El alcalde y las patentes como “permiso de existir”

*Por Esteban Hernández V.

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El 12 de agosto la Municipalidad celebró como “noticia de clase mundial” que Booking exija a los alojamientos de Pucón registro en SERNATUR, inscripción en el Registro Municipal y patente municipal. Quien no los tenga, advirtió la plataforma, “podrá ser eliminado”. Dicho de otro modo: el municipio no tendrá que fiscalizar casa por casa; bastará con que una empresa extranjera borre de su catálogo a quien no tenga un papel municipal. A continuación algunos puntos a destacar de esta política pública local. 

1.- La derecha extraña

Álvarez llegó al sillón municipal por Chile Vamos con la bandera del emprendimiento. Su política de alojamientos dice lo contrario: el Estado decide quién puede arrendar en Pucón. Sin patente no existes, y la patente la otorga la municipalidad, con sus plazos, sus informes y su ventanilla. No es liberalismo: es estatismo de patente. Y trae un incentivo que conviene nombrar. Los cerca de 800 propietarios que arriendan sin patente (según los datos de Booking) son, a la vuelta de la esquina, 800 contribuyentes municipales.

Otra cosa. El municipio que en 2020 fue a tribunales a defender su facultad de normar, hoy terceriza la fiscalización en una plataforma extranjera. ¿Bajo qué norma chilena decide Booking quién puede arrendar aquí, y quién responde cuando su algoritmo se equivoque y por qué exige en esta comuna un requisito distinto al de otras? Y ¿dónde queda la igualdad ante la ley? Lo que antes no se consiguió por la vía administrativa (hacer cumplir una ordenanza que en los hechos es infiscalizable) se consigue ahora por vía privada. Eso no es apoyo al turismo, es una forma de soslayar la conocida ineficacia pública.

Y los gremios locales del rubro tienen razón en algo: existe competencia desleal. Pero cuando un gremio pide regulación no siempre pide reglas; a veces pide barreras, y esta la paga el vecino. Esta derecha no representa al emprendedor, representa a un sector  ya instalado en desmedro del que quiere llegar allá. 

2.- El impacto social

Los 800 no son delincuentes, son familias que arriendan una pieza, una cabaña o el segundo piso, en enero y febrero o hasta su propia casa. Y el punto que la autoridad omite es que muchos no tienen patente porque no han podido obtenerla. Se exige uso de suelo compatible, informes, certificados y plazos, y buena parte de las viviendas de la comuna no está en zona donde el instrumento de planificación permita alojamiento turístico. Se persigue a alguien por no tener un papel que el propio Estado le niega. No es informalidad, es imposibilidad.

Y los efectos son previsibles. El arriendo de verano es la leña, los útiles y la deuda del invierno, el hijo que se va a la universidad. Un ingreso familiar no se reemplaza con un comunicado. La gente no desaparece, se mueve a los canales informales, con menos trazabilidad, menos protección al turista y menos recaudación. Lo contrario del objetivo declarado. Arrastra el empleo del verano y golpea la oferta de precio medio, que es la que llena la comuna en enero. Y deja algo peor, el denuncio entre vecinos. Cuando una norma convierte en infractor a la gran mayoría del mercado, el problema no es el mercado, es la norma.

3.- El desconocimiento

Pucón no se fundó solo con hoteles grandes y formales. Se fundó con familias que pusieron una mesa afuera, arrendaron una pieza y prestaron el patio para la carpa. Los pioneros no tenían patente, tenían coraje. Y es esa misma actividad la que hoy se persigue como si fuera solo un delito.

Lo que el municipio llama “robusta labor” fue estudiar España, Colombia, Costa Rica, Nueva York y El Chaltén. Cinco modelos, ninguno de La Araucanía. Antes de mirar Barcelona hay que mirar Caburgua y la calle Uruguay. Una política escrita con el manual de una capital del mundo, y aplicada donde la gran mayoría rentabiliza su propia casa, no está desactualizada, está fuera de lugar.

Un fiscalizador del SII lo dijo, quizás sin querer, cuando se lanzó este programa: “Se pretende establecer la sensación de control”. Es decir, es evidente que no se busca cumplimiento, se busca “sensación”. El punto es que quien persigue la sensación de control está confesando que no tiene el control.

4.- ¿Qué hacer?

Nadie pide consagrar la informalidad, porque es evidente que formalizar es bueno. Pero se hace con la mano abierta, no con la lista de borrados de una plataforma. Amnistía, patente simplificada y barata para la vivienda propia, revisión de los usos de suelo que hoy la impiden, mesa de trabajo con propietarios y gremios, dos o tres temporadas de transición y apoyo técnico en lugar de multas. Y una regla mínima, nadie sale de una plataforma mientras no exista, por escrito y en la práctica, la alternativa real para formalizarse.

Ahora, si la intención de fondo de la autoridad es impedir que la gente arriende sus casas y saque una ganancia en el verano que lo diga. Lo mismo, si el objetivo es proteger a un sector como el del alojamiento en desmedro de quienes quieren —con justicia— integrarse a ellos. 

Pucón no se construyó con patentes, se construyó con familias. Si esta administración quiere pasar a la historia como la que formalizó el turismo de la comuna, algo que es a lo menos utópico o pretencioso, tiene la oportunidad de hacerlo bien. Si quiere pasar como la que le entregó a Booking el derecho a decidir quién vive de Pucón, no solo demuestra ignorancia, sino que también insensibilidad. 

La diferencia no está en la plataforma, está en hacer las cosas con la gente y no contra ella; aún más si se considera que la informalidad es una realidad preexistente a la administración Álvarez, ya que Pucón no partió con su alcaldía y que los perjudicados con su política llegaron acá no solo para trabajar, sino que para construir una comunidad y una forma de vida que hoy nos beneficia a todos. Y la mayoría partió sin patente. 

*Esteban Hernández V. es periodista y emprendedor tecnológico.

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