Fiscalía solicita aumento de plazo para definir si formaliza cargos en Caso Martabid

El tema se debatirá en una audiencia pública el próximo lunes. Persecutor argumenta sobre la falta de peritajes de la PDI al celular y computador del abogado municipal Christian Águila y a la casa del empresario inmobiliario.

Eran tres meses de plazo. Eso fue lo que otorgó el Juzgado de Garantía de Pucón para que la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de Temuco defina si formalizará cargos al abogado de la municipalidad de Pucón Christian Águila. Y si bien ese límite se cumple este marzo, el Ministerio Público solicitó formalmente al tribunal una ampliación de la fecha límite. Y eso, deberá definirse en una audiencia pública programa para este lunes 16 de marzo en el tribunal. Todo esto en el denominado Caso Martabid, indagatoria que se abrió luego de un reportaje de La Voz… en torno a la denuncia de la directora de Obras de la época Lorena Fuentes, a raíz de un acuerdo al que llegó Águila como abogado de la municipalidad con el empresario inmobiliario José Miguel Martabid por una casa de este último que sobrepasaba los permisos de construcción solicitados. Según Fuentes, el acuerdo en el Juzgado de Policía Local beneficiaba más a la parte infractora que a los denunciantes (la municipalidad).

Pero no es lo único, en el documento en el que el fiscal jefe de la Fiac, Héctor Leiva, pide la ampliación también revela detalles de la indagatoria y los argumentos del por qué necesita más tiempo para definir si hacer formal la indagatoria que actualmente lleva en contra de Águila, quien aparece en calidad de imputado en la causa que indaga la PDI de Villarrica. En primera instancia, el fiscal Leiva —quien también investiga delitos de posible corrupción en el MOP de Temuco— está a la espera de un informe pericial del Laboratorio de Criminalística de la PDI, específicamente de la sección de paisajismo de la repartición policial, quienes en enero hicieron un levantamiento de datos de la casa de Martabid, ubicada en el sector de Correntoso, en el camino de Pucón a VIllarrica.

“Aún no se ha recepcionado el resultado del peritaje instruido mediante oficio N91357 a LACRIM CENTRAL, de la Policía de Investigaciones de Chile, cuya sección de paisajismo realizó una visita inspectiva a la obra en cuestión en el mes de enero de presente año, y actualmente se encuentra efectuando un análisis y cotejo de lo pesquisado en terreno con la información documental pertinente (Planos, Plan Regulador Comunal e Intercomunal, información de la obra en cuestión y su tramitación en la Municipalidad de Pucón, entre otros) con el objeto de determinar si la infracción cursada por el Departamento de Obras de la Municipalidad de Pucón es susceptible de regularización o no y en consecuencia establecer si el avenimiento en cuestión contravino o no los intereses de la Municipalidad y en su caso la determinación del perjuicio respectivo”, se lee en el documeno de solicitud de ampliación de plazo que se encuentra en el sistema del Poder Judicial.

Pero no es lo único con lo que argumenta Leiva en su solicitud, también señala que está pendiente un peritaje de la PDI en torno al teléfono celular y el computador incautado al abogado municipal. “Cuyo contenido puede aportar antecedentes que justifiquen o no el actuar del imputado en los hechos que se investigan”, concluye el escrito, el que finaliza con una solicitud de ampliación de seis meses a partir de marzo. En todo caso, la decisión final sobre si hay ampliación o no se conocerá —en principio— en la audiencia del 16 de marzo en la que los abogados de Águila, quien contrató a los connotados profesionales capitalinos Manuel Ibarra y Jorge Rojas, probablemente se opongan a la solicitud de la Fiac.

Águila, en tanto, retiró el recurso de protección que ejerció en contra de la misma municipalidad cuando fue cesado de su cargo una vez que el caso se hizo conocido, y que luego le permitió ser reintegrado por una orden de no innovar de la Corte de Apelaciones de Temuco. Actualmente se encuentra desempeñando funciones en el departamento de Educación municipal.