Licitación Casino: una alianza de quince años con la comunidad

*Por Enrique Astudillo Gaete.

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La nueva licitación del Casino de Pucón ha entrado en una etapa decisiva. El 11 de agosto de 2026 concluyó la recepción de ofertas y corresponde ahora desarrollar la evaluación técnica del proyecto presentado. Sólo una vez superada satisfactoriamente esa etapa procederá la apertura de la oferta económica.

Uno de los aspectos que naturalmente genera mayor interés para Pucón es la oferta mínima económica garantizada, considerando la importancia histórica que estos recursos han tenido para las finanzas municipales.

En diciembre de 2025, el alcalde de Pucón propuso como condición especial una oferta económica mínima de 60.000 UF anuales, además de la construcción de un salón para al menos 1.500 personas y un porcentaje de continuidad laboral. Posteriormente la Superintendencia de Casinos de Juego propuso al Consejo Resolutivo establecer el mínimo económico en 43.000 UF anuales, cifra que finalmente fue aprobada.

La comparación con la concesión anterior resulta inevitable. El proceso anterior terminó con una oferta económica de 121.000 UF anuales, por lo que parece perfectamente razonable preguntarse por las diferencias entre aquel resultado, las 60.000 UF propuestas actualmente por el municipio y las 43.000 UF finalmente establecidas como piso.

Pero aquí también debe hacerse una precisión importante: 43.000 UF constituyen solamente el mínimo exigido y no necesariamente el monto definitivo que recibirá Pucón, puesto que la verdadera oferta económica presentada permanece reservada hasta que el postulante supere la evaluación técnica. La legislación establece precisamente esta separación entre la evaluación técnica y la posterior apertura de la oferta económica.

También sería injusto concluir simplemente que el alcalde debió haber exigido las mismas 121.000 UF anteriores. Podría perfectamente sostenerse que, atendido ese antecedente, solicitar una cifra similar o incluso superior habría sido una posición razonable para defender los interese de la comuna. Sin embargo, aun cuando el municipio hubiese propuesto ese monto, ello no garantizaba que quedara establecido en las bases, pues la legislación entrega al Consejo Resolutivo, previa propuesta de la Superintendencia, la determinación de estas condiciones especiales.

Y precisamente allí surge una pregunta que merece ser respondida, no desde la confrontación ni suspicacia, sino desde la necesaria transparencia que demanda una decisión de esta importancia.

¿Sobre qué antecedentes económicos, financieros y técnicos se estimó que 60.000 UF constituían una cifra adecuada para Pucón? Y, posteriormente, ¿qué elementos llevaron a la Superintendencia y al Consejo Resolutivo a determinar que el mínimo apropiado debía ser de 43.000 UF?

La Resolución Exenta No 103 señala que la propuesta de 43.000 UF fue presentada conforme a los fundamentos expuestos ante el Consejo Resolutivo, pero el propio texto de la resolución no desarrolla el cálculo económico que conduce a esa cifra.

La ley 19.995 establece que para estas antiguas comunas con casinos municipales deben determinarse condiciones especiales que consideren, entre otras materias, una oferta económica mínima garantizada, y entrega al Consejo Resolutivo la competencia para resolverlas. Que la autoridad tenga legalmente la facultad de fijarla no hace menos conveniente que la Comunidad pueda conocer de manera sencilla los antecedentes que justificaron económicamente esa decisión.

No se trata de cuestionar anticipadamente su legalidad ni de sostener que 43.000 UF sea necesariamente una cifra incorrecta. Se trata de algo bastante más simple: tratándose de recursos que tendrán incidencia directa en Pucón durante un periodo de quince años, parece razonable que sus habitantes puedan comprender cuáles fueron los parámetros considerados para determinar ese piso y las razones que llevaron a apartarse tanto de la propuesta municipal como del antecedente económico de la concesión anterior.

La transparencia también permite despejar dudas. Si existen razones financieras, condiciones actuales del mercado de casinos, antecedentes de ingresos, proyecciones de explotación o criterios técnicos que justifican esa cifra, conocerlos contribuiría precisamente a entregar tranquilidad y certeza a la Comunidad.

Y es aquí donde la discusión puede dejar de concentrarse exclusivamente en cuanto se recibirá y comenzar a preguntarse qué relación queremos construir con quien operará el casino durante los próximos quince años. Una concesión por quince años también puede convertirse en una alianza de quince años con la comunidad.

Una vez concluido el proceso y adjudicado el permiso, sería una señal muy positiva que el futuro concesionario pudiera explorar voluntariamente un compromiso permanente con Pucón, especialmente con áreas tan sensibles como la educación.

Nuestro ordenamiento contempla mecanismos mediante las cuales empresas pueden efectuar donaciones destinadas fines de interés público y cumpliendo los respectivos requisitos, acceder a los beneficios tributarios establecidos por la legislación-

Podría entonces explorarse una fórmula mediante la cuál el futuro operador contribuya voluntariamente y en forma sostenida a proyectos de educación, cultura, deporte o desarrollo social de la comuna, utilizando aquellos mecanismos legales de donación que resulten aplicables.

No se trata de modificar las bases de licitación, establecer posteriormente una obligación que no existe ni condicionar de forma alguna la adjudicación. Sería algo diferente: invitar a quién desarrollará durante quince años una importante actividad económica en nuestro territorio a convertirse también en un socio del desarrollo de Pucón.

Para la comuna significaría recursos destinados directamente a necesidades concretas; para la empresa, una oportunidad de fortalecer su vinculación con el territorio y utilizar legítimamente los instrumentos tributarios que la legislación contempla cuando corresponda. Después de todo, el éxito de esta nueva concesión no debiera evaluarse solamente por las UF que ingresen cada año a las arcas municipales.

También debería poder medirse, al término de esos quince años, por cuanto contribuyó esa actividad al desarrollo de Pucón, a su educación y a la calidad de vida de su comunidad.

Porque una buena concesión no debiera significar solamente un buen negocio para quién la opera ni únicamente ingresos para el municipio. Puede convertirse también en una alianza para la ciudad que la hace posible.

*Enrique Astudillo Gaete contador auditor y gestor y elaborador de programas de participación y desarrollo comunitario.

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