Tribunal da tres meses de plazo a la fiscalía para que defina si formaliza cargos en “Caso Martabid”

Audiencia fue solicitada por la defensa del abogado de la municipalidad Cristian Águila.

La abogada representante del Ministerio Público, Camila Fernández.

Ni 30 días como pedía la defensa y tampoco un año como solicitó la fiscalía. El juez José Luis Maureira otorgó un plazo de tres meses al ministerio público para que defina si formalizará cargos o no en contra del abogado municipal Cristian Águila, quien está siendo investigado en el denominado “Caso Martabid”. Todo esto, en una audiencia de cautela de garantías solicitada por los representantes de Águila, la que se realizó a mediodía del jueves.

La causa partió luego de un reportaje de La Voz…, en el que se daba cuenta de la denuncia de la directora de Obras de la época Lorena Fuentes, en torno a un acuerdo al que llegó Águila como abogado de la municipalidad con el empresario inmobiliario José Miguel Martabid por una casa de este último que sobrepasaba los permisos de construcción solicitados. Según Fuentes, el acuerdo en el Juzgado de Policía Local beneficiaba más a la parte infractora que a los denunciantes (la municipalidad). Luego de eso, la Fiscalía de Alta Compeljidad (Fiac) de Temuco, quien lleva el caso junto a la PDI, abrió una arista por los departamentos que Manitoba (empresa del holding Martabid) está construyendo en el sector de Variante Internacional. En esta parte de la indagatoria se hizo conocida una lista que el departamento de Vivienda de la municipalidad generó con funcionarios de la administración pública local, carabineros y empleados de la empresa Eltit como potenciales beneficiados con las unidades habitacionales. Fue la misma jefa de Vivienda, Verónica Castro, quien dio explicaciones sobre el por qué y la intención del listado ante el concejo municipal el pasado martes.

En la audiencia de este jueves, la representante de la Fiac, Camila Fernández, relató los hechos conocidos de la causa, los que a juicio del Ministerio Público, daban para abrir la indagatoria. La abogada explicó que por ser una causa compleja se debe actuar con la máxima rigurosidad investigativa, por lo que se necesita tiempo. La defensa del abogado Águila, compuesta por los expertos abogados penalista de Santiago Manuel Ibarra y Jorge Rojas, argumentó que la causa llevaba bastante tiempo en investigación (cinco meses), por lo que solicitaron la pronta decisión de la fiscalía. Además, pidieron que se devuelva el computador y el telefóno celular al abogado Águila. Estos últimos elementos fueron incautados por la PDI, previa solicitud judicial. El juez Maureira, en todo caso, no dio lugar a esta solicitud.

A la salida de la audiencia, la fiscal Fernández, argumentó que el plazo de tres meses para tomar la definición es prudente; pese a que calificó la indagatoria como compleja y que solicitó un año al tribunal. “Si bien el Ministerio Público hizo presente que estamos frente a una investigación compleja y que amerita la mayor rigurosidad que caracteriza a la Fiscalía de Alta Complejidad el desarrollo de sus investigaciones, consideramos que es un plazo prudente para poder reunir indicios que nos permitan tomar una decisión de formulación de cargos o descartar los mismos”, sostuvo la abogada, quien agregó que se están desarrollando distintas diligencias investigativas que, por cierto, no puede informar o hacer públicas.

La defensa, en tanto, también se mostró conforme por el plazo. “Noventa días a nosotros nos parece súper bien porque es un plazo acotado. No de un año como lo estaba pidiendo la fiscal, por lo tanto estamos satisfechos”, explicó el abogado Manuel Ibarra, quien reiteró la posición de inocencia de Águila: “Nosotros estamos absolutamente tranquilos. Esto es una indagatoria que está haciendo el Ministerio Público y ya lleva cinco meses de investigación y no va a encontrar nada; porque acá puede que hayan errores administrativos, torpezas administrativas, pero en el ámbito penal es mucho más complejo determinar un delito o que se haya cometido algún delito”.

Por ahora la causa sigue en indagatoria y, de acuerdo a la resolución del tribunal, en marzo debería conocerse si la Fiac formaliza la indagatoria y formula cargos en contra de Águila u otras personas o, si por el contrario, sobresee el caso por no existir evidencia de eventuales delitos.