El “zapato chino” del casino Enjoy: municipalidad busca asegurarse el pago de casi $500 millones de 2020

En un escenario complejo en medio de la pandemia y luego del “estallido social”, la industria le apunta al cambio de reglas del juego que le permitan salvar las operaciones. En Pucón, el tema es aún más incierto porque la materialización del nuevo centro de juegos se diluye.

La situación de los casinos, en general, en Chile es compleja. Y la de Enjoy es aún más. Esto luego de conocerse que la empresa, ligada históricamente a la familia Martínez, inició un proceso de reorganización de deuda para evitar la quiebra y que, además, solicitó a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) terminar con las concesiones de los nuevos casinos municipales de Puerto Varas, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón. Es decir, el proyecto del nuevo centro de juegos para la comuna queda —prácticamente— en fojas cero. Y como si eso fuera poco, la municipalidad local también está al pendiente de los casi $500 millones que la empresa debe pagar este año a la administración pública local en el contexto de la actual concesión. Y así como están las cosas, la posibilidad de ingresar esos recursos a las alicaídas arcas municipales podría diluirse. 

Por lo mismo, la municipalidad local busca asegurar, a lo menos, el pago de los dineros de este año y, según comentaron fuentes conocedoras del tema, apuntarán a que la empresa se acoja a una póliza de seguro por la deuda cercana a los $500 millones que la compañía tiene comprometida para este 2020. En todo caso, consultados algunos conocedores del mercado, estiman que es una posibilidad algo incierta debido a que si la compañía está en proceso de reorganización judicial, es probable que la municipalidad deba ponerse en la fila de los acreedores y esperar la cancelación de los dineros. Eso, sin contar que es altamente complejo encontrar una empresa aseguradora que asuma el riesgo en un mercado incierto con actores en posiciones debilitadas.

Por otro lado, también se supo que desde la municipalidad saldrán sendos oficios a la SCJ y al ministerio de Economía para manifestar la preocupación por la situación que vive la empresa. Trascendió también que las cuatro municipalidades que afrontan el problema de la cancelación de la licitación —Pucón, Puerto Varas, Viña del Mar y Coquimbo— actuarán como un único frente de acción. La idea es que las operaciones en las ciudades no se detengan una vez que las medidas restrictivas que operan sobre los casinos en el contexto de la pandemia dejen de estar vigentes. Es en ese contexto que la idea de entregarle más tiempo a la empresa para que materialice los proyectos no es algo que se haya descartado.

En todo caso, la decisión sobre Enjoy y el resto de la industria casinera, que ha manifestado la imposibilidad de seguir operando en las actuales condiciones y han pedido que las actuales concesiones se mantengan activas (parten las renovaciones de varias de ellas este año) por, a lo menos, cinco años más, depende de otros estamentos. Es decir, cualquier cambio en los tiempos y en la forma de la operación, pasa necesariamente, por cambios legales que le den espacio a la SCJ para operar en favor de la industria completa. Y ahí el tema debería discutirse en el Congreso. 

En lo que respecta a la solicitud que hizo Enjoy a la SCJ para que esta instancia estatal le permita abandonar las nuevas licitaciones con el argumento de que el escenario cambió  a causa del denominado “estallido social” y la pandemia del coronavirus, la empresa buscaría —en el fondo— poder salir del compromiso sin la obligación de pagar las boletas de garantía que en el caso de Pucón ascienden a US$13 millones ($11 mil 667 millones). La idea de esta cifra es poder cubrir, eventualmente, tres años de impuestos municipales y estatales, si es que no se materializa lo prometido en la licitación y así entregar tiempo para una nueva. En el peor de los casos, si la empresa quiebra y la boleta no es respaldada y pagada, el municipio local enfrentaría un escenario más que complejo, ya que los ingresos del casino (ahora unos $2.100 millones anuales y eventualmente $3.000 millones prometidos en la nueva —ahora fallida— licitación adjudicada a Enjoy) no ingresarían a las arcas municipales. Y eso corresponde a un poco más de 20% del presupuesto local. El golpe para la administración del alcalde Carlos Barra sería demasiado fuerte para afrontar años que podrían ponerse más que difíciles por los efectos económicos que dejará el virus.