Conflicto por tierras mapuche: Consejo Territorial pide salida de abogado municipal y Ubilla está citado para audiencia este jueves en Pucón

Según la organización local, liderada por Ruth Garrido, el nombramiento de Edmundo Figueroa a cargo de la unidad Jurídica, vulnera los derechos de las comunidades indígenas de la zona. En tanto, diligencia en la que está convocada la autoridad está planificada que se realice en el tribunal local. 

El día en el que Ubilla ingresó al tribunal de Pucón para enfrentar a sus denunciantes. La escena podría repetirse este jueves.

El Consejo Territorial Mapuche de Pucón, presidido por Ruth Garrido, solicitó al alcalde Carlos Barra que eche pie atrás en la designación del abogado Edmundo Figueroa como jefe de la Unidad Jurídica de la municipalidad. Eso, por considerar que el profesional ha estado relacionado a la venta de tierras de origen mapuche a personas no indígenas. Esto con argumentos que, a juicio de la organización, tuercen la legislación que prohíbe este tipo de negocios. Todo esto en el contexto del caso del actual subsecretario de Interior, y uno de los hombres fuertes del gobierno, Rodrigo Ubilla. De hecho, la autoridad de La Moneda está citada para este jueves 26 de septiembre a las 11:30 a una audiencia de conciliación con la familia Painequir. Esto, por la demanda de estos últimos, quienes buscan recuperar unos paños de terreno que Ubilla compró en 2009 en un negocio cuyo abogado fue el propio Figueroa.

La carta, ingresada por oficina de partes de la municipalidad este miércoles por la mañana, le pide al alcalde que revise el nombramiento y, derechamente, destituya al profesional. “Nuestro Consejo, solicita que se revise ésta, y se nos responda a la brevedad, el por qué, ha sido contratado por el municipio de Pucón, un abogado vinculado a hechos de desafectación de tierras mapuche”, se lee en el documento, el que agrega: “Tenemos certeza que nuestras exigencias, tienen el asidero jurídico suficiente para ser expuesto, y con esto, exigir al municipio, se destituya a la brevedad al profesional en cuestión”.

De acuerdo a la misiva, que también fue enviada a los concejales, el nombramiento del profesional “vulnera los derechos” de las comunidades. “Lo anteriormente expuesto, vulnera los derechos de los que gozan las personas y comunidades mapuche que existimos en este territorio, toda vez, que, en este acto de contratación de un profesional, se ha ignorado, los vínculos que éste mantiene con hechos que contravienen los estándares normativos nacionales e internacionales de protección de nuestras tierras, por tanto contraviene la ley. Es más, este acto de contratación del abogado Edmundo Figueroa, es en sí mismo, un acto de falta a la probidad de parte del Municipio de Pucón”, argumentan en la carta.

En sus últimos párrafos, la comunicación argumenta que con el nombramiento, la autoridad local causa daño a los intereses y pretende blindar al profesional:  “El hecho que el municipio lo incluya en su planta, nos indica un ánimo por vulnerar la ley, faltar a la ley, y blindar a un profesional que ha causado daño a los intereses y derechos de nuestro pueblo”. 

Desde la municipalidad no se refirieron oficialmente a esta solicitud.

Audiencia Ubilla

El tema ha cobrado relevancia, luego de que en las últimas horas se conociera la confirmación de la audiencia del subsecretario Ubilla con la familia Painequir. La diligencia está programada para las 11:30 horas de este jueves en el juzgado local. Si bien hasta el cierre de esta edición, no estaba confirmada oficialmente la presencia de la autoridad en Pucón, las fuentes consultadas señalaron a La Voz…, que el subsecretario tiene planeado venir a la audiencia; pero siempre está sujeto a alguna situación especial que pueda generarse por el cargo que ostenta. En junio, cuando la audiencia no se pudo realizar porque faltaron algunos demandantes, Ubilla llegó hasta el tribunal y señaló que lo hacía “como ciudadano” para marcar que estaba como cualquier particular cumpliendo con una diligencia judicial.

La idea de la audiencia es que ambas partes puedan llegar a una conciliación. De no suceder, la causa sigue con la etapa probatoria.