Suspendida directora de Finanzas de la municipalidad acusa hostigamiento y demanda a la institución por $80 millones

María Victoria Román relata una serie de situaciones complejas que describe como maltrato laboral. Todo esto en el bullado y controvertido proceso de la conformación de la nueva planta municipal.

El conflicto por la denominada planta municipal pareciera estar viviendo sus coletazos finales. Aunque no por eso menos fuertes. Eso, ya que luego de que la Contraloría rectificara el proceso de acomodo de los nuevos cargos y acogiera los requerimientos de quienes reclamaron; en la última semana se abrió un nuevo flanco. La suspendida directora de finanzas María Victoria Román ingresó una demanda laboral en la que pide $80 millones de indemnización por lo que considera una vulneración de sus derechos como trabajadora del municipio. En ella acusa maltrato laboral y hostigamiento. Todo esto previo a estar suspendida por más de seis meses de sus funciones. 

La demanda, patrocinada por los abogados Luis Mercarini y Alejandro Alarcón, enfoca principalmente en el bullado y controvertido proceso de la nueva planta municipal que se manejó durante 2018 y entró en funcionamiento a partir de 2019. Y es en ese contexto que el documento revela una serie de acusaciones y situaciones complejas que, según ella, se vivieron en todo el proceso. “A partir del mes de diciembre del año 2018 comienzan a desarrollarse una serie de actos de hostigamiento y maltrato laboral, los que se siguen aplicando de manera permanente hasta el día de hoy, manteniéndola marginada de sus funciones, emitiendo resoluciones que le imponen sanciones injustas e improcedentes, fundadas en hechos falsos, procediendo de manera arbitraria tanto en la imposición de sanciones, como en la omisión de las anotaciones de mérito a las que tenía derecho”, sostiene la demanda, la que en el párrafo siguiente agrega: “A partir del inicio del año 2018 el municipio se avocó a la tarea de iniciar el proceso de re-encasillamiento del personal municipal, y confeccionar la nómina de la nueva planta que regiría a partir del año 2019. Todo ello era necesario por la creación de nuevos cargos, por ascensos de cargos y grados en la escala de remuneraciones, y una nueva estructuración de su planta de personal, todo ello en conformidad a la legislación vigente, en especial de acuerdo a la ley 20.922 que modificó las disposiciones aplicables a los funcionarios municipales, y entregó nuevas competencias a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa”.

El documento sostiene que María Victoria Román debía jugar un papel importante en el proceso, ya que ella poseía capacitación específica sobre la materia. Y la labor se sustentaba en una serie de principios como el respeto a la carrera funcionaria y al ordenamiento correcto de todos los funcionarios en los grados y asignaciones que correspondía. De acuerdo a lo que señala el requerimiento, esto no fue así: “Ello no ocurrió así, pues pese a que durante todo el proceso de elaboración de la nueva planta municipal ella fue alertando en forma constante y debidamente documentada de los errores, inequidades, injusticias y transgresión de normas legales y reglamentarias, no fue escuchada, y se procedió a confeccionar una planta que fue sometida a la aprobación del concejo municipal, sin considerar sus observaciones. La verdad es que la planta se elaboró entre pocas personas que nunca quisieron realmente escucharla, pues le molestaba su rigurosidad y conocimiento del tema”.

El requerimiento de la funcionaria repasa en detalle el proceso de aprobación de la nueva planta y relata el momento del debate que se generó en el concejo municipal del pasado 20 de diciembre, fecha en la que la nueva planta se rechazó en principio; aunque se aprobó al día siguiente en una operación en la que el alcalde Carlos Barra trabajó personalmente cada voto con los concejales. “Cuando llegó el momento de aprobar la nueva planta del personal municipal, en una sesión del Concejo Municipal de fecha 20 de diciembre de 2018 la demandante manifestó sus reparos, debiendo corregir públicamente, frente al Concejo, al propio alcalde quien seguramente lo consideró una especie de afrenta”, dice la demanda, y luego agrega: “En esa oportunidad, ella (se refiere a la demandante María Victoria Román) expuso detalladamente las distintas experiencias de otros municipios. Detalló las observaciones formuladas por la Contraloría el 17 de diciembre del mismo año, denunciando que ella había sido excluida del comité bi-partito, representando otras omisiones en que había incurrido el Alcalde, entre ellas, que hace tres semanas tenía en su poder carpetas relacionadas con tres funcionarios que deberían ascender de grado de acuerdo a la nueva planta tomando en cuenta el actual encasillamiento, pero que habían sido excluidos por la autoridad municipal”.

 

Pago de remuneraciones

El texto continúa con el relato del proceso y señala que una vez que se aprobó la nueva planta (pese a las objeciones de Román) se debía pagar las remuneraciones con los nuevos grados. En rigor, un aumento de sueldo. El punto es que, según lo que ella señala, para hacer efectivos los pagos se necesitaba que el alcalde generara unos decretos que debía emitir a la dirección de Administración y Finanzas para su visación y eso, de acuerdo a la demanda, no ocurrió.

