Democracia Ambiental

* Por Javier Barra Granadino

En la última Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera ante el Congreso Pleno, trajo a colación distintas temáticas del todo interesantes para el acontecer nacional. Una de ellas se refirió a lo que esbozamos en nuestra primera oportunidad —en lo relativo al medio ambiente—. Él piensa modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y reglamentar una nueva institucionalidad ambiental.

Primeramente, debo señalar que en la actualidad nuestro sistema de evaluación ambiental está liderado por el Servicio de Evaluación Ambiental. Este fue creado el año 2010 y es un organismo público cuyo principal objetivo es administrar y hacer más técnico precisamente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual debe ajustar los proyectos que se le presenten a la normativa vigente facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos.

Entonces, este organismo debe velar por el medio ambiente a través de los procedimientos específicos que señala la ley poniendo atención si un proyecto público o privado es viable ambientalmente y por efecto no causa daños sobre el ecosistema imperante en un punto determinado de nuestro país.

No puede soslayarse que la evaluación ambiental debe discurrir sobre aspectos económicos, culturales y sociales que se someten a análisis. Así, debe considerarse el impacto que la obra o actividad puede provocar objetivamente en la población afectada por aquella.

Es en este punto donde quiero que pongamos atención, pues es indispensable que, si se idea una modificación a la temática ambiental y por ende se crea una nueva institucionalidad que la gobierne, es necesario una mayor participación ciudadana.

Una de las grandes críticas que he podido recoger de aquellos conocedores profundos de esta materia es la poca participación que las comunidades afectadas con obras o proyectos pueden tener al tiempo de hacer la evaluación ambiental.

Desde un punto de vista de Estado de Derecho —a la luz del artículo 4° de la Constitución Política de nuestro país el cual nos dice que “Chile es una república democrática”—, es preciso entender que se hace necesaria una mayor democracia en asuntos medio ambientales, en donde cada individuo deje su pasividad y exprese —claramente eso sí con fundamentos técnicos y jurídicos— lo que crea es más ventajoso para vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En el sentido anterior, debemos atraer en esta reforma una pedagogía ambiental para cada habitante de nuestro país, en donde la información fidedigna y objetiva aumente el nivel de cultura, conocimiento y comprensión de los proyectos que impacten ambientalmente y por efecto puedan –en potencia— alcanzar a una comunidad humana asentada en un espacio físico determinado.

Como corolario puedo decir entonces que es bienvenida toda reforma a la institucionalidad medio ambiental, empero sin olvidar que una de las deudas actuales que tiene la normativa imperante es precisamente la convocatoria ciudadana siempre indispensable para vivir en un mejor medio ambiente libre de toda contaminación.

 

* Abogado U. de Concepción y magister en Derecho Regulatorio P. Universidad Católica de Chile.