Decisión de la Corte: municipalidad debe reintegrar a dos funcionarias de Rentas a las que había cesado 

• El tribunal dictó una orden de no innovar que benefició a las trabajadoras, quienes retomaron sus labores, luego de ser notificadas del fin de la relación laboral en vísperas de Año Nuevo.

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Cuando faltaban unos pocos minutos para el fin de la jornada laboral del pasado 31 de diciembre; las funcionarias de Rentas y Patentes de la municipalidad de Pucón, Lidia Maldonado y Carmen Castro, fueron llamadas al departamento de Personal de la administración pública local. Y fue ahí cuando recibieron una noticia mala para ellas: su contrato anual que finalizaba ese mismo día, no sería renovado por 2025. Es decir, recibirían el Año Nuevo en calidad de cesantes. Pero la situación, a más de un mes de esa resolución sufrió un vuelco. Esto, porque ambas interpusieron un recurso de protección que se ventila actualmente en la Corte de Apelaciones de Temuco. Y este tribunal, además de acoger el reclamo, dio una orden de no innovar en su favor. Es decir, todo se debe mantener tal como estaba antes de la resolución; por lo que las dos funcionarias fueron reintegradas formalmente a sus funciones este miércoles. 

Para entender el contexto de la resolución es necesario remitirse a una de las últimas polémicas de la administración de Carlos Barra. A principios de diciembre y a pocos días de dejar el cargo, se supo que el ex jefe comunal renovó a todos los funcionarios a contrata (aquellos que son integrados por un año que se renueva a fines de noviembre). Esto pese a la solicitud del equipo del nuevo alcalde, desde donde se solicitó dejar abierta esta instancia para que sea el nuevo jefe comunal, Sebastián Álvarez, quien tome esa decisión. 

Pero como no sucedió de esa manera, el actual jefe comunal decidió redactar un nuevo decreto que, en los hechos, dejaba fuera de foco el anterior y saca a 18 funcionarios. Pero Lidia Maldonado y Carmen Castro, según se lee en el recurso de protección, no estaban en ese grupo de 18 personas que fueron sacadas. Ellas quedaron fuera, tal como se explicó, con un tercer decreto que las sacó el 31 de diciembre. 

Fue en ese contexto que la abogada de ambas funcionarias, Marta Soriano, argumentó que el acto atentó en contra de una serie de derechos constitucionales como la igualdad ante la Ley, entre otros; debido a lo que se consideró como un acto “ilegal” y “arbitrario”. 

“En atención a que los hechos antes detallados constituyen un grave perjuicio a los derechos de mis representadas y fueron ejecutados en clara contravención a lo dispuesto en la normativa vigente, lo que le significa verse privadas de sus empleos, en forma arbitraria, pues se procedió a revocar la prórroga de sus contratas, mediante un acto administrativo sin el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos expresamente en la ley, acto revocatorio que tienen un carácter excepcional en nuestra legislación, afectando los derechos adquiridos de buena fe y en forma legal por mis representadas”, se lee en el recurso, en el que se agrega que se solicita la orden de no innovar; la que fue otorgada. En los hechos, ambas funcionarias seguirán en sus cargos mientras la causa se ventila en tribunales y se defina si la decisión de sacarlas estuvo apegada o no a la legalidad. 

Valoración de funcionarios

El presidente de los funcionarios municipales, Patricio Ibáñez (en la foto principal junto al resto de la directiva de los funcionarios y a las trabajadoras reintegradas), se mostró contento con la decisión de la Corte y apuntó a que se hace justicia. “Es una resolución de la Corte muy importante para nosotros como funcionarios municipales debido a que da un precedente para los demás funcionarios que fueron desvinculados, lamentablemente, sin ninguna razón porque no hay ningún argumento técnico para desvincularlos”, explicó Ibáñez a este medio. 

Fuera de las dos trabajadoras que lograron el reintegro, hay otros tres funcionarios que igualmente interpusieron recursos de protección. Se trata del periodista Carlos Inostroza; la trabajadora social Yorbelly Göeppinger y la kinesióloga Bárbara Bustos. Si bien en todos los casos, los recursos fueron acogidos; no se les otorgó la orden de no innovar; por lo que se mantienen fuera del sistema municipal.