En acalorado debate concejo municipal decide hacerse parte en causa en Tribunal Ambiental en contra de mega proyecto inmobiliario Bahía Pucón

 Fundación Raíces anunció a los ediles mediante causa que buscarían escalar en la instancia judicial para evitar que se construyan las 13 torres con más de 400 departamentos a metros del Lago Villarrica, en una zona considerada como de alta sensibilidad ecológica.

“Lo que tengo entendido don Carlos es que usted ha tomado la decisión de que la municipalidad no se haga cargo de ir al Tribunal Ambiental, lo cual sí es así me parece muy mal”.

La frase del concejal del PPD, Juan Carlos Gallardo, emplazó directamente al alcalde Carlos Barra por la posibilidad de subir una instancia más en la oposición al proyecto inmobiliario Bahía Pucón que planea levantar 13 torres con más de 400 departamentos a metros del Lago Villarrica y de la desembocadura del Río Claro, en una zona considerada como “sensible” por movimientos ambientales; debido a la presencia de humedales. Y el debate, generado la mañana de este martes en el concejo municipal, subió de tono solo segundos después de que fuera leída una carta de la Fundación Raíces de Pucón en la que anunciaba que irían al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia; la última instancia para frenar el proyecto que ya cuenta con luz verde del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); organismo que rechazó la invalidación a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que beneficia a la Inmobiliaria y Constructora Mañío; quienes cuentan además con un permiso de edificación. Es decir, están a punto de iniciar obras.

El punto es que en primera instancia el alcalde Barra argumentó que ya se había hecho todo lo necesario en la fallida invalidación. “Lo que pasa es que ya nos hicimos cargo. Yo firmé la invalidación y de ahí ya no depende del municipio. Para eso hay una instancia regional superior que es la que tiene que ver con esto. Perdóneme, yo no es que esté desentendiéndome de los problemas”, argumentó el jefe comunal. El punto es que Gallardo insistió y le aclaró a Barra que el ir al Tribunal Ambiental es una instancia diferente y le manifestó que estaba convencido de que la municipalidad tenía que hacerse cargo. “Estoy en completo desacuerdo porque la municipalidad tiene que hacerse cargo de esta denuncia ante el tribunal ambiental de Valdivia. Usted es el alcalde y usted tiene la última decisión, pero definitivamente a la municipalidad le queda una última instancia y es el Tribunal Ambiental de Valdivia”, explicitó el edil del PPD.

El punto es que, al parecer, el alcalde estaba algo confundido en las instancias administrativas y judiciales; algo no poco común en la intrincada nomenclatura de la legislación ambiental chilena. En todo caso, el debate tomó un curso más claro e incluso fue necesario la participación de la directora de Medio Ambiente, Évelyn Silva. Finalmente Barra convocó a una votación del concejo para definir si se hacían parte en la causa que pretende iniciar la Fundación Raíces para oponerse al cuestionado proyecto inmobiliario. La votación fue unánime en favor de ir a la instancia judicial en Valdivia. Y de hecho, durante la tarde la municipalidad destacó en sus redes sociales la posición.

La carta

La carta de la fundación, firmada por el presidente Gregorio Gatica, hace un recorrido por la historia del proyecto y explicita que el rechazo a la invalidación a la RCA se votó el pasado 23 de julio y que luego de ello tomaron la decisión de ir al tribunal. “Hoy como Fundación, en virtud a nuestras competencias y la razón por la que se crea, seguiremos insistiendo en instancias superiores, apelando al tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, en virtud a la mala fe de la empresa al rellenar y drenar el humedal, acciones que no fueron consideradas en la evaluación, mal evaluadas y/o defectuosas del proyecto por parte del SEA”, se lee en el documento, el que agrega que consideran que Bahía Pucón solo destruye el ecosistema: “Estamos inmersos en un proceso de plan de descontaminación y este tipo de proyectos sólo viene a destruir y degradar aún más los ecosistemas que ayudan a mantener el equilibrio en la cuenca del Mallolafquen, además del precedente de la empresa en las malas prácticas y casi burlándose tanto de la autoridad local como de los servicios que norman”.

Acalorado debate

Pero el tema ambiental profundizó un debate y pugnas claras al interior del concejo. Lo más álgido corrió por parte del DC Omar Cortez; quien arremetió en contra de los grupos ambientalistas a quienes acusó, incluso, de hacer uso de recursos otorgados por la municipalidad y luego atacar al concejo. “Me preocupa que el tener de la política medio ambiental la ponga una organización que, efectivamente, desprecia profundamente al concejo municipal; que cuando los éxitos en cuanto a invalidaciones se alcanzan por este municipio son de ellos, porque a ellos se les ocurrió como una fuente de virtud divina; y cuando la resolución de tribunales no les gusta la maldad pura viene de este concejo que es cortoplacista, extractivista, vendido…”, sostuvo el concejal Cortez. Pero no fue solo eso, el edil agregó: “Me deja muy preocupado que esta organización maneje los tiempos del municipio, la información del municipio y no este concejo (…) a mi me pasa que pareciera que la unidad ambiental prefiere hacer gestión con organizaciones que si bien no buscan el lucro, pero pueden agrupar una serie de profesionales y poder financiarlos con recursos del Estado y que a la vuelta de la esquina, cuando nosotros les tenemos financiado a los abogados, los profesionales y la gestión, nosotros somos los malos de todas las cosas que a ellos no les gustan”.

Quien tomó el guante fue el concejal RN Cristian Hernández, quien se desmarcó de los dichos de Cortez. “La gente merece respeto sobre todo si está advirtiendo con una carta llena de nobleza y buenas intenciones. No le veo lo malo”, sostuvo Hernánez, quien agregó: “Cuando el SEA no nos acoge nuestra solicitud a nosotros nos queda el camino del Tribunal Ambiental y las decisiones, con todo respeto, no las toma el alcalde solo”.

La municipalidad y quienes estén interesados en ir al tribunal a Valdivia tienen plazo legal hasta el 11 de septiembre.

La carta de Fundación Raíces