Opinión
Plan de descontaminación y subsidios de agua potable
*Por Víctor Durán
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La aplicación del Plan de Descontaminación del lago Villarrica no solo tendrá efectos ambientales. También generará nuevas obligaciones para miles de familias de Villarrica, Pucón y Curarrehue; y con ello un impacto directo en el costo de los servicios de agua potable y alcantarillado. Por esta razón, el Estado deberá anticiparse y fortalecer el sistema de subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado.
En Villarrica y Pucón, más de 2.000 viviendas urbanas deberán conectarse al sistema de alcantarillado existente. Si bien esta conexión es obligatoria desde hace años, de acuerdo con la legislación sanitaria, en la práctica existen numerosas viviendas que todavía descargan sus aguas servidas a esteros que atraviesan sectores urbanos o utilizan sistemas particulares, como fosas sépticas.
El propio plan contempla mecanismos de apoyo para facilitar estas conexiones, considerando que el costo para cada familia podría situarse extraoficialmente entre $4 millones y $6 millones por vivienda. Pero el problema no termina con la ejecución de las obras. Una vez conectadas, esas familias comenzarán a pagar por un servicio que hasta ahora no tenían incorporado en sus cuentas, incluyendo el cobro por alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Eso necesariamente debería traducirse en un aumento de los recursos destinados a subsidios estatales. Actualmente, Villarrica entrega más de 4.000 subsidios, por un monto superior a los $500 millones anuales. En Pucón, en tanto, existen cerca de 1.700 beneficiarios, con recursos que superan los $200 millones al año.
El subsidio permite cubrir entre un 25% y un 85% del valor de la cuenta, con un límite de consumo de 13 metros cúbicos mensuales. Si a este escenario se suma la incorporación de miles de nuevas conexiones al sistema de alcantarillado y el consiguiente aumento de las cuentas, resulta evidente que las actuales cifras de cobertura y financiamiento deberán ser revisadas.
El caso de Curarrehue es todavía más complejo. La comuna no forma parte del territorio operacional de Aguas Araucanía y, por lo tanto, la situación requiere una planificación específica. La planta de tratamiento de aguas servidas contemplada en el Plan de Descontaminación —probablemente mediante un sistema de lodos activados tipo SBR— significará una nueva estructura de costos para las familias que actualmente reciben el servicio.
Hoy Curarrehue cuenta apenas con 81 subsidios al consumo de agua potable, por un monto cercano a los $4 millones anuales, mientras unas 765 familias son atendidas por el comité de agua potable rural. Si se considera que la planta proyectada tendría un costo estimado de US $9 millones, es evidente que la discusión no puede limitarse a cómo financiar su construcción. También debe abordar cómo se financiará su operación y, especialmente, cómo se evitará que ese costo termine transformándose en una carga que muchas familias no puedan asumir.
El Plan de Descontaminación del lago Villarrica es una necesidad ambiental y sanitaria largamente esperada. Pero una política pública de esta magnitud debe considerar también sus efectos sociales y económicos. No basta con exigir que las viviendas se conecten al alcantarillado o construir plantas de tratamiento. Hay que garantizar que las familias puedan pagar las cuentas que vendrán después.
Por eso, aumentar y mejorar los subsidios de agua potable y alcantarillado no debería ser una consecuencia que se discuta cuando el problema ya esté instalado. Debiera ser parte de la planificación del propio plan de descontaminación. La recuperación del lago no puede hacerse trasladando el costo de esa tarea a las familias más vulnerables de Villarrica, Pucón y Curarrehue.
*Victor Durán es líder del proyecto Vigilantes del Lago. www.vigilanteslagos.org
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