Fiscalía ofrece salida alternativa a abogado municipal imputado por prevaricación y manejo en estado de ebriedad en toque de queda

Persecutor Héctor Leiva ingresó documento en el que juntaba ambas causas y pidió audiencia para explorar una suspensión condicional del procedimiento.

El pasado martes 19 de noviembre el fiscal de alta complejidad, Héctor Leiva, ingresó un escrito al Juzgado de Garantía de Pucón. En el documento el persecutor solicitó dos cosas: la primera, agrupar en una causa los delitos de manejo en estado de ebriedad en toque de queda y prevaricación imputados al abogado de la municipalidad Christian Águila. Es decir que ambos casos se transformen en una causa con dos delitos. La segunda solicitud de Leiva era fijar una audiencia para explorar la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Es decir, detener el proceso investigativo, poner condicionantes en torno a que Águila no sea formalizado por cualquier delito en un tiempo acotado (uno o dos años) y si eso se cumple, finiquitar y sobreseer el caso. El tribunal acogió ambas solicitudes y fijó para el siete de enero próximo una audiencia para evaluar la suspensión.

El denominado Caso Martabid partió con una denuncia realizada por la ex directora de obras de la municipalidad, Lorena Fuentes, en torno a que Águila habría llegado a un acuerdo con el empresario inmobiliario José Miguel Martabid por una casa sin regularizar que este último posee en el sector Correntoso casi en el límite comunal con Villarrica. Según Lorena Fuentes, el acuerdo favorecía más al empresario que a la misma municipalidad. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio luego de conocido el caso a través de un reportaje de este medio. La causa fue derivada a la Fiscalía de Alta Complejidad, unidad que formalizó a Águila el pasado 25 de septiembre por prevaricación en una audiencia en la que se incluyó también hechos relacionados al acuerdo que el profesional preparó con la empresa Manitoba (del holding Martabid) que facilitaba que la inmobiliaria ejecutara un proyecto habitacional en el sector de la Variante Internacional.

La segunda causa agrupada corresponde a un hecho ocurrido en la madrugada del 26 de abril pasado. El abogado fue sorprendido al conducir un vehículo en estado de ebriedad en horario de toque de queda por la pandemia del coronavirus. Águila fue formalizado y quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir.

De acuerdo al escrito del fiscal Leiva en la solicitud ingresada al tribunal, la idea de agrupar ambas causas obedece al principio de “economía procesal”. Es decir, el principio apunta a no consumir más recursos del sistema de los necesarios para impartir justicia. Si bien el documento no señala cuáles son las condiciones para ejecutar la suspensión; lo más probable es que tengan relación a que el abogado Águila no sea formalizado por cualquier delito en un período de uno o dos años. Además de la imposibilidad de conducir por la suspensión de la licencia.

Manuel Ibarra, abogado de Christian Águila, señaló a La Voz…, que lo más probable es que acepten la suspensión condicional por economía procesal; e insistió en la inocencia de su cliente.

“La Fiscalía ha propuesto una salida alternativa en ambas causa, la de prevaricación y manejo, la salida alternativa es la de suspensión del procedimiento este abogado defensor y su defendido el abogado Cristian Águila van a aceptar esta salida alternativa, en virtud del principio de la economía procesal, ya que estaban seguros de su inocencia”, expresó el profesional de reconocida trayectoria en la capital.

¿Qué es la suspensión condicional?

La suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa a juicio oral, en la que el Ministerio Público ofrece la posibilidad al imputado de suspender la causa por un tiempo determinado (uno a tres años) con algunas condiciones, entre ellas no ser formalizado por cualquier delito. La idea es poder descomprimir el sistema penal y que solo las causas más importantes o mayores (en relación a cargos y penas) lleguen a juicio oral y público. Generalmente se ofrece a imputados primerizos con delitos menores. Si se cumplen las condiciones, la acción penal se extingue, es decir se sobresee al imputado.