Concejal del PPD y formalización de abogado: “El daño a la imagen de la municipalidad de Pucón ya está hecho”

El edil del PPD apuntó a los efectos del caso que tiene como imputado a Christian Águila y sostuvo que la situación golpea el prestigio y la credibilidad de la institución.

El concejal del PPD Juan Carlos Gallardo reaccionó al anuncio de la formalización del abogado de la municipalidad Christian Águila en el contexto del denominado Caso Martabid. El edil sostuvo que la imputación del Ministerio Público por prevaricación en contra del profesional impacta al prestigio y a la credibilidad de todos quienes trabajan en el municipio. 

“Me parece que lo más grave de esta situación es que afecta el prestigio y la credibilidad de todos quienes estamos al interior del municipio. En el caso de quienes ocupamos un cargo político peor aún, basta ver las redes sociales como nos tratan y nos echan a todos en el mismo saco”, explicó Gallardo.

El político de oposición señaló, además, que el daño a la imagen de la municipalidad ya es un hecho: “Situaciones como esta dañan la percepción que tiene la gente del municipio y sus funcionarios. Los tribunales fallarán pero el daño a la imagen de la municipalidad de Pucón ya está hecho”.

Su par de la DC, Omar Cortez, fue algo más neutro en su opinión, aunque valoró que los plazos para que “se conozca la verdad” están más acotados. “Ha sido una espera muy larga de una investigación que escapaba a mi capacidad de fiscalización como concejal. esperemos que finalice pronto, pero lo más importante, es que se acercan los plazos en los que tendremos la verdad”, sostuvo el representante de la DC, quien luego agregó: “Con esa verdad establecida, el alcalde deberá informar y explicar los motivos del actuar de un asesor tan cercano como el abogado”.

Desde la municipalidad no quisieron profundizar en el tema; aunque se supo de algunas reuniones de análisis del caso al interior del municipio. Las fuentes consultadas señalaron a La Voz…, que existe confianza que Águila saldrá bien parado del proceso y que el delito no podrá ser probado en un eventual juicio.