Familias ocupan ilegalmente casas sin terminar en Villa Las Pendientes

El representante legal del terreno donde se ubican las viviendas se manifestó molesto debido a que, según él, pese a que se hizo la denuncia en un contexto de flagrancia, Carabineros no realizó el desalojo y exigió una orden judicial.

“Las razones son porque aquí en Pucón no hay arriendo…”.

Así justificó una mujer, quien no quiso identificarse, la toma de tres casas a medio terminar en Villa Las Pendientes, comunidad aledaña a Villa Cordillera. El hecho se materializó el pasado miércoles nueve de marzo por la mañana cuando tres familias, relacionadas por parentesco entre sí, llegaron a ocupar tres viviendas de un total de 14 que están en el sector y no han podido ser terminadas. El problema se agudizó cuando pese a la denuncia realizada en el contexto de flagrancia —según señaló el representante legal y uno de los propietarios del lote donde se encuentran las casas, el abogado Edmundo Figueroa— Carabineros no realizó acción alguna en contra de los ocupantes irregulares; sino que exigió una orden judicial, la que obviamente no existía.

El hecho quedó consignado en una carta que el mismo Figueroa, representante de Casas Cordillera Pucón Limitada, envió a la capitán María Elena Cofré, jefe de la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón. En ella, Figueroa le manifiesta su molestia por no desalojar la toma en consideración de que era un delito flagrante. Es decir, que estaba sucediendo en el mismo momento de la denuncia. “El personal a su cargo le dio la razón a los que estaban ejecutando la toma, aduciendo que necesitan una orden judicial para desalojar, lo que es insólito, pues estamos en presencia de un delito flagrante, en los términos del artículo 130, letra ‘A’ del Código Procesal Penal”, se lee en la misiva. En la misma carta se le “implora” a la oficial que de la orden de desalojo, lo que finalmente no sucedió: “Le mando esta carta para pedirle o implorarle que instruya a su personal que proceda a desalojar a los ocupantes, pues estamos en presencia de un delito flagrante, sin que los ocupantes hayan mostrado documento alguno en sentido contrario. Se lo pido sobre todo en atención al bienestar del resto de los vecinos que son los ocupantes legales de las otras viviendas”.

Figueroa, quien ya inició un proceso penal con una querella en contra de los ocupantes, calificó como “tremendamente negativo” que la oficial no haya accedido a dar la orden de desalojo. “Me parece tremendamente negativo. Que la comisaria no entienda la diferencia en el (artículo) 130 de las figuras que tienen un límite de 12 horas (de cometido el delito) con las que no lo tienen, a mi me parece tremendo”, explicó el abogado.

Según se explicó, las casas sin terminar corresponden a la última etapa del proyecto y quedaron truncas debido a problemas generados previo a la pandemia y luego con la crisis sanitaria ha sido prácticamente imposible, según se explicó, terminarlas.

Según constató un equipo de La Voz…, que estuvo en el sector de la toma, los vecinos se encuentran muy incómodos con la situación y, de hecho, planeaban la construcción de un portón de cierre para evitar que otras personas lleguen a ocupar ilegalmente las casas que no tienen agua ni luz. Desde Carabineros no quisieron referirse al tema.