Transparencia municipal en el caso Enjoy

Pareciera ser que la historia del nuevo casino de Enjoy en Pucón está lejos de acabar. Y cuando pasa más tiempo, nuevas aristas se abren que enredan cada vez su concreción. Y las señales conocidas en las últimas semanas por publicaciones de prensa y declaraciones de los propios ejecutivos apuntan a que la construcción del proyecto en la ciudad está más cerca de frustrarse que de llevarse a cabo. Lo dijo el mismo gerente general, Rodrigo Larraín, en un documento que ingresó a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) a mediados de abril: la empresa buscaba dejar sin efecto la licitación de 2018 o, como segunda opción, que les entreguen un nuevo plazo de tres años para materializar la obra. ¿El objetivo? Que la SCJ no haga efectivas las boletas de garantía que para pucón alcanzan los US$12 millones (más de $10 mil millones).

Es decir, la situación (argumentada por Enjoy en base al denominado “estallido social” y a la crisis del coronavirus) es en los hechos una acción de alto impacto que podría golpear fuertemente el destino económico de Pucón. Sobre todo, luego de conocerse que —en paralelo— la empresa iniciaba un período de reorganización judicial para evitar una quiebra. Entendemos que todas las alarmas en la municipalidad, receptora principal de los beneficios económicos del principal centro de juegos de la zona, debieran estar encendidas y en rojo.

Pero lo que nos extraña que, al contrario de otras comunas que están en la misma situación como Coquimbo y Puerto Varas, en Pucón no se ha visto una posición clara del concejo municipal y el alcalde en este tema. No es algo que se haya debatido de frente al público. Y lo único que se sabe es de una sesión privada de videoconferencia entre el alcalde, los concejales, algunos directivos municipales y el gerente local de la compañía.  Con un secretismo que nos parece totalmente injustificado, por cuanto ahora es cuando más que nunca se deben dar señales claras a la comunidad que se preguntan con preocupación si Pucón podrá seguir siendo el mismo con un 25% menos  de su presupuesto anual. 

Llama la atención que no se haya convocado a un concejo extraordinario para debatir los alcances y obtener una posición única frente al tema. La comunidad tiene el derecho a saber la posición de sus autoridades frente a un tema tan relevante. Las salidas son acotadas y pasan (entre otras) por hacer fuerzas para cobrar las boletas de garantía (con recursos multimillonarios que irían a parar a las arcas municipales), hacer lobby para que la empresa tenga más tiempo, entregarle más años a la actual concesión, abogar porque asuma quien perdió el concurso, etc. Independiente de los alcances y posibilidades legales de cada opción (los abogados locales deben manejarlo ya), insistimos que es necesario saber cuál es la posición de las autoridades en este tema. En este tiempo la ciudadanía demanda transparencia total en las decisiones, sobre todo cuando hay sumas enormes de recursos público (de toda la comunidad) involucrados. Hay demasiado en juego pero con el derecho que tienen las personas de estar informada no se juega.