Concesionario de parquímetros ingresa recurso de protección en contra de municipalidad y Carabineros

La empresa acusa, entre otras cosas, nula fiscalización ante la evasión de los automovilistas y señala que ha perdido más de $89 millones.

La ya asignada licitación por los parquímetros pareciera enredarse. Eso, porque quien se lo adjudicó (la empresa CyV Ltda.) ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de la municipalidad de Pucón y Carabineros, porque considera que el principal organismo público local y la institución uniformada han incurrido en una serie de hechos que el concesionario —quien paga $192 millones por temporada— considera como “ilegales” y “arbitrarios”. Y estos tienen que ver, principalmente, con la “evasión” de los usuarios del pago y, lo que considera, la nula fiscalización de ello de parte de las instituciones requeridas.

“Existen cuadras enteras en la ciudad de Pucón donde los usuarios eligen estacionarse en lugares no habilitados o frente a los estacionamientos debidamente señalizados, evadiendo el pago y por tanto afectando los derechos de esta parte recurrente, en particular, su patrimonio y libertad económica”, se lee en el recurso, el que agrega que se enviaron cartas a la municipalidad y a Carabineros para que fiscalicen una serie de calles y lugares donde no se podía estacionar y, sin embargo, eran ocupados por vehículos: “A la fecha, los recurridos no han realizado ninguna gestión que tienda a fiscalizar el cumplimiento de la normativa de tránsito”.

El punto más álgido del recurso enfoca en que, a juicio del denunciante, la municipalidad no ha hecho nada para perseguir a quienes evaden los pagos al no cancelar los minutos al parquímetro encargado de la labor en la calle. “Al 31 de enero del 2020, 16.725 automovilistas han evadido el pago del estacionamiento, representado una pérdida patrimonial para mi representado ascendente a la suma de $89.446.112 (ochenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento doce pesos)”, señala el recurso, el que en el párrafo siguiente agrega: “Es responsabilidad de carabineros y los inspectores municipales denunciar los incumplimientos a la Ordenanza Municipal, la cual estipula el pago de estacionamientos en el periodo de vacaciones, lo cual a la fecha no se ha realizado, ni ha existido coordinación alguna para con mi representado”.

Es en ese contexto que el recurrente deduce que, principalmente, la municipalidad incurre en acciones que considera “ilegales” y “arbitrarias”: “En síntesis, queda claro que existen incumplimientos legales y contractuales que le dan el carácter a las omisiones reclamadas de ilegales y arbitrarias. No se explica como la I. Municipalidad de Pucón llama a una licitación, impone una serie de obligaciones a mi representado, y sin embargo no asume la que por esencia debe ser su rol en el cumplimiento del contrato de licitación, esto es, la fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, cobro de derechos, denuncias y multas que se puedan cursar”.

El recurso finaliza al solicitar a la Corte que obligue a los recurridos a “restablecer el derecho” y realizar una efectiva fiscalización en los lugares destinados al estacionamiento.

Respuesta municipal

En el sistema web del Poder Judicial también es posible encontrar la respuesta de la municipalidad. En ella se explica que en relación a la “no fiscalización”, esta se realiza en la medida que los recursos estén disponibles y sobre el cursar infracciones a quienes evaden, se explica que al recurrente, representado por Joel Canío, le faltó documentación para hacer efectivos los eventuales partes. “El recurrente hizo llegar un largo listado de supuestos infractores, identificados por sus placas patentes, pero sin agregar los comprobantes emitidos por las máquinas electrónicas de control, una fotografía o similares, para elaborar la denuncia al Juzgado de Policía Local”, se lee en la respuesta municipal, la que agrega: “Hasta la fecha del informe, el señor Canío no ha cumplido las recomendaciones anteriores, por lo que la Inspección Municipal no ha podido validar las supuestas infracciones ni menos remitirlas al Juzgado de Policía Local”.

Baja los documentos

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