La determinación que debe tomar el nuevo alcalde por el cobro de más de $35 millones a los (ex) concejales

• La situación en contra de los ediles de la administración anterior por el pago al ex administrador, Rodrigo Ortiz, luego de su fallida remoción, nunca se zanjó por parte de Carlos Barra. Por lo mismo, es Sebastián Álvarez quien debe definir el camino a seguir y si persigue o no el reembolso. 

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A casi una semana de asumir como alcalde de Pucón, hay una serie de elementos que el nuevo jefe comunal, Sebastián Álvarez, debe atender que vienen de la pasada administración. Y una de ellas es la definición del cobro de un poco más de $35 millones a cinco concejales: Verónica Castillo, Armin Avilés, Claudio Cortez, Ricardo Cortés y Daniela García. Los tres primeros siguen en la mesa de los ediles, luego de la elección de octubre. 

El proceso se inició en las últimas semanas de la administración del ex alcalde Carlos Barra, y tiene que ver con el pago al ex administrador, Rodrigo Ortiz; quien fue removido de su cargo (con los votos de los cinco concejales) y luego reintegrado por orden de la Corte de Apelaciones. Pero además del reintegro el tribunal de alzada (ratificado posteriormente por la Suprema) ordenó el pago retroactivo del sueldo de Ortiz, que en total sumó $35.679.691.

Si bien el asunto fue tema de discusión, a veces acalorada, en los últimos concejos municipales liderados por Barra; éste nunca firmó los decretos que posibilitaban el cobro. De hecho, hubo una serie de informes jurídicos que respaldaban el cobro. El último de ellos, fechado el 29 de noviembre (una semana antes del cambio de mando) establecía la forma del cobro. “Procede iniciar el correspondiente proceso administrativo para obtener el cobro de dicho monto, para lo cual será necesario, concretamente, dictar el acto administrativo que así lo disponga, debiendo incluso evaluar la concurrencia a instancia judicial si dicho pago no es voluntariamente efectuado”, se leía en el documento. El problema es que Barra nunca inició el proceso.

Ahora, con los antecedentes documentados y dos de los concejales (Cortés y García) fuera del poder político al no postular a la reelección, Sebastián Álvarez debe decidir los pasos a seguir y qué implicancias legales y políticas tienen sus decisiones. Por lo mismo, según se supo, el tema está en análisis jurídico de parte de la nueva administración. Si bien aún no se toma la decisión de ejercer el cobro o no; cercanos al jefe comunal sostienen que se debe hacer lo que la ley exige. 

Lo que debe definir, explican las fuentes consultadas, si es que Álvarez tiene margen o no para la decisión. O debe obligatoriamente perseguir el pago. También hay que esperar las reacciones de los concejales actuales y de los dos que ya no están. Esto último por la posibilidad cierta, de hacerse efectivo el cobro, judicializar el proceso y abrir un eventual flanco de conflicto entre el alcalde y los ediles.