Una tragedia que exige respuestas, no verdades anticipadas

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La muerte del estudiante de la Universidad de La Frontera, Marcelo Nicolás Fuentealba Chávez (34), durante una actividad académica de rafting en el río Liucura es, antes que todo, una tragedia. Como comunidad, solidarizamos profundamente con su familia, sus amigos, sus compañeros y con toda la comunidad educativa de la UFRO. Nada de lo que venga después puede hacer olvidar el dolor de quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable.

Precisamente por respeto a ellos, corresponde que las instituciones hagan su trabajo con seriedad y prudencia. Una tragedia accidental no significa necesariamente que no existan aspectos que deban revisarse. Al contrario, estos hechos deben convertirse en una oportunidad para identificar eventuales incumplimientos, revisar protocolos, evaluar procedimientos y preguntarnos incluso si algunas normas o reglamentos siguen siendo adecuados para las condiciones actuales de una actividad tan particular como el turismo aventura.

Por eso nos preocupa el apresurado despliegue de la Municipalidad de Pucón y de algunos medios locales y regionales para afirmar que no existirían incumplimientos. Es una conclusión particularmente temeraria cuando la propia Universidad de La Frontera (UFRO) ha optado por abrir un sumario y una auditoría interna, mientras el Ministerio Público ya desarrolla una investigación destinada precisamente a determinar si existieron eventuales responsabilidades. 

La pregunta no es solamente si el lugar estaba habilitado para navegar. También corresponde establecer qué controles existían, quién debía ejecutarlos y si fueron efectivamente realizados. ¿La universidad informó previamente la actividad? ¿Existió comunicación formal? ¿Se verificaron las condiciones para realizarla ese día? ¿Existió fiscalización municipal? ¿Se otorgó el zarpe correspondiente? ¿Era necesario hacerlo? ¿Se cumplieron íntegramente los protocolos establecidos por la propia municipalidad en su normativa sobre la materia? Todas esas preguntas son parte de la investigación. Y precisamente por eso no corresponde responderlas anticipadamente.

Una autoridad pública debe ser especialmente cuidadosa cuando puede existir alguna esfera de responsabilidad institucional involucrada. Afirmar prematuramente que no hubo incumplimientos puede terminar siendo interpretado, injustamente o no, como un intento de cerrar antes de tiempo una discusión que recién comienza.

No estamos diciendo que exista responsabilidad municipal. Tampoco que exista responsabilidad de la universidad, de los docentes o de los operadores. Eso deberá determinarlo la investigación. Estamos diciendo algo mucho más sencillo: dejemos que las instituciones funcionen.

Que la fiscalía investigue. Que la universidad realice su sumario y auditoría. Que la municipalidad revise internamente sus propios procedimientos y determine si sus protocolos fueron aplicados y fiscalizados como correspondía. Después habrá tiempo para sacar conclusiones.

Hoy, frente a una vida perdida, lo mínimo que podemos exigir es prudencia, transparencia y verdad. No necesitamos verdades absolutas construidas sobre informaciones todavía relativas. Necesitamos respuestas fundadas, responsabilidades determinadas cuando corresponda y, sobre todo, garantías de que una tragedia como esta sirva para evitar que vuelva a ocurrir.

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