La disputa legal que enfrenta a locatarios de galería comercial puconina con la dueña del terreno

Acusaciones cruzadas de tomas ilegales, incumplimiento de contratos y solicitudes irregulares de demolición, mantienen paralizadas las actividades de un importante polo económico en una de las áreas inmobiliarias más demandadas para el desarrollo empresarial. 

Por Francisco Sánchez

FACHADA.- Así está la fachada de la galería en calle Urrutia. Por ahora pareciese que no hay acuerdo entre las partes y poder seguir con la temporada.

El conflicto se hizo público a través de viralizados mensajes en redes sociales. Luego, incluso, llegó hasta el concejo municipal. Y las acusaciones cruzadas de abusos, toma ilegal e incumplimiento de acuerdos, tienen a varios comerciantes locales sin poder trabajar en plena temporada alta puconina. El problema sale a la luz cuando un grupo de artesanos locales solicita el pago de $146.000.000 a Mónica Cornejo, dueña del terreno en el que los artesanos levantaron estructuras para dar vida a una galería artesanal ubicada en calle Urrutia entre Fresia y Lincoyán. Todo esto por concepto de obras implementadas desde el año 2017 en una propiedad. El litigio corresponde a una contrademanda en respuesta de que Cornejo solicitara el término del contrato de arriendo en marzo de 2021.

La historia original comienza el 24 de enero de 2017, cuando seis integrantes conforman la sociedad Manos Conectadas SpA. Dicha empresa, firma un contrato de arriendo con Mónica Cornejo por un terreno baldío ubicado en calle General Urrutia 235. En aquel emplazamiento se iniciaría la construcción de una galería comercial compuesta por ocho módulos, donde siete corresponden a la SpA, y uno, a la dueña del terreno. En el contrato, eso sí, no quedaba tácitamente establecido que lo edificado quedara íntegramente para la dueña del terreno. 

Según comenta Edmundo Figueroa (renunciado abogado municipal), representante legal de la propietaria, uno de los primeros motivos de conflicto fue el subarriendo de un stand asociado a los artesanos. “Desde un comienzo había prohibición de subarrendar y el socio Carlos Ocaranza, quien no trabajó ni un día en su propio local, lo subarrendó a Kamila Trnena. Enterado de eso la señora Mónica, pidió la inmediata entrega de ese local y que Ocaranza saliera del proyecto, lo que se discutió largamente y se cumplió. Quedando el local arrendado por Trnena bajo la administración de la propietaria”, asevera el abogado.

Consultado sobre el tema de Ocaranza, Yohana Lainez, miembro de Manos Conectadas SpA, reconoce dicho conflicto interno en la sociedad. Sin embargo, no lo entiende como un motivo para finiquitar el contrato de arriendo. “El problema puntual del colectivo no da derecho a que te cancelen el contrato. Es toda una inversión realizada como para que a los cuatro años te saquen”, asegura la mujer.

Con respecto a la historia del proyecto, Lainez dice que este proceso judicial que, según ella, lleva más de dos años sin acuerdo, ha afectado en su oficio. “Pedimos justicia. Es nuestro trabajo, es nuestra inversión. Quisimos viralizar nuestras problemáticas, y agradecemos a cada uno de los artesanos que nos han compartido y apoyado nuestra causa”, dice. Además, la locataria apunta a ciertas sospechas, ya que el abogado Edmundo Figueroa fue en principio representante de la misma sociedad Manos Conectadas: “Nuestro abogado en la confirmación de la SpA fue don Edmundo Figueroa. Mismo licenciado, que hoy representa a la parte demandante. Esta situación nos perjudica mucho, debido a que con el pasar de los años, hemos considerado que en el momento firmamos un muy mal contrato”.

El contrato de arriendo entre Manos Conectadas SpA y Cornejo expiraría en diciembre de 2020. Y por lo mismo la propietaria inició una demanda tendiente a finiquitar totalmente la relación entre ambas partes y no extender el acuerdo como se había planteado al principio. Meses después, la sociedad inicia una contrademanda y exige los $146 millones de indemnización por lo edificado. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, aunque sí les permite llevarse cinco de los ocho módulos edificados. La sentencia no fue apelada por la sociedad y por ahora queda pendiente el retiro de los arrendatarios, las estructuras y el pago de rentas pendientes.

El problema actual se presenta, según la posición del abogado Figueroa, cuando los demandados pretenden que deben desocupar a través de una demolición. Sin embargo, la dueña del terreno, sostiene que se trata de una remodelación, en que solo hay que desmontar cinco locales de un total de ocho (esto según el fallo judicial). “Ellos —la SpA— pidieron que se les firmara una carpeta de demolición, a lo que la señora Mónica se negó porque le exigieron 30 días de cierre completo, para desratizar. Ella se negó porque hay dos arrendatarias ajenas al juicio que debían seguir trabajando sus locales: La Materia y el local de Trnena, llamado Brava Natura”, complementa.

A pesar de la negativa, el abogado acusó que los socios continuaron su ofensiva, incluso —según él— en la ilegalidad. “El colectivo ingresó una petición de demolición ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) absolutamente irregular, porque la firmaron ellos mismos diciendo que eran propietarios y la DOM no revisa inscripciones y se basa en declaraciones juradas. Por lo mismo, la DOM la acogió y ellos, actuando de manera absolutamente prepotente y sin tener autorización del tribunal sobre ampliación del plazo, trataron de ejecutar la demolición el miércoles pasado”, sostiene.

Desde la sociedad indican que, si no se llega a un acuerdo (monetario), ejecutarán la demolición. “El miércoles intentamos volver a negociar. Sin embargo, ellos —demandantes— llegaron con carabineros sin actitud de diálogo. Desde ese día, no hemos recibido llamadas, ni tampoco respuestas. Lo único que tenemos claro es que, si no llega la negociación, demolemos”, sentencia Lainez.

Mientras, hay dos locatarios (La Matería y Brava Natura) que se encuentran sin poder trabajar a raíz de un conflicto en el que no son partes.