El “Caso Áridos”: el complejo escenario que enfrenta el alcalde a menos de un mes de dejar el cargo

• Un nuevo foco de problemas se abre en la municipalidad, luego de que se conociera un informe realizado en febrero pasado que exponía a más de 20 pozos lastres que operaban de manera irregular. Además de la fiscalización, infracciones y eventuales cierres; el municipio debía ir por los impuestos específicos por la extracción de material; cosa que no ha ocurrido. Los concejales incluso hablan de “abandono de deberes” de parte del jefe comunal. 

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“Era súper importante don Carlos, ya que yo le dejé un informe para que se lo entregara al concejo con respecto al trabajo que se hizo con el tema de los pozos de áridos… lo entregué hace dos semanas atrás y pedí que se incorporara”.

Las palabras de la Secretaria Municipal, Gladiela Matus, en el concejo municipal de este miércoles marcaron un tema que se viene hablando al interior de la municipalidad y entre los concejales desde hace varias semanas. Se trata del proceso de fiscalización de los denominados “pozos lastre” o pozos de áridos que existen en la comuna, la mayoría de ellos irregulares. La respuesta del alcalde, Carlos Barra, al requerimiento de Matus (“veámoslo la otra semana”) pareciera ser también una actitud que a algunos concejales pone en una alerta compleja. Y de hecho hablan, incluso, de la posibilidad de que se configure un “abandono de deberes” de parte de la autoridad municipal. Esto, a menos de un mes de que Barra entregue el poder. 

Para entender la historia hay que remontarse a febrero de 2024. Es el 21 de ese mes en que el director de Obras de la municipalidad, Claudio Painepán, envió un informe al alcalde Carlos Barra sobre la pesquisa, ubicación y situación de los pozos de extracción de áridos en la comuna. En total fueron 26 puntos. 25 de ellos sin permisos, de los cuales 12 estaban en funcionamiento. Sólo uno cumplía con la normativa: el de administración municipal. 

“Adjunto la señalada información con el fin de sugerir disponga la clausura de la totalidad de los pozos que no cuentan con autorización municipal y ambiental en su caso, para su funcionamiento. Del mismo modo, hago presente que procede evaluar el cobro retroactivo de derechos municipales”, finalizaba el informe firmado por el arquitecto Painepán. 

La última frase del párrafo final, que apuntaba a evaluar el cobro retroactivo de los derechos municipales, en el fondo sugería a la primera autoridad que era necesario, más allá de infraccionar y clausurar los pozos; aplicar un cobro en dinero por los derechos de extracción que están acotados en la denominada “ordenanza de áridos” de la municipalidad. Esta ordenanza enfoca, entre otras cosas, en aplicar un impuesto de 0,05 ($1.333) por metro cúbico extraído. Este dinero va en beneficio de las arcas municipales. 

Para entender el por qué de este impuesto, hay que aclarar que el principio que se aplica es que los propietarios de los terrenos son dueños de la superficie y no del subsuelo. Para explotarlo, además de las autorizaciones ambientales (que incluyen, entre varias solicitudes, fechas de apertura y cierre) e inicio de actividades en el servicio de Impuestos Internos; se debe tributar al fisco que pone a la municipalidad, en los hechos, como el administrador de estos recursos. Por lo mismo, si se fiscalizaban los 25 pozos que estaban de manera irregular (algunos de ellos arrendados a terceros) y se aplicaba este impuesto haciendo un cálculo sobre la cantidad de metros cúbicos que fueron sacados y comercializados, las cifras —según los extendidos— son de varios cientos de millones de pesos que no han llegado a las arcas municipales. Es decir, podría haber un detrimento económico importante.

Varios problemas

Si bien el informe original es de febrero, en septiembre Painepán envía una actualización en la que agrega a otros infractores. Todos, por cierto, fueron derivados al Juzgado de Policía Local (JPL) para que curse los partes correspondientes. En paralelo, la misma Dirección de Obras Municipales (DOM) inició en julio un proceso de fiscalización con el fin de que los infractores pudieran regularizar y de no cumplir con esto, proceder al cierre y clausura de las actividades. 

El problema, según lo ven algunos concejales, es que desde la administración municipal no existe voluntad de parte del liderazgo municipal (el alcalde principalmente) de ir por los recursos y los dineros que los impuestos específicos a la extracción de áridos podrían dejarle al municipio. El punto, según explican algunas fuentes, es que hay una serie de intereses que se confrontan. Por un lado las familias (muchas de ellas mapuches) que podrían verse complicadas con el cobro del impuesto. Algunas de ellas ni siquiera eran beneficiadas directamente por la venta del material, ya que arrendaban los pozos a terceros. Por otro lado están los transportistas y empresarios de áridos; muchos de ellos históricos vecinos de Pucón. Y también está el interés del mundo de la construcción que con el cierre de los pozos verán como el material que usan, probablemente, tendrá una subida de precio que —obviamente— elevará los costos y agudizará la crisis que vive ese mundo actualmente. 

Concejales

La situación al interior del municipio, específicamente en la relación del alcalde con los concejales no es de las mejores. Todo esto luego de la decisión de la administración municipal de cobrar los poco más de $35 millones pagados al ex administrador Rodrigo Ortiz, quien fue removido de su cargo de manera errónea, según los tribunales. El pago del sueldo de manera retroactiva que ordenó la Corte de Apelaciones es lo que busca el municipio sea restituido antes del cierre del período de Barra en diciembre. 

Y es en ese contexto que algunos concejales están inclinados, incluso, a perseguir ese pago y, de ser necesario, acusar al alcalde de “notable abandono de deberes” si no lo hace. “Es mi deber fiscalizar el cumplimiento de la ley que otorga  a la municipalidad la responsabilidad sobre la extracción de áridos y el no cobro de estos derechos es un detrimento muy importante a las arcas municipales”, explicó Daniela García.

Verónica Castillo, en tanto, está en la misma línea. “Se puede demostrar que la autoridad máxima ha incumplido con sus deberes de fiscalización en temas medioambientales, como el control de pozos de áridos. En Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695) establece que una de las funciones de los municipios y sus alcaldes es velar por la protección del medioambiente y la ordenanza territorial, lo que incluye la fiscalización de actividades extractivas, como la explotación de los pozos de áridos”, explicó la edil y luego agregó: “En reiteradas ocasiones le informamos de esta situación y debo reconocer que debí haber ido a Contraloría, además sumar a eso que los más afectados por esto son los dueños de los terrenos qué deberán pagar multas que son imposible de pagar, entonces ¿quién es el responsable de esto? Aquí hay abandono de deberes totalmente”.

En el mismo sentido el concejal Ricardo Cortés, explicó que lo del “abandono de deberes” es una posibilidad, aunque fue un poco más cauto. “Estamos a la espera de los informes pendientes y lo vamos a analizar con mayor profundidad”, dijo.  Los ediles ven un referente en un caso similar ocurrido en Pitrufquén, en el que los concejales iniciaron una acción de este tipo por las mismas razones: no cobrar el impuesto por los áridos.

Algunas fuentes consultadas por este medio sobre las acciones administrativas en el derecho público, señalan que perseguir al alcalde saliente por “notable abandono de deberes” no tiene mayor sentido. Lo que sí es que se puede iniciar un juicio de cuentas para perseguir los pagos no realizados.