¿Qué pasa en Educación?

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La semana pasada nuestra editorial titulaba “¿Qué pasa en Rentas y Patentes?” Y en ella expusimos nuestra postura sobre la compleja situación que se vive en esa unidad, sobre todo luego del anuncio de formalización de cargos en contra del suspendido jefe de esa unidad, Juan Antonio Ulloa.

Esta semana el viento informativo movió las velas hacia el departamento de Educación.  Esto después de la denuncia que realizó el alcalde Sebastián Álvarez en la fiscalía y que apunta, según se supo en un reportaje publicado por este medio, al eventual uso de dineros dirigidos a determinados fines, en sueldos y gastos operacionales. Y esto, de acuerdo al detallado informe de la denuncia, podría configurar eventuales delitos en la función pública (malversación de fondos por ejemplo). 

Ahora, en ambos casos (Rentas y Educación), pareciera ser que hay elementos que hacen dudar —al menos— de la capacidad de control  de quienes estaban a cargo de estos procesos. Pero más allá de las acciones penales que pudiera tomar la fiscalía, la que se encarga sólo de delitos. Llama la atención que el municipio soslaye las faltas administrativas que las acciones denunciadas conllevan. Es incomprensible que no se comunique aún quién asumirá el sumario que se le sigue a Juan Antonio Ulloa. Y en el caso de Educación, tampoco hay demasiada claridad si se aperturó alguno. 

Porque la verdad es que de ser cierto todo lo que se denunció en la fiscalía cuesta comprender que el eventual responsable administrativo del departamento siga en funciones tal como si nada hubiera pasado. Y si bien entendemos que las investigaciones deben seguir su curso normal y que nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario, existen mecanismos que permiten salvaguardar las indagatorias internas (sumarios administrativos). Y una de ellas es la suspensión del cargo, tal como sucedió con Ulloa. 

Esto, porque de ser real todo lo que se denuncia, es evidente que alguien debe hacerse cargo y responder en lo administrativo. De lo contrario puede dar la errónea sensación que la administración Alvarez no cree en su propia denuncia, y de ser así sólo queda entender la acción como una “opereta comunicacional”.