Tribunal acoge querella por usurpación en Villa Las Pendientes

Ahora está en manos del Ministerio Público, organismo que llevará la indagatoria y definirá las primeras diligencias. En tanto, vecinos consiguieron permiso para desarmar el resto de las casas a medio terminar para evitar el riesgo de nuevas tomas. 

DESARME.- La imagen muestra el estado del resto de las viviendas, luego de que vecinos consiguieran un permiso para desmantelarlas y evitar nuevas tomas.

El juzgado de Garantía de Pucón acogió la querella por usurpación presentada por la empresa Casas Cordillera Pucón Limitada y derivó los antecedentes presentados al Ministerio Público para determinar las primeras diligencias. El caso se hizo público a principios de esta semana cuando La Voz… publicó que un grupo de personas ocupó ilegalmente tres casas a medio construir en la Villa Las Pendientes. El hecho, que partió el pasado 9 de marzo, se considera como una toma y, según lo que pudo constatar este medio, los argumentos entregados por quienes cometieron el ilícito apuntaba, principalmente, al déficit habitacional en Pucón y a lo elevado de los arriendos.

Según señaló el representante legal de la empresa, el abogado Edmundo Figueroa, y que también quedó estampado en la querella; Carabineros no actuó conforme a la Ley debido a que no intervino de manera adecuada y evitó el desalojo inmediato pese a que —según el criterio de Figueroa— se estaba en presencia de un delito flagrante. La policía uniformada, de acuerdo a lo que se lee en la querella, pidió una orden de desalojo del tribunal. 

“Carabineros, invirtió o puso al revés el orden lógico y legal, pidiendo al propietario una resolución judicial para el desalojo en lugar de solicitar a los ocupantes que muestren “autorización” para entrar a una propiedad privada, pese a todos los reclamos de los vecinos, que ven alterado su modo de vida con sujetos extraños totalmente agresivos que no tienen documento alguno que justifique la referida toma”, se explica en el documento. De hecho, en la querella se pide que la fiscalía cite a declarar a la comisaria local María Elena Cofré por su actuación el día de la denuncia.

Ahora el tema está en manos del Ministerio Público, organismo persecutor que debe dar los primeros pasos en torno a la causa. La misma querella pide que la fiscalía entregue una orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI), pero dependerá del mismo organismo persecutor la decisión sobre a qué policía encargarle la indagatoria.

En tanto, algunas fuentes del sector señalan que los vecinos de los sitios tomadas consiguieron un permiso a la empresa dueña de las 21 viviendas a medio terminar para dar inicio al desarme de las casas restantes y evitar nuevas tomas. De hecho, algunos de ellos subieron fotos a las redes sociales para evidenciar que las infraestructuras estaban quedando inutilizables y así desincentivar nuevas usurpaciones ilegales.