La guerra de las playas: la rivalidad entre los comerciantes ambulantes en los balnearios locales

Por Rosa Bohórquez

El negocio informal aumentó en las arenas de Pucón y Caburgua. Las autoridades admiten que su presencia es difícil de controlar. Los vendedores registrados, en tanto, claman orden y vigilancia.

La imagen es tradicional en la Playa Grande de Pucón. Por ahora la situación se complica por el exceso de comercio no regularizado.

Como un temporadista habitual, el comercio ambulante se instala en las playas de Pucón y Caburgua cada año. Pero esta vez trajo nuevos elementos. Las redes sociales denuncian rivalidad, decomiso de mercancía, mafias por el control de espacios e injusticias. El alcalde de Pucón, Carlos Barra, el capitán Héctor Rojas de la Capitanía de Puertos, el concejal Omar Cortez y algunos vendedores de playa hablan a La Voz… sobre este tema.

Desde el año 2000 Patricia y José alquilan sillas y quitasoles en Playa Grande. Al igual que muchos puconinos, incrementan sus ingresos durante el verano con un permiso para ofrecer servicios a los bañistas. Pero no están conformes, por eso denunciaron ante la Capitanía de Puertos que existe una competencia desleal de parte de personas autorizadas por la municipalidad.

“Ganamos una concesión de playa ante la Capitanía de Puertos para arrendar 20 reposeras y 40 quitasoles. Nuestro proyecto incluye poner salvavidas, botiquín de primeros auxilios y megáfono para buscar personas perdidas. Pero la municipalidad autoriza a personas que no ayudan en nada al turista y en cambio pueden alquilar más reposeras y quitasoles, a precios bajos y con asistencia de hasta 10 jóvenes. A nosotros ni siquiera se nos permite contratar ayudantes”, denuncia Patricia.

De acuerdo a la Ley de Concesiones marítima, la administradora de los terrenos de playa es la Capitanía de Puertos. Por eso otorga concesiones a través de licitaciones. A la municipalidad se le permite otorgar “permisos de escasa importancia” para vender bebidas, artesanía y envasados.

 En Caburgua un vendedor de jugos de fruta se queja. “Soy puconino y para sacar el permiso me pusieron mil obstáculos en la municipalidad. Tuve que demostrar residencia, ficha de protección social, constancia de estudios y certificado de salud. Pero viene gente de afuera, casi todos de Santiago, se inscriben en una cooperativa y pucha, les dan el permiso. Yo puse a trabajar a dos muchachos para ofrecer jugo en la arena y los agredieron porque no puedo contratar a nadie. A uno le bajaron los pantalones y lo dejaron tirado a plena luz del día”, dice con indignación.

Poca fiscalización y justicia con mano propia 

El alcalde Carlos Barra está al tanto de estos desencuentros y ofrece su versión de los hechos: “La verdad es que ingresa mucha gente sin permiso a vender en la playa. Este año se ha marcado más, hay que reconocerlo. Cuando son requeridos por los inspectores actúan de forma agresiva”. 

Las redes sociales también dan cuenta de encuentros violentos que ocurren entre los vendedores legales e ilegales. Cristian Coliman los ha presenciado. Vende jugos de frutilla con arándano, frambuesa y piñas en Playa Grande, desde hace cinco años: “Pertenezco a un sindicato donde todos vendemos parejito y nos llevamos bien. Pero competimos con los vendedores informales. Es injusto porque nosotros pagamos una UTM y ellos no. He visto muchas agresiones verbales por reclamos. No los fiscalizan por hay pocos policías e inspectores municipales”. 

Barra reconoce esta situación. “Hay familias antiguas que se pelean con otras por los lugares. Eso escapa absolutamente de nuestras manos. Todos quieren estar en el epicentro de la playa”, dice. 

La municipalidad cuenta con inspectores, pero el alcalde advierte que son muy pocos para cubrir toda la comuna en los diferentes turnos. “Necesitamos el apoyo de carabineros porque la gente actúa con mucha agresividad. Los inspectores municipales son civiles que solo entregan infracciones. El juez de policía local es quien tiene la potestad para liberar, sancionar o aplicar la multa”, concluye.  

El capitán de Puerto Lago Villarrica, Héctor Rojas, coincide en que el personal de vigilancia es limitado. “Diariamente hacemos patrullaje tanto en tierra como en agua, las lanchas nos llegaron el año pasado. Cubrimos las playas de Pucón, Villarrica, Lago Colico y otros lagos que son parte de nuestra jurisdicción. Hacemos patrullaje aleatorio de prevención y de cumplimiento no solo del tema de concesiones marítimas sino de cualquier actividad ilícita”, sentencia.

Acciones para detener la informalidad

Entre los vendedores entrevistados no todos están en contra de la venta informal. Dos artesanos defienden la venta libre. Cristian es santiaguino y tiene el permiso de la municipalidad porque vive en Pucón desde hace 4 años: “No veo competencia con otros artesanos porque no ofrecemos el mismo producto y, además, la calle alcanza para todos”. Más allá Alejandro atiende un kiosko de tobilleras y aros: “El artesano no compite, el arte no compite”, dice.

Pero Jorge, quien vende desde hace 40 años palmeritas, cuchuflí y maní confitado en Playa Grande, insiste en que los vendedores ilegales deben desaparecer. “Yo tengo autorización, pero detrás mío trabajan cinco personas sin permiso. Hay harta venta ilegal, mucha gente que vende comida sin permiso sanitario. Pienso que la solución la tiene que dar la municipalidad o las autoridades, no yo”, señala. 

El Consejo de Seguridad Pública se reunió el jueves 31 de enero pasado. Participaron miembros de la Intendencia, Carabineros, PDI, concejo municipal y otras autoridades. Allí se trató la urgencia de detener las arbitrariedades que ocurren en las playas.

El concejal Omar Cortez estuvo presente y resalta la importancia de trabajar en la situación: “Al día de hoy cuando se fiscaliza hay reacciones cada vez más violentas. Si no atajamos a las personas que vienen de afuera a tomarse los espacios públicos sin cumplir el mínimo ordenamiento, la economía local se va a destruir”.

La línea de trabajo acordada por las autoridades une de forma coordinada a la policía e inspectores municipales, para emprender fiscalizaciones más efectivas. “Se perseguirán productos pirateadas, como libros, gafas y ropa. No así la artesanía, venta de jugos o vasos de frutas”, resume el concejal, quien hace un llamado a apoyar estas acciones.

“Pido a los vecinos que no actúen como escudos humanos frente al accionar de los inspectores. La gente piensa que estamos persiguiendo a las familias de Pucón y no es así. Aquí está de moda sacar el teléfono y empapelar de garabatos a los inspectores y carabineros”, dice Cortez. La temporada está en medio de su curso y tanto los vendedores como los bañistas aspiran disfrutarla con el máximo de seguridad. Las próximas semanas indicarán los resultados de las acciones planificadas.