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Funcionarios emblemáticos demandan a municipalidad por nueva planta: alegan que se benefició a cercanos a la autoridad

Trabajadores aseguran sentirse perjudicados por cómo se realizó el proceso de adecuación de los nuevos cargos. Cada uno pide los dineros que, según ellos, dejaron de percibir; además de no menos de $20 millones por persona por daño moral. Desde la municipalidad señalan que los reclamos deben hacerse por la vía administrativa, siendo la Contraloría la instancia adecuada.

Siete funcionarios emblemáticos de la municipalidad de Pucón demandaron a la administración pública local por el proceso de reestructuración de la planta funcionaria; la que consideran se realizó de manera arbitraria e irregular por parte de las autoridades locales. La acción judicial, patrocinada por el abogado Luis Mercarini, sostiene que en el proceso se utilizaron criterios alejados de los estrictamente profesionales que potenciaran la denominada “carrera funcionaria” y que, por el contrario, se benefició a funcionarios cercanos a la autoridad de turno.
“Lamentablemente este proceso de reestructuración fue realizado por las actuales autoridades, lideradas por el Alcalde, de una manera arbitraria, irregular, privilegiando a funcionarios más cercanos a la autoridad y perjudicando a otros que llevan largos años de servicio, que tenían derecho a un ascenso y reconocimiento, pero que fueron postergados”, se lee en el documento que está en el sistema del Poder Judicial. El texto agrega: “Se llegó a observar casos de funcionarios que, encontrándose en un estamento administrativo se le otorgó reconocimiento de al menos cinco grados, para ponerlo en un grado directivo, por encima de otros funcionarios que tenían mejor derecho para ser asignados en ese cargo, y aún más, sin que el designado cumpliera las condiciones o requisitos de especialidad para acceder a ese cargo”.
Los funcionarios que están en la demanda son Cristian Martínez; Rubén Zapata (encargado red vial); Cecilia Sanzana (jefa de Inspección); Clemente Carrasco (jefe de Rentas y Patentes); Robinson Quezada (inspector del casino); Patricio Ibáñez y María Victoria Román. Ibáñez es el presidente de los funcionarios y Román fue jefa de finanzas; pero fue destituida inicialmente luego de un sumario que se encuentra en etapa de apelación en la Contraloría.
Según el documento, los funcionarios no fueron correctamente encasillados en los grados superiores que, de acuerdo a su interpretación, les correspondía y se privilegiaron a otros trabajadores de acuerdo a criterios subjetivos. Según lo que se lee en la demanda, cada uno de ellos acusa un daño patrimonial que va de cinco a diez millones de pesos (por sueldos y bonos que no se pagaron en los grados que, según ellos, les correspondía); además acusan un daño moral que, de acuerdo al documento, no puede ser menor a $20 millones.
“El error concreto que se cometió y que afecta a los demandantes, fue que, al elaborarse la nueva planta, no se respetó la carrera funcionaria, y los encasillaron en grados inferiores a los que les correspondía, colocando a otros que no tenían derecho en esos cargos, todo lo cual les provocó los daños efectivos y reales en cuanto a sus remuneraciones, como afectaciones en su dignidad, respeto a la persona y al cargo, que más adelantes se indicarán”, sostiene la demanda.
La acción también hace alusión a los reclamos realizados por los funcionarios a la Contraloría, organismo que les dio la razón en varios de sus postulados: “Estas reclamaciones fueron sistemáticamente acogidas por la autoridad contralora regional, al extremo de declararse ilegal el proceso de re- encasillamiento efectuado en el Municipio de Pucón, disponiendo que debía dejarse sin efecto y proceder a una nueva organización en que se respetaran los derechos y correcta aplicación a la normativa legal y reglamentaria que debía regir el proceso de readecuación del personal, que respetara la carrera funcionaria y se evitara privilegiar injustamente a determinadas personas en perjuicio de otras”.
Consultados en la municipalidad, hicieron llegar la respuesta jurídica entregada en el tribunal la que apunta a que la reclamación de los funcionarios debe canalizarse por la vía administrativa, siendo la Contraloría General de la República el superior jerárquico adecuado.“Fundamos esta excepción en que los hechos expuestos en la demanda principal y que son dados por reproducidos en la subsidiaria, son materias netamente administrativas que deben ser resueltas internamente en la Municipalidad, siendo el superior jerárquico para todos los efectos legales la Contraloría General de la República, órgano que se ha pronunciado en todos los temas mencionados”, argumenta el departamento jurídico de la municipalidad, liderado por el abogado Edmundo Figueroa.