Caso Martabid: empresario paga la multa de más de $124 millones por mansión irregular en Correntoso

• El dinero es en beneficio municipal. Se supo, además, que a principios de 2023, el director de Obras local le envió una solicitud al alcalde Carlos Barra para que decrete inhabitabilidad y demolición de varias viviendas complicadas en el borde del lago Villarrica, entre ellas, la del empresario inmobiliario. Aún no hay definición, ya que está en análisis jurídico. 

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En julio de 2019 un reportaje de ese medio daba a conocer la compleja situación en la que estaba la casa – mansión que el empresario inmobiliario José Miguel Martabid había construido en el sector de Correntoso. El problema pasaba, principalmente, porque el hombre de negocios tenía un permiso de edificación por 263 mts2, pero terminó construyendo cerca de 4000 mts2. Y desde ahí se abrieron una serie de aristas judiciales (incluso una penal) que ya están todas, en los hechos, agotadas. ¿Lo último? En junio se conoció el rechazo de la Corte Suprema a un recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones que confirmaron el fallo por los poco más de $124 millones de multa que el Juzgado de Letras le impuso al empresario por edificar de manera irregular. 

Y el dinero, en total $124.933.000, ya entró a las arcas municipales. Es decir, el empresario pagó la millonaria multa con un vale vista en favor de la municipalidad. El documento, al que tuvo acceso este medio, fue ingresado por Álvaro Gómez, abogado del hombre de negocios, el pasado viernes nueve de agosto. Este medio tomó contacto con el profesional del derecho, pero se limitó a confirmar el pago y señaló que no darían declaraciones o información sobre lo que viene para la irregular edificación. 

Demolición

Sobre lo que viene y la posibilidad de solicitar la demolición de la “Mansión Martabid”, se conoció que a principios de 2023 el actual director de Obras Municipales, Claudio Painepán, le envió un documento al alcalde Carlos Barra para que decrete la inhabitabilidad de las casas que no tienen recepción municipal en el borde de lago; y también la demolición de las que no tienen ni permiso de edificación y menos recepción (caso Martabid). En total son cerca de 30 viviendas. Pese al tiempo que ha pasado desde la solicitud, aún no existe una resolución. Algunas fuentes consultadas por este medio señalaron que Barra derivó el documento a la unidad Jurídica de la municipalidad para su análisis. Según las mismas fuentes, desde ahí se solicitó una actualización de los antecedentes a Painepán, quien debe entregar los nuevos datos si es que los hubiesen. Sólo ahí se tomará una decisión en este ámbito.

Con todo, decretar una demolición, se explicó que es algo complejo y en el caso de Martabid, costoso. Esto porque se estima que, por las dimensiones de la edificación, el valor de los trabajos podría superar los $500 millones que, probablemente, sea de costo municipal para después cobrarlos judicialmente al empresario. Con todo, si se firman los decretos de demolición, es probable que se abran nuevas aristas judiciales que alargarán aún más el proceso. 

A lo anterior, hay que tener en cuenta el desarrollo del nuevo Plan Regulador Intercomunal (PRI), el que está en un “eterno” ir y venir entre la Contraloría y la seremi de Vivienda y Urbanismo.  Ahora, tampoco se debe descartar que el nuevo PRI podría facilitar la regularización de la casa y de las otras que cuestionó el Informe 60 de la Contraloría. Por otro lado, también es probable que los representantes del empresario intenten un nuevo proceso de regularización con otros enfoques (hotelería por ejemplo) que tienen otras exigencias de factibilidad.