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Opinión

Prorrogar el SLEP: una oportunidad para optimizar

Publicado

en

*Enrique Astudillo Gaete

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El aplazamiento, tan esperado, del traspaso de la Educación Municipal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) abre una oportunidad para corregir las deficiencias de un sistema cuya implementación ha generado numerosas y legítimas dudas. Sin embargo, una cosa es reconocer las dificultades del modelo y otra muy distinta suponer que la educación municipal está en condiciones de seguir siendo administrada por los municipios.

Nuestra primera autoridad fue un decidido partidario y propulsor de aplazar la entrada en vigencia del SLEP Cautín Sur, al que nuestra comuna, junto a otras, será incorporada. A través de su postura pública, ha defendido la continuidad de la administración municipal como sostenedor e incluso, en algún momento, planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema mixto.

Por otro lado, la prórroga no debiera entenderse como un triunfo político ni como una oportunidad para postergar decisiones difíciles. Es importante distinguir que una prórroga no es automática. Nuestro municipio debe cumplir los requisitos y plazos legales, respaldando documentalmente su solicitud y demostrando la situación real de sus obligaciones para obtener la autorización correspondiente del Ministerio de Educación.

Debe ser un periodo de trabajo, transparencia y saneamiento financiero que permita mejorar la infraestructura, fortalecer a las comunidades escolares y garantizar condiciones dignas para estudiantes, docentes y asistentes de la educación. El interés de los alumnos y el futuro de la educación pública deben estar por delante, fortaleciendo, ante todo, el rendimiento pedagógico.

Nuestra comunidad conoce la situación financiera del DAEM de Pucón, y esta no puede ser ignorada. Las dificultades económicas no son nuevas ni pueden minimizarse. En julio del año pasado se expusieron ante el Concejo Municipal antecedentes relativos a proyecciones de déficit y deuda flotante por sumas considerables. Posteriormente, el municipio informó una reducción del déficit, lo que debe reconocerse como un avance. Sin embargo, reducir un déficit no equivale necesariamente a resolver estructuralmente el problema.

Todos debemos realizar los esfuerzos necesarios y colaborar para demostrar por qué nuestra educación no debiera emigrar al SLEP. Pero lo más trascendente y necesario es que, si Pucón quiere seguir administrando su educación, nuestra primera autoridad debe demostrar que puede hacerlo bien y, sobre todo, que puede gestionarla financiera y responsablemente. Aplazar el traspaso no significa aplazar los problemas. Asimismo, la gestión deberá justificarse mediante resultados educativos superiores o, al menos, más estables que el promedio regional.

Por lo tanto, debemos contar con un sistema que tenga respaldo financiero, administrativo y pedagógico, demostrando autosuficiencia y un control oportuno y estricto del gasto. También es necesario encontrar mecanismos adecuados para gestionar y optimizar una educación que rompa con lo tradicional.

En este contexto, iniciativas como “Teatro en el Aula”, a través de una compañía de teatro estudiantil, pueden representar una alternativa de alto impacto. La experiencia internacional comparada demuestra que este tipo de actividades no solo contribuye a prevenir la deserción y el ausentismo, sino que también puede transformar significativamente el clima escolar y favorecer el rendimiento académico. Alcanzar tasas de asistencia promedio superiores al 85% o 90% sería clave para el financiamiento y, sobre todo, para despertar un interés real de los estudiantes por asistir a clases. Nuestra comuna podría ser pionera en incorporar este tipo de iniciativa como una asignatura más.

Por otra parte, no se puede seguir dependiendo exclusivamente de los ingresos por subvención asociados a la asistencia. Se debe avanzar hacia un sistema de financiamiento que considere la matrícula como un factor central.

Debemos reconocer las razones que pueden justificar la prórroga y, al mismo tiempo, exigir responsabilidad y resultados verificables a quienes la respaldaron. También debemos aceptar que el sentido común y la realidad indican que una mala administración no la pagan las autoridades: sus consecuencias terminan recayendo en nuestros estudiantes, sus familias y toda la comunidad.

*Enrique Astudillo Gaete contador auditor y gestor y elaborador de programas de participación y desarrollo comunitario.

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