Concejales catalogan como una “burla para la comunidad” la recontratación del ex administrador municipal

Ediles ingresaron su respuesta a la Corte de Apelaciones en la causa que se generó en el recurso de protección interpuesto por Rodrigo Ortiz luego de su remoción.

La polémica por la remoción del ex administrador municipal, Rodrigo Ortiz, se trasladó a los tribunales. Esto, luego que el funcionario de confianza del alcalde Carlos Barra interpusiera un recurso de protección por la acción de cinco concejales, quienes acusaron que Ortiz perdió la confianza de los ediles por una serie de acciones de carácter administrativo plasmados en diferentes informes de Contraloría. Todo esto a finales de 2021. Pero luego de conocerse que el jefe comunal decidió recontratar al funcionario en otro cargo al interior de la administración pública local, los concejales sostuvieron —a través de un escrito en la misma Corte— que esto último era “una burla para la comunidad de Pucón” y para quienes propiciaron su salida.

Las palabras de rechazo a la acción de Barra quedaron refrendadas en la respuesta que los cinco concejales (Ricardo Cortés, Armin Avilés, Daniela García, Verónica Castillo y Claudio Cortez) recurridos por Ortiz, hicieron llegar al mismo tribunal de alzada temuquense. El documento, que se puede bajar a través de la web del Poder Judicial, responde al recurso presentado por Ortiz, y apunta a que todo el movimiento de remoción se hizo ajustado a la norma que regula el procedimiento. Pero también apunta a la recontratación del funcionario, lo que es tomado casi como una afrenta.

“Estos recurridos estiman importante y necesario poner en conocimiento de esa ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, que el ex administrador don Rodrigo Ortiz Schneider fue recontratado por el Sr. alcalde la municipalidad de Pucón en otro cargo, el mismo día de su remoción, con una remuneración asimilada al grado 8 profesional”, se especifica en el documento, en el que luego se agrega: “Lo que es una burla para la comunidad de Pucón y en especial para estos concejales que solo han cumplido con su deber de fiscalización”.

Rodrigo Ortiz, según un decreto que se adjunta en la causa que se ventila en la Corte, fue contratado desde enero a junio como “encargado de los servicios incorporados a la gestión municipal” y dependerá directamente de la alcaldía en un grado 8 que incluye una remuneración de un poco más de $2 millones bruto mensuales. Carlos Barra, en tanto, no ha nombrado a un nuevo administrador y podría no hacerlo, según cercanos.