Activista ambiental rechaza acción de la fiscalía que busca sancionarla por “dirigir reuniones tumultuosas”

Jimena Sanhueza reaccionó a la decisión del Ministerio Público de aplicarle una multa en el contexto de las manifestaciones surgidas luego del estallido social de octubre.

Jimena Sanhueza, junto a su abogado en una pauta de prensa realizada la mañana de este viernes fuera del tribunal.

La reconocida activista ambiental local Jimena Sanhueza, junto a su abogado, Edgard Pacheco, presentarán un recurso en contra de la decisión de la fiscalía local de Pucón de perseguir a la mujer en un procedimiento monitorio que apunta a sancionarla por “dirigir reuniones tumultuosas”. Esto en una marcha realizada el pasado 19 de octubre, en el contexto del estallido social que se inició un día antes.

La sanción solicitada por la fiscalía corresponde a 2 UTM (un poco menos de $100.000), más las costas de la causa. El procedimiento que se hace de manera escrita, implica que el imputado tiene un plazo de 15 días para presentar un reclamo a la sentencia, por lo que se definiría la causa en un juicio. Y eso fue lo que hizo Sanhueza junto a su abogado. Este último apuntó a que la activista ambiental y social no dirigía la marcha, por lo que no se le puede sancionar por hacerlo.

“Estimamos que mi representada no tiene participación en el ilícito por el cual el Ministerio Público la requirió y por lo tanto estamos oponiéndonos a la imposición de la imposición de la multa dentro del plazo que señala la Ley”, explicó el abogado Pacheco, quien agregó: “No quiero adelantar una animosidad que pueda tener el Ministerio Público respecto de mi representada por ser un rostro visible de las manifestaciones, más bien estimo que esto es todo un resultante respecto de una política de Estado en cuanto a la criminalización de la manifestación social”.

Jimena Sanhueza también tuvo una causa similar en el Juzgado de Policía Local, en la que fue reconvenida por interrumpir el libre tránsito vehícular el día seis de diciembre. Según ella, esto último corresponde a una persecución por el rol que ha tenido en las manifestaciones sociales ocurridas en Pucón.