Abusos en colegio Carlos Holzapfel: fiscal formaliza cargos por violación e incluye a una segunda víctima

Imputado quedó en prisión preventiva luego de la audiencia celebrada posterior a la entrega voluntaria del ex auxiliar de aseo, quien reconoció que intentó suicidarse dos veces por el cargo de conciencia.

ENTREGA.- El imputado Alejandro Riquelme camina con una capucha y mochila tras su abogado defensor, Alejandro Cox.

Faltaban 15 minutos casi exactos para el mediodía de este miércoles cuando una camioneta Mahindra ingresó al patio del flamante nuevo edificio del Ministerio Público en Pucón. En el vehículo, conducido por el abogado Alejandro Cox, iba el sospechoso por el caso de abusos sexuales en el Complejo Educacional Carlos Holzapfel. El joven, un ex auxiliar de aseo, identificado como Alejandro Riquelme, se bajó tranquilo, se acomodó la capucha de su polerón y el cubrebocas para evitar contagios en la pandemia y caminó junto al profesional hacia el interior de la fiscalía. Ahí lo esperaba el jefe del ente persecutor local, Jorge Calderara; quien unas horas más tarde le formalizaría cargos por abusos sexuales y violación impropia reiterada por dos víctimas. Ambos estudiantes del establecimiento en el tiempo en que ocurrieron los hechos. El imputado, por cierto, quedó en prisión preventiva en la cárcel de Villarrica.

El caso saltó a luz pública en noviembre pasado, luego de que el mismo Riquelme confesara sus acciones, primero, ante Carabineros y luego ante las mismas autoridades del colegio, ante quienes también confesó el consumo de drogas y problemas personales que arrastraba por años y que lo llevaron a cometer este tipo de acciones. De hecho, en la audiencia de formalización de cargos el fiscal Calderara reveló que el ex auxiliar reconoció que intentó suicidarse en dos oportunidades por el cargo de conciencia que sus acciones le traían. En el colegio, por cierto, se abrió una investigación sumaria que terminó sin responsabilidades administrativas.

De acuerdo a fuentes al interior de la investigación, el fiscal Calderara había solicitado la orden de detención la semana pasada luego de tomar declaración a una de las víctimas. En todo caso, Riquelme decidió entregarse por sus propios medios y así poder configurar una atenuante que le ayudara a evitar la prisión preventiva. Pero no fue así debido a que el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y decretó la privación de libertad mientras dure la investigación que tiene un plazo de tres meses.

“El Tribunal de Garantía ha dispuesto que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que los hechos son graves, reiterados en el tiempo y, además, han afectado a dos menores que a la fecha en que ocurrieron los hechos eran alumnos del colegio Carlos Holzapfel y, por lo tanto, se entendió que la medida proporcional a estos hechos no es otra que la prisión preventiva”, explicó Calderara.

El abogado querellante, Freddy Apablaza, quien representa a la familia de una de las víctimas señaló estar satisfecho con la decisión del tribunal y que esto le trae algo de tranquilidad a la familia del menor. “Habían bastantes antecedentes de que, efectivamente, los delitos se cometieron y la prisión preventiva es una muestra de que habían antecedentes serios y concretos en la carpeta investigativa de que los hechos son constitutivos de delitos y que el autor es el imputado y que, por ende, se le otorgó la máxima cautelar que es la prisión preventiva”, explicó Apablaza, quien agregó: “la familia sabe que esto es un proceso más largo, pero les da tranquilidad a ellos y al menor el hecho de que el imputado esté detenido y en prisión preventiva porque sienten que se comienza a hacer justicia”.

Ahora la fiscalía y la policía deberán investigar si es que existen más víctimas u otros delitos asociados al hecho —como el tráfico de drogas— y así acumular antecedentes para una eventual futura acusación y un juicio oral y público en el que se definirá si Riquelme es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.