormente se fue diciéndome que me quedara tranquila, todo esto delante de Juan Antonio Ulloa García”.

Según el texto, este último altercado hizo colapsar a la denunciante, por lo que tuvo que recurrir a una licencia. “No entendía que era lo que estaba pasando, por lo que tuve que pedir hora con un psiquiatra , quien me otorgó licencia, a todo esto, aún no me otorgaban el decreto correspondiente con destinación de funciones”, apunta el texto de la demanda.

En la demanda, la abogada Carrillo explicita todos los movimientos y diligencias realizadas para visibilizar el problema. Señala que lo único que logró fue que se iniciara una investigación sumaria y apuntó a la Unidad de Recursos Humanos como responsable de poner freno a la situación. Por ahora, Carrillo está destinada al departamento Social y rentas y Patentes; aunque se encuentra con licencia. María Graciela Carrillo pide una indemnización cercana a los $8 millones y que se tomen medidas para que la situación no se repita.

Contrato falso

La otra demanda que complica a la administración pública local es la que ingresó el ex encargado de emergencias comunal, Daniel Godoy. Según el texto de esta demanda, Godoy ingresó a cumplir funciones a la biblioteca pública, dependiente del departamento de Educación, en febrero de 2008. Este contrato fue renovado año tras año hasta la fecha de su despido a mediados de este año. El punto es que, de acuerdo al documento, a partir del año 2010 asumió como encargado de emergencias, pese a que no se modificó su contrato original en Educación. 

“En marzo del año 2015 su contrato de trabajo es modificado a media jornada, a 22 horas semanales, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 horas, señalando que cumpliría funciones como administrativo del departamento de educación, sin embargo, en la realidad continuó prestando servicios a jornada completa y cumpliendo funciones como encargado comunal de emergencias, mismo cargo que ejercía desde 2010”, se lee en la demanda, en la que se agrega que, en paralelo, firmó otro contrato a honorarios por la otra media jornada que tenía las siguientes funciones: gestionar acciones preventivas ante una emergencia, gestionar capacitaciones con la comunidad civil, representar al municipio en mesa COE comunal, levantar necesidades de trabajos preventivos, en coordinación con diversas unidades municipales.

“En los hechos mi representado cumplió funciones como Encargado Municipal de Emergencia desde el año 2010 hasta la fecha de su despido, funciones que desde el año 2015 cumplió bajo estas 2 figuras contractuales de media jornada, pero que en la realidad constituyen un solo contrato de trabajo a jornada completa”, apunta el documento legal, en el que se agrega: “Las funciones desarrolladas por mi representado son labores permanentes, habituales y propias del trabajo municipal, eran exactamente las mismas bajo ambas figuras contractuales, cumpliéndolas bajo la jornada y horarios habituales de la municipalidad, sin perjuicio de las constantes salidas a terreno que realizaba, producto de la naturaleza de sus funciones”.

Según la demanda, el contrato a honorarios era “falso” debido a que Godoy cumplía labores configuradas dentro de un régimen alejado de esta modalidad en la que no se pagaron las responsabilidades previsionales y de salud. “En definitiva, mi representado tuvo una relación de laboral desde el 01 de febrero de 2008 hasta el 30 de junio de 2022, en que mantuvo una relación continua e ininterrumpida, a media jornada, formalizada bajo la modalidad a honorarios desde el 01 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2022, es decir bajo esta condición tuvo una continuidad de 7 años y 2 meses”, dice la demanda y agrega: “Por tanto, a la época de su despido no se encontraban pagadas las cotizaciones previsionales de AFP Capital, Isapre y AFC correspondientes al falso contrato a honorarios y al periodo en que este rigió, ello sin perjuicio de los pagos que se realizaban por retención del SII por concepto de PPM”.

Además de eso, también se especifica: “Las labores consignadas en los contratos a honorarios de mi representado describen funciones propias y habituales del municipio; en la práctica durante toda la relación laboral, desempeñó funciones que no concuerdan con las funciones específicas y transitorias de un profesional con contrato de prestación a servicios a honorarios, el que claramente no resulta aplicable al caso”.

Godoy solicita en la demanda por despido injustificado una suma superior a los $15 millones como indemnización. Ambas causas se encuentran en tramitación.