Alcalde Barra renueva por un año a cargos cercanos, pese a solicitud de la nueva administración

• El actual jefe comunal firmó un controvertido decreto en el que amplió hasta fines de 2025 las funciones de, prácticamente, todos los funcionarios a contrata, lo que en los hechos, se entiende como una limitación al margen de acción de las autoridades entrantes. 

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Cuando los asuntos de la transición parecían que se encaminaba por la vía tranquila, el alcalde Carlos Barra liberó un decreto que, en los hechos, cambia el escenario. Esto porque en las últimas horas se conoció un documento en el que el actual jefe comunal estableció una serie de movimientos. Entre ellos, la renovación por un año en el formato de “contrata” a cargos cercanos a su persona como su jefe de gabinete, Nicolás Sarzosa y al encargado de comunicaciones, Carlos Inostroza. Esto, pese a que ambos, según se supo, estaban dentro de un grupo que la administración entrante había solicitado que no sean renovados para dejar espacio a quienes llegarían a partir del seis de diciembre.

El documento, al que tuvo acceso este medio, establece una serie de acciones en las que la renovación por 2025 a cercanos no es la única. En el texto, el alcalde renueva a, prácticamente, todos los trabajadores que están en la modalidad de “contrata”. Los funcionarios que están en este escalafón son todos aquellos que están relacionados laboralmente a un estamento público por un tiempo determinado (hasta un año) y cuyo contrato se termina —“Por el sólo imperio de la ley”, como establece el artículo 10 del estatuto administrativo de la Ley que rige a la administración pública— máximo el 31 de diciembre. 

Pero hay más, también especifica seis nombres que cumplen con el criterio de la “confianza legítima”. Esto, según el criterio conocido en la resolución de la contralora general Dorothy Pérez. Esta última estableció que serán los tribunales de justicia quienes determinarán quiénes poseen o no la denominada “confianza legítima”. Este criterio buscaba homologar a los trabajadores públicos de la modalidad a contrata con los que están en el régimen del código del trabajo. Este último establece que tras dos renovaciones (plazo fijo u honorarios), los trabajadores pasan a estar con contrato indefinido. Los tribunales, eso sí, tienen cierta jurisprudencia que esto se cumple en los cinco años y no dos. La “confianza legítima” eleva los estándares para poder sacar a un funcionario a contrata. Según los entendidos, dejarlo escrito en un decreto, entrega argumentos sólidos a los beneficiados para ir, eventualmente, a un tribunal a recurrir en contra de un posible cese de funciones. 

Malestar

Según los conocedores de la interna en la administración pública entrante y de la que sale; la decisión de Barra no cayó bien en el equipo del alcalde electo. Esto, porque si bien no existían documentos oficiales con solicitudes para dejar libre a los cargos; sí se había hablado de mover a dos o tres funcionarios por departamento. Todos, por cierto, con el requisito de ser cercanos al alcalde o al director de “exclusiva confianza” que, por ley, deberán dejar sus cargos con actual jefe comunal el próximo seis de diciembre. El mismo Sebastián Álvarez sostuvo en una pauta de prensa que podrían ser de ocho a doce personas en primera instancia. Algunos otros sostienen que esta cifra podría llegar, incluso, a 20 personas. El problema es que con el decreto firmado por Barra y la Secretaria Municipal, Gladiela Matus, la nueva administración queda con “las manos amarradas” para poder mover gente más allá de los seis cargos de “exclusiva confianza” que les otorga la ley: Jurídico, Secplac, Administrador, Dideco, Seguridad Pública y Dirección de Riesgos y Desastres.

Las fuentes consultadas aseguran que desde el lado de la nueva administración la movida de Barra se ve como algo “innecesario” y que habrían esperado tener mayor libertad para poder plasmar desde un inicio las políticas públicas que buscan potenciar. Por último, dicen, habrían esperado una solución intermedia como prorrogar estos cargos a contrata por tres o seis meses y de ahí poder tener la libertad de definir quiénes siguen y quiénes no. 

Por otro lado, también se abre la posibilidad de buscar la posibilidad de anular el decreto por la vía administrativa en la Contraloría. Para ello analizan la viabilidad del decreto ya que éste comprometería recursos de una administración futura, distinta a la de Barra; lo que podría ser cuestionable por la vía administrativa. También se puede dar la posibilidad que quienes entran tomen la decisión de desvincular a quienes estimen conveniente, lo que generaría una serie de demandas en contra de la municipalidad. Todo esto, a tres días del cambio de mando.