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¿Quién asume la cuenta?: la pugna interna por el pago de los $35 millones por el error en la remoción del ex Administrador Municipal

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  • Un nuevo informe respalda el cobro a los ediles que propiciaron la salida de Rodrigo Ortiz a fines de 2021. El asunto podría terminar en tribunales y ser afrontado, judicialmente, por el equipo del alcalde electo, Sebastián Álvarez. 

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A casi un mes del cambio de mando en la municipalidad, las cosas están lejos de ser tranquilas. Y claro, se corre contra el tiempo para definir una serie de situaciones y cerrar procesos. Uno de ellos, quizás uno de los más complejos, es definir el cobro de los poco más de $35 millones a cinco de los seis concejales. Esto, por el pago que la misma municipalidad debió hacerle al ex administrador municipal, Rodrigo Ortiz, quien, según los tribunales fue removido de manera errónea por los ediles a fines de 2021. En el fallo final, refrendado por la Corte Suprema se estipula que la municipalidad debía reintegrar a Ortiz y pagarle el sueldo de manera retroactiva por los meses que estuvo fuera. Ese monto ($35.689.591) es lo que el municipio busca que los concejales que propiciaron la salida reintegren a las arcas públicas. 

Obviamente el tema es complejo. Y si bien la última semana de octubre se conoció el tema, los ediles cuestionados (Daniela García, Verónica Castillo, Ricardo Cortés, Armin Avilés y Claudio Cortez) solicitaron una segunda opinión, independiente de la Unidad Jurídica. Esto, por la cercanía que tiene la jefa de esta división, Bhama Zúñiga, con Ortiz. Pero el segundo informe, firmado por el abogado Daniel Candia, refrenda lo sostenido en primera instancia. Es decir, los concejales aludidos debieran pagar el monto total. Es decir, no tienen que descontar lo recibido por Ortiz en el período que estuvo fuera de la administración por esta situación; y que fue contratado en la misma municipalidad en un cargo secundario. 

La razón de lo anterior, según el informe de Candia, es que la sentencia de la Corte no hace alusión a la posibilidad de este descuento, sino que el fallo es tácito en torno al monto que se le debía pagar a Ortiz. “Tanto la sentencia de primera instancia, como la dictada por la excelentísima Corte Suprema, no hacen distingo ni interpretación alguna respecto a la materia planteada por los Sres Concejales, por lo tanto, resulta imperativo para el municipio dar cumplimiento íntegro y estricto a lo sentenciado, es decir al pago íntegro de las remuneraciones que no fueron percibidas por el funcionario mientras se mantuvo alejado de su cargo”, se lee en el informe firmado por Candia. 

Ahora, ¿qué debería seguir en el proceso? Según explicaron algunas fuentes consultadas, el alcalde Carlos Barra, a solicitud de Finanzas, debería firmar una resolución cobrando a los concejales individualizados el monto. Por el momento, eso sí, esto no ha sucedido. Si bien en principio se habló de un juicio de cuentas a través de Contraloría, esto no correspondería por no tener los ediles el carácter de funcionarios públicos. 

Si bien la mayoría de los concejales aludidos no se refirieron formalmente al tema, cercanos a algunos de ellos apuntan a que se deben considerar una serie de elementos. Entre ellos, que al momento de la remoción, el director de Control dio luz verde y que el jefe Jurídico de la época, Edmundo Figueroa, no habría asesorado legalmente a los ediles. Por último, apuntan a que el decreto de remoción fue firmado por el mismo alcalde. Por lo mismo las responsabilidades estarían compartidas. Finalmente argumentan en torno a que la municipalidad debiera perseguir a todos los directivos que propiciaron juicios laborales que posteriormente se perdieron para que reintegren los millones entregados en esas causas.

Concejal Castillo

Al cierre de esta edición la concejal reelecta Verónica Castillo envió un texto a esta redacción en el que se refiere al tema. Ahí señala lo siguiente:

“En diciembre del año 2021 se removió al Administrador don Rodrigo Ortiz por decisión del concejo y del presidente del concejo, el señor alcalde de Pucón. Él aprobó ese acuerdo. Luego en los primeros días lo instaló el alcalde en otras funciones llamada ‘recursos traspasados’ donde recibía un poco menos del sueldo de Administrador. Hasta el momento no se ha devuelto el saldo de eso, ya que la municipalidad le pagó, por orden del tribunal, un poco más de $35 millones por no haber recibido un sueldo en el tiempo que no estaba en su función, siendo esto falso por que si estaba recibiendo un buen sueldo cercano al de administrador con el mismo empleador”, explica en el escrito 

Luego de eso agrega: “¿Extraña situación, verdad?  Dado que se le pagó un sueldo, debería de devolver el saldo. En cuanto a que los concejales y el presidente del concejo el alcalde Carlos Barra deban devolver a la municipalidad ese dinero, es improcedente. La ley nos ampara, son nuestras funciones como fiscalizadores. Hay que recordar que sólo nos rechazaron la remoción por la forma no por el fondo, que no se investigó y no se le dio importancia”.

Alcalde electo

De concretarse el cobro, es probable que éste termine en tribunales. De ser así el asunto lo deberá asumir el equipo del alcalde electo, Sebastián Álvarez

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