Toma en Las Pendientes: nuevo grupo irrumpe en el terreno y profundiza la crisis habitacional

Familias ingresaron al lugar y comenzaron a trabajar sobre los escombros de la reciente demolición de las casas que estaban a medio terminar y se proyecta un asentamiento en el corto plazo. El representante legal de la empresa dueña del terreno dice que espera que Carabineros actúe y que de no hacerlo se ponen en peligro otros proyectos inmobiliarios.

Faltaban minutos para las once de la mañana cuando un grupo de alrededor de 20 personas ingresó al terreno ubicado a un costado de la Villa Las Pendientes. ¿El objetivo? Ser parte de la toma que comenzó en el lugar el pasado nueve de marzo y que dejó a un grupo familiar en tres casas a medio terminar, pertenecientes a la última etapa de un proyecto desarrollado por la empresa Casas Cordillera de Pucón, cuyo representante legal es el ex jefe Jurídico de la municipalidad, el abogado Edmundo Figueroa. El grupo que ingresó la mañana de este miércoles instaló algunos toldos, encendió una fogata y comenzaron a trabajar en los restos de la demolición de otras 10 viviendas que habían sido demolidas por los mismos vecinos de Las Pendientes para evitar que la toma se agudizara. A la luz de los hechos, el esfuerzo fue inútil.

Si bien un equipo de La Voz… estuvo en el lugar e intentó hablar con las personas que trabajaban en el lugar, ninguno de ellos quiso referirse a la situación. En una transmisión a través de Facebook Live una de las personas señaló que solo eran gente humilde que buscaban una oportunidad para poder vivir. “No queremos nada gratis”, dijo en su alocución, dando a entender que estaban dispuestos a destinar recursos propios, pero que necesitaban con urgencia una solución habitacional. En Pucón, se estiman que son cerca de mil las familias que no tienen un techo propio, siendo este problema uno de los principales que sufre la comuna y que fue tema recurrente en las pasadas elecciones municipales.

El caso de la toma se hizo conocido la primera quincena de marzo, luego de que un grupo familiar ocupara ilegalmente tres viviendas que estaban a medio terminar de  la última etapa del proyecto de Las Pendientes que constaban, en total de 21 viviendas; 14 de ellas iniciadas en su construcción (tres ocupadas y el resto demolidas). Luego de eso, se inició una acción judicial propiciada por el representante legal de la empresa dueña del terreno y de las edificaciones, Edmundo Figueroa. En paralelo, los vecinos ya establecidos demolieron lo que quedaba del resto del grupo de las casas (algunas estaban ya en precario estado de conservación). Con lo de este miércoles, en los hechos, se abre un nuevo capítulo de insospechadas repercusiones y efectos.

El abogado Edmundo Figueroa, sostuvo que esta es una situación que debió ser solucionada de parte de Carabineros cuando comenzó el nueve de marzo. Y que no hacerlo pone en riesgo otros proyectos habitacionales e, incluso, casas de veraneo desocupadas.  “Si bien entiendo que hay un compromiso de Carabineros con solucionar esta toma ilegal (y recalco ‘ilegal’ porque acá no hay ‘derechos ancestrales’, ni contratos de promesa o de lo que fuere sobre las viviendas), en la práctica estos delitos debieran ser solucionados en la etapa de simple flagrancia (cuando se están comenzando a ejecutar)”, dijo Figueroa, quien agregó: “Entonces, no hacerlo en su minuto conlleva  los siguientes riesgos evidentes: incentiva este tipo de conductas ilícitas, pone derechamente en peligro decenas de proyectos inmobiliarios con construcciones a medio terminar, pues pueden ser objeto de delitos similares y pone en peligro las centenas de casas de veraneo desocupadas de la comuna que igualmente pueden ser objeto de tomas. Concluyendo, el no operar en sede de flagrancia, constituye en verdadero atentado a la tranquilidad y normal desarrollo de actividades económicas de la comuna. Hoy son las casas del proyecto Las Pendientes, mañana puede serlo el resto del pueblo”.

Durante la semana, parte del concejo solicitó a la municipalidad que realizara un diagnóstico social a las familias que ocuparon las primeras tres casas. Desde el organismo público señalaron que se iban a analizar los casos  y que proyectarán vías de solución que podrían pasar por postularlos a subsidios de arriendo y agregarlos a algún comité de vivienda. Además de eso, La Dirección de Obras Municipales (DOM) le cursó dos infracciones a la empresa dueña de las casas. La primera por la demolición irregular, ya que no contaban con permisos y la segunda por el uso sin recepción municipal.