Abogado municipal se beneficia de suspensión en causas de prevaricación y manejo en estado de ebriedad: debe pagar $90 mil al hogar de ancianos y tener buena conducta por dos años

De esta forma las indagatorias que el Ministerio Público llevaba en contra de Christian Águila comienzan a ver el final. Defensa del profesional sostiene que la fiscalía no tenía antecedentes para llevarlo a juicio en el denominado “Caso Martabid”.

CASA MARTABID.- Esta es la casa del empresario José Miguel Martabid en la zona de Correntoso, construcción origen del conflicto que investigó la fiscalía.

El abogado municipal imputado por prevaricación y manejo en estado de ebriedad, Christian Águila, deberá pagar $90 mil al Hogar de Ancianos San José, fijar domicilio y no ser formalizado por delito alguno en un plazo de dos años. Esto para suspender el procedimiento que se le seguía en contra por dos causas: la primera, generada luego de la denuncia realizada por la ex directora de Obras de la municipalidad de Pucón, Lorena Fuentes; en relación a que el abogado —en representación de la municipalidad— habría actuado en favor del empresario inmobiliario José Miguel Martabid y en contra de los intereses del organismo público local, en una denuncia realizada en el Juzgado de Policía Local de Pucón, por una propiedad que el hombre de negocios mantenía sin regularizar en el sector de Correntoso. Éste fue conocido por la opinión pública como “Caso Martabid”.  La segunda causa corresponde a la originada en abril del año pasado, cuando Águila fue detenido por manejar en estado de ebriedad en horario de toque de queda.

El abogado Águila fue beneficiado con una salida alternativa ofrecida por el Ministerio Público, denominada “suspensión condicional del procedimiento”. Esta es una figura que está en el Código Penal que permite que imputados primerizos con causas en que arriesgan penas bajas puedan acogerse a este beneficio que implica que el investigado cumpla algunas condiciones para no seguir con la investigación y llegar a un juicio. En este caso, no ser formalizado por delito alguno en un período de dos años, la suspensión de la licencia de conducir y el abono de $90 mil pesos al hogar de ancianos. Si bien no implica la inocencia del imputado —en este caso Christian Águila— sí permite que luego de cumplido el plazo, los casos se archiven y el investigado quede con sus papeles limpios. Es decir, sin antecedentes penales. La idea es potenciar cambios de conducta y entregar nuevas oportunidades a quienes quebrantan la ley por primera vez.

Manuel Ibarra, abogado defensor de Christian Águila, dijo sentirse muy conforme con la salida alternativa propuesta por la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) y reiteró que el denominado “Caso Martabid” la fiscalía no tenía pruebas sólidas para llegar a un juicio. “Los antecedentes que estaban en la carpeta investigativa no daban para una acusación en esta causa, por lo tanto mi representado estaba conforme por estas condiciones porque él tenía la inocencia, pero para no desgastar el sistema y como también tenía la causa de manejo en estado de ebriedad, accedió a aceptar esta salida alternativa; lo que, por cierto, lo deja muy tranquilo, ya que transcurridos los dos años de buena conducta, los antecedentes se archivan y él no queda con antecedentes”, explicó Manuel Ibarra.

El abogado municipal escribió un mensaje de agradecimiento en su Facebook, y también usó el espacio para culpar a la prensa de la investigación que abrió el Ministerio Público en su contra y, además, anunció acciones legales en contra de quienes “dieron su opinión y juzgaron arbitrariamente”.