El mea culpa de la directora de Vivienda por lista para departamentos: “Ahora entiendo que no debió haberse hecho de la manera que se hizo”

Verónica Castro se presentó ante el concejo municipal, explicó que todo fue realizado de buena intención para beneficiar a gente de Pucón. Concejal que denunció acogió y validó posición de la funcionaria.

Verónica Castro se presentó la mañana del martes en el concejo municipal.

La director de la oficina de Vivienda de la municipalidad, Verónica Castro, buscó aclarar en el concejo municipal cómo se gestó y llevó adelante el manejo de la demanda en el cuestionado proyecto habitacional de la empresa Manitoba (parte del holding Martabid), Condominio Caburgua y el por qué diseñó una lista con potenciales beneficiarios para adjudicarse departamentos, que provenían de la misma municipalidad, carabineros y de la empresa Eltit. Todo esto, tal como se señaló en este medio, es parte de la indagatoria que lleva adelante la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de Temuco en el contexto del denominado “Caso Martabid”. Este último apunta a la posibilidad de eventuales delitos funcionarios que se puedan dar en la relación entre funcionarios municipales y la empresa inmobiliaria y partió con la denuncia realizada por la ex directora de Obras Municipales, Lorena Fuentes, en torno a la casa del empresario José Miguel Martabid (dueño del holding) que excede los permisos de construcción otorgados y que durante el proceso sancionatorio el abogado municipal, Cristian Águila, habría llegado a un acuerdo que favorecía más al empresario que a la propia administración pública local.

Y luego de explicar en detalle en qué consiste el proyecto de Manitoba y apuntar que el paraguas legal que lo sustenta es el decreto 19 del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el que apunta a la clase media y a la integración con sectores vulnerables; la directora Castro hizo una especie de mea culpa al reconocer que quizás se se equivocó en las formas al generar la lista, la que —aseguró— fue una idea propia hecha con la intención de favorecer a postulantes puconinos. “Este famoso listado nace por la capacidad de captar demanda, indistintamente, fuera de la municipalidad y del público en general”, dijo la funcionaria y agregó que no tenía mayores antecedentes de las características del proyecto. 

Según ella, pese a que la idea apuntaba a que los beneficiados sean puconinos, hizo una especie de mea culpa asumió que se pudo manejar de manera diferente: “Yo quería adelantarme y tener un trabajo que, en realidad, ahora entiendo que no debió haberse hecho de la manera que se hizo”. Castro reveló que el 9 de febrero envió un correo a la empresa Eltit para solicitarle al jefe de personal un listado de personas que cumplieran con los requisitos que enmarcaba a los postulantes del beneficio. Es decir, potenciales compradores de departamentos en el proyecto de Manitoba. Lo mismo, aseguró, realizó a través de un correo al administrador municipal en la que le pedía un listado con funcionarios que cumplieran con los requisitos. Sobre el por qué a Carabineros, Castro señaló que eso se dio por lo que definió como una “demanda espontánea”. Además aclaró que su intención era ir a los hoteles y a diferentes empresas locales, pero que una vez que el tema comenzó a crecer en polémica, desistió. Reiterando, eso sí, que la única intención era darle una solución habitacional a la gente de Pucón.

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Los concejales, en tanto, no realizaron mayores cuestionamientos al por qué se había realizado la lista o bajo qué criterios se había diseñado de esa forma, solo con funcionarios municipale, de carabineros y de Eltit. Es más, Julio Inzunza, quien realizó la denuncia públicamente, asintió cada afirmación de la funcionaria a quien trataba con cercanía (“Verito”, le llamaba) y asumió que todo el proceso se había realizado de manera bien intencionada. Por cierto no presentó mayores reparos a la explicación. “La intención que ha habido es colaborar”, concluyó Inzunza, quien había criticado con anterioridad duramente el proceso.

Natalio Martínez, en tanto, le hizo una consulta que podría resultar clave para entender el problema: si ¿no se había pensado en hacer un llamado abierto?, a lo que Castro señaló que no lo hizo porque no tenían mayores antecedentes de los montos y valores de cada unidad habitacional.

El tema, por cierto, sigue como uno de los elementos que debe dilucidar la indagatoria que lleva adelante la PDI y la Fiac en torno a la relación de funcionarios públicos y la empresa. De ésta no hay mayores detalles sobre eventuales formalizaciones de cargos.