Contraloría cuestiona acuerdo entre la municipalidad y la UC por ampliación de dos años del convenio del Ironman

El organismo contralor señala que cualquier decisión sobre este tema debe pasar, necesariamente, por concejo municipal, lo que en este caso no sucedió. La consulta fue realizada por la edil Verónica Castillo, quien apuntó a que el trato incumplía una disposición legal.

A mediados de noviembre del años pasado se conoció que la municipalidad y el Club Deportivo de la Universidad Católica (CDUC) habían decidido ampliar en dos años el convenio que ligaba a la entidad pública local y club de la franja para que estos últimos organizaran el tradicional Ironman 70.3; cuya última versión se llevó a cabo el pasado ocho de enero. De hecho, esta era la última carrera del convenio original firmado en 2016 y que terminaba este 2023; pero que ambas entidades decidieron prorrogar con el argumento de que por dos años, por fuerza mayor, la competencia no se llevó a cabo. En 2020 el evento se suspendió por la crisis social y el siguiente (2021) por la pandemia. La carrera se retomó en 2022.

Pero este último acuerdo fue cuestionado por la Contraloría regional, luego de que la concejala Verónica Castillo hiciera la consulta al organismo. El punto es que la edil ponía en duda que el acuerdo cumpliera con lo exigido en la Ley Orgánica de Municipalidades, específicamente, en el artículo 65, letra K, que exige un acuerdo de concejo para otorgar, renovar o poner fin a concesiones municipales. El argumento fue validado por el organismo contralor. “En consecuencia, la Municipalidad de Pucón deberá regularizar tal situación, requiriendo el acuerdo del concejo en relación a la prórroga de que se trata, dentro de los tiempos indicados en el aludido artículo 65, letra k”, se lee en el documento al que tuvo acceso La Voz… 

Al ser consultada la concejala Castillo por la respuesta de la Contraloría, esta sostuvo que la idea es que los actos administrativos se realicen de la manera correcta. “Contraloría se pronunció y eso me deja tranquila y que las cosas deben realizarse como corresponde. Acá no se trata de ‘trancar la pelota’, y tampoco se trata de encontrar malos todos los actos del alcalde, pero yo como concejala tengo el deber y me debo a la comunidad y entiendo que aquí es un problema de toda la comunidad. No olvidemos que el año pasado tuvimos un suceso con resultados catastróficos y eso a nosotros como concejales, nos hace tener la obligación de revisar y, a mi modo de ver las cosas, aquí se incumplió con un tema legal  y esto me preocupa más aún que el señor alcalde toma una resolución en base a un pronunciamiento jurídico totalmente errado y contrario a derecho”, explicó Verónica Castillo.

La edil insistió en que lo realizado por ella solo es lo que está mandatada a hacer en su rol de concejala: “Acá Contraloría General de la República me está dando la razón, porque si yo no hubiera representado esto, no hubiera pasado absolutamente nada y estaríamos en un acto irregular, contrario a Derecho y que en el fondo todo el mundo se acostumbra y después nadie dice ni hace nada. Es por eso que yo tengo la obligación y lo único que estoy haciendo aquí  es cumplir con el rol y con el deber y obligación que me ha entregado la comunidad y voy a seguir haciéndolo hasta el último día que ejerza como concejala”.