Caso Parcelas en Menetúe: fiscalía formalizará a cuatro personas y a tres empresas por presunta estafa

• La audiencia quedó fijada para el jueves 1 de octubre en el Juzgado de Garantía de Pucón. Según el Ministerio Público, son 30 las eventuales víctimas y el monto supuestamente defraudado alcanza los $360 millones. La investigación apunta tanto a quienes estaban detrás del proyecto inmobiliario Hacienda Menetúe como a las sociedades que suscribieron los contratos.

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A principios de este año se hizo conocido el caso del proyecto inmobiliario “Hacienda Menetúe”. A través de un reportaje de este medio se supo de la frustrada venta de parcelas en el sector Menetúe, donde se ofrecían terrenos de cinco mil metros cuadrados, en un entorno de montaña con “vistas maravillosas”. Todo esto, a un precio razonable. Una inversión que se comenzó a negociar en tiempos de pandemia. Probablemente, las ganas de salir de las grandes ciudades en momentos de encierro y los retiros del 10% de las cotizaciones previsionales hicieron el resto.

El negocio fructificó y, luego de la firma de promesas de compraventa, en las que los interesados entregaban el 50% del valor total del terreno, solo había que esperar que el proyecto madurara y los empresarios entregaran lo prometido. Pero la espera se alargó y hasta ahora eso no ha sucedido. Por lo mismo, en principio, 12 personas decidieron presentar una querella por estafa y luego se agregaron otras 18 eventuales víctimas. Ahora, en total, el caso suma 30 querellantes y el monto eventualmente defraudado, según el Ministerio Público, llega a los $360 millones.

Así lo explica el fiscal jefe de Pucón, Jorge Calderara, quien solicitó una audiencia de formalización de cargos que quedó fijada para el jueves 1 de octubre y que incluye a las personas que estaban detrás del proyecto, pero también a las empresas que firmaron los contratos.

Así las cosas, ese día deberán presentarse ante el Juzgado de Garantía de Pucón Máximo Feest, Rosemarie Pinninghoff, Sandra Epple, Felipe Roure y Emiliano Antu. Pero varios de ellos también deberán hacerlo como representantes de las empresas Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Menetúe SpA, Sociedad Agrícola Altos de Menetúe SpA y Sociedad Agrícola Terrazas de Menetúe. Todos ellos serán formalizados, de acuerdo con la solicitud del fiscal Calderara, por el delito de estafa.

Ante la consulta sobre por qué se decidió también formalizar cargos a las personas jurídicas (las empresas), Calderara explica que es algo que permite la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

“Conforme a la nueva normativa, las personas jurídicas también podrían tener responsabilidad en base a la actuación de sus representantes, sin que estas personas hayan tenido algún tipo de plan para prevenir la defraudación en nombre de la empresa, de modo que también vamos a orientar esa argumentación en el tribunal en la formalización”, expresa el representante del Ministerio Público en Pucón.

Calderara también da luces sobre cuál será su teoría del caso frente al juez de garantía: “Nosotros vamos a plantear una teoría del caso que es clara en relación a la actuación de todas estas personas junto a las personas jurídicas en orden a actuar doloso con la intención de defraudar a las víctimas, lo que se verifique posteriormente en la formalización, lo conoceremos luego que el tribunal se pronuncie sobre eventualmente las medidas cautelar que se puedan pedir”.

Querellante

Quien también se refiere al tema es el abogado querellante Juan Carlos Pascual. El profesional valora la decisión de la Fiscalía de llevar la causa al nivel de la formalización, con miras a un juicio oral. Según él, la decisión de Calderara transmite que, para el organismo persecutor, existe cierta convicción sobre la existencia del delito de estafa y la responsabilidad de los imputados.

“A nuestro juicio, lo relevante es determinar qué información se entregó a los afectados al momento de captar los recursos, cuáles eran las reales condiciones de viabilidad del proyecto y qué ocurrió posteriormente con los dineros y con los compromisos de restitución. Esos son precisamente los hechos que la investigación debe esclarecer, ya que la discusión no se limita a si hubo posteriormente a la firma de los contratos de promesas cambios regulatorios o dificultades administrativas”, señala Pascual sobre cómo cree que se le pondrá piso a la imputación de estafa por parte del Ministerio Público.

Sobre la posibilidad de recuperar los recursos a través de la medida precautoria que los querellantes lograron sobre un terreno de la parte inmobiliaria, Pascual señala: “Existe esa posibilidad. Precisamente las medidas cautelares reales buscan resguardar bienes y evitar que eventualmente desaparezcan del patrimonio, de manera que puedan servir para responder frente a las víctimas una vez que la investigación esté terminada y se ejerzan las acciones civiles que la ley permite”.

El profesional también rescata que se imputen cargos a las empresas relacionadas: “Es especialmente relevante, porque es algo novedoso, incorporado hace poco a nuestra legislación a través de la Ley 21.595. Eso amplía el ámbito de investigación y también puede tener consecuencias patrimoniales y jurídicas importantes”.

Las víctimas

Quien también se refiere al caso es una de las eventuales víctimas, a través de quien ha ejercido como vocero durante este tiempo, Jorge Tabja, quien se mostró satisfecho con la decisión de la Fiscalía de formalizar cargos.

“Recibimos la decisión con satisfacción y también nos genera optimismo porque eso implica que el Ministerio Público, a través del fiscal Calderara, tiene la convicción de que aquí hay un daño y una mala práctica que probablemente viene de una orgánica de pretender estafar a los clientes, porque no es solo en Menetúe, porque también hablamos de Frutillar y otras localidades del sur de Chile en las que aparece esta misma inmobiliaria”, señala Tabja ante la consulta de este medio.

Sobre si aún mantienen esperanzas de recuperar los dineros, Tabja señala: “Sobre si tenemos esperanza en recibir los dineros, por supuesto que sí. Por lo menos, a través de nuestro abogado Juan Carlos Pascual, estamos con la legítima esperanza y tenemos la convicción de que vamos a recibir los dineros”. Sobre las expectativas respecto de las medidas cautelares que esperan luego de la formalización de cargos, el vocero es claro: “Cárcel”.

Este medio contactó a quien aparece como representante de Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Menetúe SpA, Gerardo Feest, para que entregara su reacción ante la decisión de formalización, pero no hubo respuesta. En una nota anterior, eso sí, Feest había señalado que el problema se generó en decisiones políticas del gobierno de Gabriel Boric, ya que, a su juicio, cambió las reglas del juego del negocio inmobiliario.

“Hemos vivido una situación extremadamente compleja como grupo de inversión inmobiliaria, no solo por factores económicos, sino por un cambio administrativo y político que afectó directamente el desarrollo de proyectos rurales en distintas zonas del país, especialmente en La Araucanía, donde tenemos dos proyectos que han sido muy significativos para nosotros: Hacienda Menetúe y Altos de Huife”, explicó el empresario en enero de este año.

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