Las claves de la investigación por corrupción en contra del jefe de Rentas y Patentes de la municipalidad de Pucón

• Una serie de documentos y declaraciones recopiladas por la PDI sustentan la solicitud de formalización por fraude al fisco y tráfico de influencias que el Ministerio Público prepara en contra de Juan Antonio Ulloa. También se conocen de varias aristas abiertas en una causa que podría tener efectos y alcances, hasta ahora, insospechados.  

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“No existe denuncia en mi contra, sino en contra de quienes resulten responsables”. Corría agosto del año pasado y con esta frase el entonces precandidato a la alcaldía de Pucón y jefe de Rentas y Patentes de la municipalidad, Juan Antonio Ulloa, salía al paso de una serie de reportajes publicados en este medio en torno a una causa por corrupción que la fiscalía de Pucón tenía abierta desde hacía pocos días. 

Pero al contrario de lo señalado por Ulloa, la causa lo tenía como foco investigativo y con el correr de las semanas su calidad en ella pasaría a ser la de “imputado”. Pero, cuáles son las claves y elementos que llevaron al fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, definir dar un paso más allá en la indagatoria y solicitar una audiencia para formalizar cargos por tráfico de influencias y fraude al fisco en contra del funcionario municipal (se encuentra suspendido por un sumario en su contra). 

Según los antecedentes a los que pudo acceder LVP; la indagatoria a cargo de la PDI de Villarrica, tuvo como columna vertebral el testimonio de la jefa de Finanzas de la municipalidad, María Victoria Román. Fue esta quien decidió llevar la causa a la fiscalía y si bien la denuncia partió, en primera instancia, por las patentes limitadas de alcoholes que se entregaron a discreción y no se subastaron (la Ley no es clara sobre este procedimiento, según se dijo por lo que esto perdió fuerza); las bajadas de eso tuvieron más impacto en quienes lideraron la indagatoria. Y de esto hubo algunos focos que alumbraron más que otros. 

El primero de ellos, la patente limitada de alcoholes que fue adjudicada a una joven de nombre Andrea Carolina Estrada, de tan sólo 21 años; quien —según la investigación— no reunía las condiciones para obtener una patente de ese tipo. Estrada es hija de Carmen Luz Moreno, otro personaje clave en la indagatoria, quien trabajó con Ulloa en la municipalidad y fue reconocida por varios testigos como “muy cercana” al jefe de Rentas.

Y en esta arista de la investigación que la PDI logró reunir una serie de antecedentes que apuntan a que el funcionario habría usado su influencia y su cargo para favorecer la obtención de la mencionada patente. Los datos apuntan a que, incluso, existen testimonios de inspectores municipales que sostienen que Ulloa los presionó para un informe positivo a la solicitud de Estrada, luego de una visita inspectiva al lugar donde se ejercería la actividad comercial con la mencionada patente. Según los datos, la visita arrojaba elementos que no sustentaban la valoración positiva.

La arista política

Pero una de las cosas que más llama la atención de los investigadores ligados a la causa; es la bajada política. A saber. La cuestionada patente entregada a la hija de Carmen Luz Moreno fue vendida por ésta (gracias a un poder que le fue entregado a su favor) a una mujer conocida como Dánica Farfán. Si bien el monto inicial de la transacción (primero fue arrendada y luego vendida) se marcó en $35 millones, sólo se habrían alcanzado a pagar $7 millones. El nombre de Farfán se hizo conocido meses después de la fallida negociación de la patente debido a que postuló a un cargo de concejal en la pasada elección municipal. La mujer fue en la lista de Amarillos y Demócratas; los mismos partidos que apoyaban a Ulloa en su frustrada candidatura a la alcaldía. Dánica Farfán es la esposa de Mario Alvear, el ex concejal de Quilicura que fue detenido en marzo de 2023 por una causa de asociación ilícita que se ventila en la fiscalía Oriente de Santiago. 

Si bien los antecedentes, por ahora, no han logrado ligar la venta de la patente y la generación de recursos con la pasada campaña política; sí llama la atención de que algunos cercanos a Ulloa (como la misma Carmen Luz Moreno) hayan estado relacionados a la colorida campaña de Dánica Farfán. Eso y el uso de Farfán (no quedó en el cargo) de la misma sede que utilizó Ulloa antes de quedar fuera de la contienda electoral por un, según se dijo, problema en la inscripción de parte del partido. Por ahora es una arista abierta en la indagatoria. 

Ferias

Pero en luego del cúmulo de documentos y declaraciones que logró recopilar el detective Alexis Díaz (el mismo que investigó el denominado “Caso Martabid”), aparecieron más antecedentes que, al menos, hacen pensar que desde el departamento de Rentas y Patentes se manejaban una serie de beneficios para cercanos al imputado. Por lo mismo, las fuentes consultadas apuntan a que se logró la recopilación de varios testimonios que dan cuenta de facilidades que algunas personas recibían de parte del imputado. Esto, principalmente con autorizaciones para organizar ferias sólo con el permiso de Ulloa, sin decreto alcaldicio. Esto posibilitaría, según los conocedores de la causa, la incorporación de feriantes de manera indebida. Es decir con pagos mínimos (o inexistentes en algunos casos) de impuestos municipales. 

Formalización

La formalización de cargos en contra de Juan Antonio Ulloa está programada para el 10 de marzo a las 11 de la mañana. Y en esa audiencia el fiscal Jorge Calderara deberá presentar los antecedentes que sustenten la imputación por los dos graves delitos (fraude al fisco y tráfico de influencias). Si bien este medio contactó al exprecandidato a la alcaldía al momento de conocerse la solicitud; éste fue escueto y señaló sólo que estaba tranquilo debido a que será en el tribunal donde él pueda entregar sus descargos y demostrar su inocencia. La “formalización de cargos”, en los hechos, es una diligencia contemplada en el sistema penal en la que la fiscalía le comunica a una persona (imputado) que está siendo investigado formalmente por algún o algunos delitos. No implica, necesariamente, culpabilidad; aunque el fiscal debe presentar antecedentes que sustenten, de alguna forma, su imputación y posible solicitud de medidas cautelares. 

En lo municipal, Ulloa se encuentra suspendido de su cargo (con goce de sueldo), debido al sumario administrativo que se lleva en su contra. Lo último que se supo es que este sumario se encuentra detenido debido a que el fiscal que lo llevaba adelante (Ricardo Hidalgo) no se encuentra en funciones. Consultado el alcalde Sebastián Álvarez, sobre este tema, recalcó que el sumario era secreto y que su deber era respetar la “imparcialidad” y la “profesionalidad” en los procesos. 

“Quiero aclarar que, en relación al sumario del señor Ulloa, su estado actual es Secreto. Esto implica que, por razones legales y de respeto a la investigación en curso, no puedo revelar detalles adicionales. Sin embargo, deseo hacer énfasis en que, así como la fiscalía está llevando a cabo una investigación para determinar responsabilidades penales, mi deber como alcalde es respetar la imparcialidad y la profesionalidad de estos procesos”, sostuvo el actual jefe comunal.