“Como tales decretos —se explica— no fueron dictados ni visados, nuevamente nuestra representada lo representó a la autoridad municipal, tanto en el mes de enero como en el mes de febrero. Observó, además, que no había sido corregido aún el factor encasillamiento en la nueva planta, particularmente respecto de tres funcionarios, el sr. Patricio Ibáñez Hidalgo, doña María Arriagada Cárdenas y don Cristián Martínez Sanhueza (cuñado de la demandante)”. 

Todo esto, según la demandante, complicaba en particular a otro funcionario: Juan Antonio Ulloa. De acuerdo al texto, Ulloa pasaba de recibir un sueldo de $500 mil mensuales a otro de $2 millones. “Esta situación, era del todo irregular, pues según la ley no correspondía semejante ascenso para este funcionario, tanto por su improcedencia, como porque el ascendido no reunía los requisitos exigidos para el nuevo cargo en que había sido asignado. Naturalmente esta situación fue nuevamente representada por nuestra mandante a la autoridad municipal, haciéndole presente que con este proceder se afectaba directamente la carrera de otros tres funcionarios, doña Cecilia Sanzana Obreque, Clemente Carrasco Godoy y Rubén Zapata San Martín (los más antiguos del municipio), quienes ante la información y advertencia de la demandante, reclamaron de esta situación”, acusa la demandante.

La demanda señala que, a raíz de lo anterior, Ulloa ingresa una denuncia por la oficina de partes de la municipalidad en la que acusa a María Victoria Román de interferir en el proceso y no abstenerse de participar en la elaboración de la nueva planta, debido a que también el cuñado de Román, Cristián Martínez, era parte del proceso y podría ser afectado por las decisiones tomadas. Según los representantes de la demandante, la denuncia carecía de todo sustento y se constituyó, en los hechos, en una forma de “sacarla del medio” ya que su presencia impedía dar curso a la nueva planta sin las modificaciones que ella planteaba y a las que finalmente la Contraloría dio lugar: “La denuncia no tiene base legal, carece de todo mérito, pero sin duda constituyó una maniobra destinada a sacarla de su cargo de Directora de Administración y Finanzas, y destrabar de ese modo la aplicación del re- encasillamiento del modo que se había fraguado, y se produce la oportunidad ideal para que se comenzaran a producir los actos de hostigamiento en contra de la actora, vulneratorios de sus derechos fundamentales como se indicará más adelante”.

Así las cosas, el 22 de febrero, María Victoria Román —según se lee— se niega frente al alcalde nuevamente a visar los pagos de la nueva planta, mientras no le sean remitidos los decretos edilicios que daban curso a la nueva planta. “Ese mismo día, y en forma casi coetánea, a las 15:30 horas, el Alcalde designa a la Directora de Obras Lorena Fuentes Espinoza fiscal y actuaria a Doña Yessica Leiva Mora, las que mediante acta de notificación de su Resolución por la que disponía la instrucción de un sumario en su contra, a causa de la denuncia efectuada por el funcionario Juan Antonio Ulloa García”, se lee en el documento. El relato continúa y, luego de un intento fallido de recusar a la fiscal a cargo, María Victoria Román fue suspendida de su cargo debido al sumario al que estaba siendo sometida: “A partir de esa fecha se ha mantenido a la demandante sometida a un sumario originado por la denuncia de Juan Ulloa, suspendida de sus funciones directivas como medida dispuesta por la Fiscal, logrando su propósito de sacarla del ejercicio de su cargo que entrababa la aplicación de la nueva planta y el pago de los nuevos sueldos que se habían asignado de modo tan irregular”.

En ese punto la demanda concluye: “Por la forma en que ha sido sacada de su cargo, por el largo tiempo en que se la mantiene suspendida de su ejercicio, se ha dañado severamente su imagen profesional de reconocida excelencia, afectando sus futuras calificaciones, su dignidad, afectando seriamente su integridad física y psíquica, todo lo cual ha sido causado por la aplicación de una medida tan extrema, que produce tanta deshonra frente a sus pares y comunidad, como la de marginarla de sus funciones”.

Al finalizar, la demanda exige que se termine la suspensión, se elimine una anotación de demérito que el alcalde realizó en su contra (por otra situación) mientras ella estaba suspendida y se agrega una anotación de mérito por una capacitación que Román realizó con anterioridad. “Se debe ordenar la reparación de los daños morales y subjetivos que le han sido causados, tanto por la larga separación injusta de su cargo, como por la discriminación y hostigamiento de que ha sido objeto, todo lo cual la ha conducido a un cuadro depresivo, cuya única causa se encuentra en el injusto proceder de la autoridad municipal como su empleadora”, se lee y agrega: “Todo lo obrado en su contra que se ha descrito constituye una conducta atentatoria en contra de su honra, afectando también su salud mental, provocando una profunda depresión, estrés y angustia, no solamente por el trato vejatorio y desconsiderado, sino por un procedimiento investigativo abusivo, ofensivo a su condición humana y profesional”.

Si bien la demanda aún no es acogida por el tribunal (fue ingresada recién el 29 de agosto pasado); resta conocer las notificaciones y qué abogado de la municipalidad asumirá la representación. Eso, debido a que la Unidad Jurídica se encuentra vacante luego de la salida de Bhama Zúñiga.

 

* Nota dela redacción: si quiere leer la demanda completa, haga click aquí.