Administración Álvarez deroga decreto de Carlos Barra y saca a 18 funcionarios a contrata

• Al cierre de esta nota se hablaba de cerca de otros 30 trabajadores a honorarios que podrían salir del municipio. Desde la organización argumentan que la idea de la reestructuración es “dar un mejor servicio a los usuarios”.

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A eso de las 12 horas de este jueves, las redes sociales de la municipalidad publicaron una nota que en seis párrafos anunciaba un proceso de “reestructuración en la organización del municipio de Pucón”. En ella se entregaban detalles de un proceso de reordenamiento y en el tercer párrafo se hablaba de “desvinculaciones laborales”. No se entregaban, eso sí, mayores detalles de la situación que catalogaban como “difícil”. Los hechos, según lo que pudo chequear este medio, es que la recién asumida administración liderada por Sebastián Álvarez, derogó el polémico decreto firmado por Carlos Barra el 26 de noviembre pasado en el que renovaba por un año a 85 trabajadores que estaban en la modalidad de contratos a plazo fijo por un año, lo que denomina a “contrata”.  Y en la renovación, 18 trabajadores quedaron fuera de la nómina y deberán buscar nuevos rumbos laborales a partir del 1 de enero. 

El nuevo decreto tiene fecha 16 de diciembre y está firmado, además de la Secretaria Municipal, Gladiela Matus; por el alcalde subrogante, el administrador Francisco Torres Valderrama. Este último ha estado en medio de la polémica en los últimos días luego de conocerse una deuda de arriendos que se ventila actualmente en los tribunales de Temuco. Entre las personas que quedaron fuera están Nicolás Sarzoza, exjefe de gabinete de Carlos Barra; y el encargado de comunicaciones, Carlos Inostroza. 

Consultadas algunas fuentes conocedoras del tema, estas señalaron que si bien un acto administrativo puede derogar otro del mismo tipo; hay que poner atención a otros elementos como la denominada “confianza legítima”. Esto último ha estado en la primera línea informativa, luego de una resolución de Contraloría que dejaba en tribunales la definición del asunto. El concepto (“confianza legítima”) apunta a que transcurridos un número determinado de años, los trabajadores a contrata se homologaban con quienes desempeñaban labores bajo el régimen del “código del trabajo” que poseían beneficios como indemnizaciones por años de servicio. 

Según la Contraloría liderada por Dorothy Pérez, esta definición de “confianza legítima” era un tema que debía definirse en tribunales ordinarios y que estos estaban por dejarla en cinco años y no los dos que respetaba la administración del antiguo contralor Jorge Bermúdez. El problema es que hubo un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió una orden de no innovar de una demanda laboral, lo que paralizó el escenario. Es decir, la posibilidad de abrir juicios en contra de la municipalidad de parte de los no renovados es evidente. Sobre todo de quienes llevan más de dos años. 

Pero no es lo único. Durante la mañana de este jueves trascendió también que había cerca de 30 funcionarios que estaban en la modalidad de “honorarios” (con boleta) a quienes tampoco se les renovaría el contrato; situación que no fue confirmada desde la municipalidad, quienes se limitaron a señalar que es una situación que “están analizando”. De ser así, en total serían cerca de 50 las personas que quedarían fuera de la administración pública local y, en los hechos, sin trabajo. 

En la publicación de la municipalidad se explicaba que la definición era para otorgar un mejor servicio a los usuarios. “Se ha establecido un criterio para reordenar las funciones y responsabilidades de cada unidad y dirección, lo que permitirá mejorar la continuidad operacional y, en consecuencia, los servicios que se ofrece a la comunidad”, se leía en la publicación colgada en las redes sociales. 

Consultada la Asociación de Funcionarios Municipales de Pucón, señalaron que están analizando la situación y esperaban tener una reunión esta tarde con el Administrador Municipal. De ahí emitirían un pronunciamiento.