Contraloría cuestiona procedimiento municipal que permitió pagos a la actual jefa Jurídica

• El organismo impugna dos contratos a honorarios en sendos juicios y pide se abra una acción disciplinaria que identifique a los responsables.

La Contraloría General de la República emitió un complejo informe ante una denuncia por eventuales irregularidades en los pagos a la actual directora Jurídica de la Municipalidad, Brahma Zúñiga. El tema se remonta al período previo a la creación de la dirección legal del municipio. Es decir, entre los años 2012 y 2018, tiempo en el que la abogada se desempeñaba como una asesora con un contrato a honorarios. Era ahí cuando la profesional tenía un acuerdo con la administración pública en el que se le pagaba un porcentaje del diferencial de los dineros que evitaba que la municipalidad desembolsara por concepto de indemnizaciones en las demandas que recibía el organismo. 

Es en ese contexto en que el organismo contralor respondió ante una denuncia anónima y controló el procedimiento, específicamente en dos casos: el primero caratulado como “Elda Valdivia contra Municipalidad de Pucón y Consejo de defensa del Estado” que se llevó a cabo en el Primer Juzgado de Letras de Temuco y en el que la abogada cobró $5.166.166. El segundo estuvo marcado como “Inmobiliaria Terratur Limitada con Municipalidad de Pucón”. En este proceso la profesional recibió $18.000.000 como un porcentaje de lo que dejó de pagar el municipio en la demanda. Ambos casos, eso sí, estuvieron con la venia del concejo municipal de esa época (2018). 

En la resolución, a la que tuvo acceso LVP, la Contraloría hace un análisis legal y explicita que los pagos son eventuales y no corresponden a honorarios de carácter fijos o determinados. Agrega, además, que los mencionados pagos son superiores a los que recibiría un funcionario municipal por, dentro de sus funciones y competencias, haber llevado a cabo el servicio. 

“El monto que correspondería pagar por concepto de honorarios imputados a servicios personales ascendieron a las suma de $ 5.166.666, y $18.000.000, respectivamente —en cada causa en estudio—, las cuales constituyen una contraprestación pecuniaria muy superior a la que le correspondería percibir a quienes siendo funcionarios municipales, pudieron haber llevado a cabo -dentro del ámbito de sus competencias- las actividades en estudio, circunstancia de la cual aparece transgredido lo dispuesto en el párrafo precedente”, se lee en el documento, el que agrega: “En consideración a lo expuesto en los párrafos precedentes, aparece que los honorarios pactados implicaron una contravención a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la administración en sus contrataciones, como asimismo al precitado criterio de proporcionalidad, lo que ha significado una vulneración al interés público”.

Así las cosas, la resolución en el apartado de las conclusiones señala que las contrataciones de la profesional no fueron ajustadas a derecho y que deberá instruirse un procedimiento disciplinario. “Considerando que situaciones similares a la denunciada, relativas a que no hay inconveniente en contratar asesorías como las de la especie, en la medida que fuese bajo la figura del artículo 4° de la ley N° 18.883, y que respecto a los honorarios de la señora Elsa Zúñiga Olivares, debían adoptarse medidas para que su pago no correspondiese a un beneficio económico que no estaba aún precisado, fueron observadas anteriormente en el oficio N° 3.109, de 2017, de esta Contraloría Regional, esa entidad edilicia deberá instruir un procedimiento disciplinario, en orden a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la ocurrencia de los hechos representado”, concluye el documento. 

Esta forma de contrato terminó cuando Brahma Zúñiga asumió la Jefatura Jurídica en 2019 con un contrato de planta. Luego de eso estuvo fuera del organismo público por más de dos años y reasumió el cargo en febrero de 2022. Consultada la municipalidad sobre este tema señalaron que se va a instruir una investigación sumaria para determinar eventuales irregularidades.