Terrazas en la calle: comerciante recurre de protección y la Corte da orden de no innovar

El representante del restaurante Krater ingresó la acción judicial que el tribunal de alzada declaró admisible y acogió, además, una solicitud para que la acción administrativa de la municipalidad en contra del recurrente se mantenga suspendida. Otros empresarios podrían seguir este camino. 

SE MANTIENE.- La Corte de Apelaciones dio una orden de no innovar la que, en los hechos, permitirá que la terraza del Krater siga ubicada en la calle mientras se tramita la causa.

Tal como lo adelantaron los mismos dirigentes gremiales, la decisión de sacar las terrazas de los restaurantes de las calles generaría acciones judiciales. Y así fue. Esto, porque a la Corte de Apelaciones llegó un recurso interpuesto por dos dueños de locales gastronómicos el que fue declarado admisible y, además, les fue otorgada una orden de no innovar. Es decir la municipalidad no puede hacer cumplir el mandato de retiro de las infraestructuras de quienes interpusieron el recurso. Se trata de los restaurantes Krater y Beanies & Bikinis; aunque este último desistió de la acción ya que, en los hechos, su terraza no estaba sobre la calle sino que en un área de estacionamientos y puede mantenerla operativa.

El recurso en cuestión repasa la historia, en general, de los restaurantes en el período de la pandemia. Apunta, entre otras cosas, al desmedro económico sufrido por los cierres y confinamientos a los que Pucón se vio enfrentado. Además, al permiso de la municipalidad para usar las calzadas para instalar terrazas y luego techarlas para compensar, en parte, lo perdido en el tiempo de la crisis provocada por la pandemia. Todo esto, por cierto, con un elevado gasto de inversión para los comerciantes; el que se vería desperdiciado con el decreto de fecha límite que expiraba con el fin del estado de excepción constitucional que se materializó a principios de octubre. 

“El retiro en esta época del año, entrando recientemente en situación de “normalidad”, es completamente perjudicial para nosotros como comerciantes del área gastronómica, ya que si bien es cierto, se terminó el “estado de excepción constitucional”, no se han terminado las medidas restrictivas de salubridad, tales como el distanciamiento social, el que es obligatorio y del cual estamos siendo constantemente fiscalizados por la autoridad sanitaria a fin de comprobar que estamos cumpliendo con toda la normativa vigente, la cual se mantendrá por mucho más tiempo”, se lee en el recurso, el que agrega: “Otro punto importante que se ve afectado al tener que retirar las estructuras, es la pérdida de trabajo que sufrirán varias personas residentes de la comuna, toda vez que el aforo que se podrá atender en los respectivos locales se verá fuertemente disminuido, por lo que ya no será necesario contar con el mismo número de personas que trabajan hoy en día y además de esto, nuestros ingresos nuevamente se verán rebajados, lo que nos dificultará poder incurrir en el pago de sueldos”.

El recurso, que considera la acción de la municipalidad como “ilegal” y “arbitrario, pide en los hechos que la municipalidad suspenda el retiro de las infraestructuras y que, tal como lo solicitaron el gremio en su totalidad, se les deje trabajar en esas condiciones hasta la Semana Santa del 2022: “Se trata de la imposición de un plazo muy precario, decidido de manera unilateral por parte de la recurrida no existiendo, en la práctica, ninguna razón legítima que sirva de sustento para no poder prorrogar o negociar con los locatarios a fin de evitar este desmedro económico, que en la eventualidad de tener que cerrar definitivamente nuestros locales, generaría menos ingresos para la Municipalidad, ya que de tener que quitar las terrazas en el precario plazo que se nos impone, nos generaría un mayor costo económico, al que se me quiere forzar”. 

Todo lo anterior, además, con una orden de no innovar que, en los hechos, impide a la municipalidad ejecutar la orden de retiro de la terraza del recurrente (en este caso el restaurante Krater, cuyo representante es Jorge Calcumil). Si bien el recurso y la orden de no innovar que otorgó la Corte de Apelaciones beneficia solo al Krater, desde la municipalidad miran con detención el devenir de la acción judicial, ya que hay otros comerciantes que podrían iniciar el mismo camino con similares resultados. Es decir, los comerciantes que lo hagan podrían ganar tiempo —independiente del resultado final en la Corte— para tratar de recuperar la inversión realizada en las terrazas.

Consultados los concejales sobre este tema, Daniela García (independiente electa en cupo PPD) sostiene que era esperable que algunos restauranteros fueran a la Corte para tratar de revertir la situación. “Ellos están en su derecho de usar todos los recursos legales. Como en varias otras instancias, el proceso ha sido poco claro y esto es una de las consecuencias. En reunión de comisión fui la única que propuso una manera, basada en la voluntad política, de tratar de conseguir extensión de permisos para terrazas en la calzada sin embargo mi propuesta no tuvo acogida”, sostiene la edil y luego agrega: “En estricto rigor esto depende del MOP y solo el Alcalde podría apelar a una  extensión de permisos”.

Una opinión similar tuvo la independiente (electa en cupo DC) Verónica Castillo. “Nuestro sector gastronómico debe hacer lo que le corresponde. Si consideran ir al Poder Judicial están en su derecho como ciudadanos libres que somos. Ahora si la Corte declara que  es admisible el recurso, entonces es lo  justo  para nuestra nuestra gente”, dice la concejal Castillo.

En tanto, el RN Cristian Hernández, quien apunta que lo que se vive en este conflicto es el resultado del poco diálogo entre los actores del mismo. “Vemos nuevamente un ejemplo claro del poco diálogo y cohesión histórica comunal. Entre dos de las partes fundamentales para desarrollar el destino y revertir lo perdido por la pandemia. Hago un llamado al municipio y el comercio gastronómico a sentarse en la mesa, aunar criterios y buscar consensos. Si puedo aportar en ello, estoy disponible”, argumenta Hernández para luego agregar: “La fiscalización rígida, la sanción inmediata, partes y multas; versus los recursos, demandas y resquicios jurídicos no son el camino correcto”.