Víctimas de la dictadura de lo políticamente correcto

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de un caso complejo, duro y extraordinariamente trágico, luego del suicidio de la joven Antonia Barra; quien se quitó la vida después de acusar una violación de parte de Martín Pradenas. Y el hecho partió en Pucón y nuestro medio fue uno de los primeros en publicar el caso y sacarlo a la luz. 

Y ya cuando pasaron nueve meses del suceso, el principal imputado fue formalizado por el caso de Antonia y otras cuatro víctimas que lo acusan de abusos sexuales. Pero más allá de la culpabilidad o inocencia de Pradenas (eso es algo que a nosotros como medio no nos compete definir) nos ha llamado la atención ciertas reacciones masivas, principalmente por redes sociales, a actuaciones periodísticas de colegas nuestros que desarrollan labores en otros medios regionales y nacionales.

Se trata de los periodistas Roberto Neira y Héctor Burgos. El primero de ellos, dueño de un medio web conocido como Golpe Digital, entrevistó al imputado en la casa de éste; y más allá de si la entrevista fuera buena o mala en su forma o si Neira realizara las preguntas correctas o no; era indudable el interés periodístico de tener a Pradenas en exclusiva. Pero las reacciones en redes sociales fueron destempladas en contra de Neira y de su familia. Amenazas, ofensas e insultos fueron la tónica. Tanto así que el profesional tuvo que ingresar un recurso de protección en contra de una académica y periodista de la Universidad de la Frontera (Ufro) por una “funa” (palabra muy usada en nuestros días) en Facebook.

El caso es similar al de Héctor Burgos de Canal 13 quien, por un error técnico, apareció con su voz al aire describiendo la posición de la defensa de Pradenas a su editora en Santiago. La frase “era una loquilla” sonó muy mal; pero tenía un contexto y una explicación lógica y muy entendible. Pero no bastaron argumentos, las redes sociales explotaron en contra de Burgos y la televisora. Incluso hubo amenazas a la familia y, peor aún, a la pequeña hija del profesional. El efecto para Héctor Burgos fue terrible: perdió su trabajo y pusieron en cuestionamiento una trayectoria profesional impecable llena de aciertos y golpes periodísticos en una zona difícil como La Araucanía.

Entendemos que ambos profesionales, Neira y Burgos, fueron víctimas de lo que conocemos como la “dictadura de lo políticamente correcto”; que no es otra cosa que la obligación de comportarse y seguir ciertas normas éticas y morales reconocidas por una mayoría circunstancial a veces o a veces simplemente por los que más ruido hacen. Normas que muchas veces van más allá, incluso, de razonamientos lógicos y naturales. Y la verdad es que el buen periodismo está lejos de eso. Lo que vimos en ambos casos es una especie de censura social que busca acallar opiniones diferentes y que tuvo un efecto nefasto: atentar en contra de la libertad de expresión; un elemento esencial en las democracias modernas y necesario para el desarrollo de la calidad de vida de las sociedades. Desde nuestra pequeña tribuna local solidarizamos con los colegas y, por cierto, nos gustaría ver una actitud más decidida del colegio que resguarda —se supone— los intereses de los periodistas en la región y en Chile. Por ahora, lamentablemente, eso no es así porque la melodía del gremio parece estar más concentrada en posiciones ideológicas y políticas que en defensa de los profesionales que la componen.