Diputado de la DC denuncia a Piñera por contribuciones impagas en Juzgado local

Gabriel Ascencio pide una multa de 100 U.T. mensuales, que se demuela lo construido y que el Presidente comparezca en el tribunal.

Pasadas las 11 de la mañana de este viernes el diputado de la DC, Gabriel Ascencio, llegó hasta las oficinas del Juzgado de Policía Local (JPL) de Pucón para estampar la anunciada denuncia en contra del Presidente Sebastián Piñera por el no pago de contribuciones en su casa de veraneo en Caburgua. En el documento el parlamentario junto a su colega Gabriel Silber, pide entre otras cosas el pago de 100 unidades tributarias mensuales ($4.800.000), ordenar la paralización o demolición de las obras y además la comparecencia personal del mandatario en el tribunal.

El documento de la denuncia señala que Piñera compró un paño de terreno de 20 hectáreas en la ribera sur del lago en el sector de Renahue. “El denunciado, inscribió dicha propiedad a su nombre el año 1993, habiendo adquirido el terreno de 200.000 metros cuadrados el año 1987, el que fue objeto de cuatro permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales de Pucón. Pese a lo anterior, no consta que a la fecha estas construcciones hayan obtenido alguna Recepción Definitiva de obras, situación que ha impedido el avalúo final del Servicio de Impuestos Internos, y por consiguiente, el pago de contribuciones a beneficio fiscal por el valor total de dichas construcciones”, se lee en la denuncia hecha llegar al PJL, la que luego agrega: “Se ignora si han existido parcialidades de recepción y avalúo, lo que sin lugar a dudas podría constituir también una infracción al haberse burlado de forma artera el espíritu de la ley y de la buena fe por parte del contribuyente Sr. Piñera, lo que implicaría una clara forma artera de elusión tributaria”.

Así las cosas, la denuncia concluye: “La irregular situación de las construcciones presentes en el terreno, del cual es propietario el denunciado en la comuna de Pucón, trae aparejado consigo que exista un incorrecto avalúo fiscal de las obras, las que para el Servicio de Impuestos Internos tienen un valor muy inferior al real, por lo que el pago de contribuciones a su respecto es menor al que se debería haber cancelado desde que las mismas fueron construidas”.

De acuerdo a la denuncia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no puede conocer de las construcciones mientras estas no sean recepcionadas por la dirección de Obras: “El Servicio de Impuestos Internos ha señalado que no puede saber formalmente de las nuevas construcciones mientras no exista una recepción definitiva, por lo que la responsabilidad última en informar dichas obras recae en la Dirección de Obras Municipales”. Es en ese contexto, que los parlamentarios solicitan al tribunal que pida a la dirección de Obras el expediente del caso.

A la salida del JPL, el diputado Ascencio, quien fue acompañado por el concejal de la DC Omar Cortez y la ex candidata a alcaldesa de ese partido en Pucón, Blanca Beraud; señaló que el no pago del impuesto territorial afectó a Pucón, porque parte de los ingresos por ese concepto vuelven a la municipalidad local. Además, conminó al mandatario que cancele la totalidad de la deuda y no los tres años que la Tesorería señaló como la normal legal en este tipo de casos. “Tesorería nos informó que correspondía de acuerdo con la Ley sólo tres años desde el momento en que se haya regularizado la situación, pero no es exactamente así. En realidad, él tiene la obligación de pagar el total. Lo que él puede hacer es alegar la prescripción de 27 años, pero quien alega la prescripción tiene que ser el presidente; pero si él alegara la prescripción a mí me parecería otro escándalo. Él lo que debe es el todo”, argumentó el parlamentario.

Si bien desde la municipalidad no emitieron una opinión formal, la posición en el tema debiera pasar porque no es condición exclusiva tener una recepción municipal para que el SII pueda cobrar el impuesto territorial. Es decir, sólo se debe tener certeza de una construcción mediante cualquier vía para que pueda ser fiscalizada por el servicio en cuestión y realizar una tasación que permita cobrar el impuesto real.