Departamentos de Manitoba: la nueva arista que indaga la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad en el Caso Martabid

Llama la atención de los investigadores la aparición de un listado de potenciales beneficiarios de las unidades habitacionales que incluye a funcionarios municipales, carabineros y personal de Eltit.

Si bien hay muchas cosas que están suspendidas o paradas en Chile por el estallido social que partió en octubre, hay otras que siguen su curso. Y entre ellas, las investigaciones policiales y del Ministerio Público. Una de ellas es el denominado “Caso Martabid”, que partió luego de un reportaje de este medio en el que se incluía la denuncia de la ex directora de obras municipales, Lorena Fuentes, en torno a que el abogado de la municipalidad, Cristian Águila, llegó a un acuerdo en el Juzgado de Policía Local (JPL) que favorecía más a un denunciado —el empresario inmobiliario José Miguel Martabid— que a quien denunciaba, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón. Todo esto por una casa que Martabid posee en el sector de Correntoso, la que no cumple —según la propia DOM— con las regulaciones del Plano Regulador Intercomunal (PRI) y tampoco con las ordenanzas locales. De hecho, se levantó con un permiso de 260 mts2 y se terminaron construyendo más de 3000 mts2. Pero a estas alturas no es lo único que se encuentra en la carpeta que maneja la Fiscalía de Alta Complejidad en Temuco. Eso, porque el proyecto de la empresa Manitoba (ligada al Holding Martabid) conocido como Condominio Caburgua también entró en la órbita de la investigación que lleva personal de la PDI en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de Temuco.

De acuerdo a las fuentes consultadas para este reportaje, las miradas de los investigadores apuntan a dos elementos considerados como “relevantes” y de “interés investigativo” en este caso. El primero, el convenio de colaboración firmado por la empresa y la municipalidad en febrero de 2019. El documento, presentado al concejo por el propio abogado Águila, posibilitaba que la empresa interviniera el canal que cruza el proyecto, ubicado tras los denominados “departamentos rojos” en el sector Variante Internacional. El punto es que esto chocaba con los principios de la DOM, que exigía autorizaciones sectoriales para intervenir el canal. En rigor, la interpretación de la indagatoria apunta a que el convenio significaba, de una u otra manera, una especie de “vía rápida” para que la empresa construyera. Si bien el tema no resultó así, debido a que la misma DOM paralizó los trabajos y cursó infracciones, el asunto no deja de hacer ruido.

Lo segundo, que está directamente relacionado con el convenio, es que la municipalidad se comprometía a proporcionar la base de datos que tiene vigente la oficina de Vivienda con los potenciales candidatos a adquirir uno de los 160 departamentos que poseen una cierta regulación en torno a los compradores (deben cumplir con requisitos específicos) y cuyos precios no sobrepasan las 2.000 Ufs ($56 millones). El punto es que, en los hechos, la municipalidad envió un listado de potenciales compradores en el que se incluían a funcionarios municipales, carabineros y empleados de la empresa Eltit.

Esto último fue confirmado en un correo oficial que la misma municipalidad hizo llegar a La Voz… El documento, firmado por la propia jefa de la unidad de Vivienda, Verónica Castro, explica que la información no corresponde a “una lista” propiamente tal, sino que a una especie de base de datos que capte la demanda de familias de clase media residentes en Pucón. “Se hace necesario mencionar que esta oficina en el ánimo de proveer información tendiente a captar demanda de familias de sectores medios cuya residencia sea preferentemente de la comuna, ha enviado a la entidad desarrolladora (Manitoba) algunos listados referenciales de posibles postulantes y/o interesados que serían evaluados desde el ámbito comercial para posibles créditos hipotecarios los que no significa la adjudicación del subsidio habitacional”, se lee en el texto.

En rigor, en el mismo documento se explicita que el “listado” está integrado por más de 300 personas, la mayoría de la misma municipalidad (200), de Carabineros (36) y de Eltit (142). La Voz…, consultó formalmente a la municipalidad bajo qué criterios se había realizado el listado y por qué está lógica de funcionarios de instituciones públicas y empresa privada; y no hacer un llamado abierto a la comunidad; pero no hubo respuesta. Este medio consultó a las jefaturas de Eltit y Carabineros y ambas señalaron no tener mayores antecedentes de ello. Y que si se hizo, fue de manera inconsulta.

Con todo, llama la atención de los investigadores que la municipalidad, primero, entregara una especie de “vía rápida” a la empresa para construir y, posteriormente, les ayudara con la demanda. Por lo mismo, es probable que se investigue en qué otras áreas la municipalidad ayudó a compañías del holding Martabid para la materialización de proyectos u obtención de beneficios.

En tanto, consultados los representantes de la empresa Manitoba por el Condominio Caburgua, señalaron que los requisitos establecidos para los potenciales beneficiarios con los subsidios para optar al proyecto están regulados por la ley y que ellos aún no inician la etapa de comercialización.

La denuncia sobre eventuales listados para este proyecto la hizo el edil RN Julio Inzunza en una reunión de concejo. Consultado el concejal, señaló que aún no se le ha dado respuesta oficial sobre el tema.

Por ahora la indagatoria avanza al ritmo de este tipo de casos: lento por la complejidad y las diferentes aristas que aparecen. Se sabe que se han tomados varias declaraciones a los involucrados y relacionados con el caso, incluyendo al mismo alcalde Carlos Barra, y también a algunos concejales. Todos ellos en calidad de testigos. Sobre la posibilidad de eventuales formalizaciones, aún no hay claridad absoluta sobre el tema. El fiscal a cargo, Héctor Leiva, es conocido por ser minucioso en sus indagatorias. Por lo mismo, en caso de formalizar el caso se estima que lo hará con antecedentes concretos y con el potencial de llegar a un juicio con buenos resultados para la parte persecutora.