Caso Martabid: secretaria municipal dice que sumario se cerró por desvinculación de abogado

Alcalde Barra sostuvo que la salida de Christian Águila se fundamentó, también, en la Ley de Probidad, por la relación matrimonial que el profesional del derecho tiene con la recién asumida directora de Fomento y Turismo.

Un, a veces áspero y no corto, debate se registró al inicio del concejo municipal de este martes en el que aparecieron varios datos, hasta ahora, desconocidos del denominado “Caso Martabid”. Estos apuntan, principalmente, a los procesos administrativos que terminaron con la desvinculación del abogado Christian Águila, uno de los más cercanos asesores del alcalde Carlos Barra en el último tiempo. Águila se vio cuestionado por la directora de Obras, Lorena Fuentes, al llegar a un avenimiento con el empresario inmobiliario José Miguel Martabid por la regularización de una vivienda que uno de los principales hombres de negocios del rubro inmobiliario en el país tiene en el sector de Correntoso. Así las cosas, la secretaria municipal, Gladiela Matus, quien oficiaba de fiscal de la investigación sumaria decretada por Barra para dilucidar la parte administrativa, informó a los ediles que ella cerró la indagatoria luego de enterarse que Águila había sido desvinculado de sus funciones.

Los detalles, que pueden apreciarse en los primeros minutos de la grabación de video que está registrada en  el Facebook de la municipalidad y del canal local PuconTv, indican que el decreto de desvinculación (que aún no se hace público) es por la relación de matrimonio que el profesional del derecho tiene con la directora (suplente) del recién creado cargo de directora de Fomento y Turismo, Carolina Ruiz. Así lo sostuvo el propio alcalde Barra. El problema de esto es que, tal como lo señaló el concejal RN Cristian Hernández, la situación de parentesco (se aplica la Ley de Probidad Administrativa) no solo golpeaba a Águila y a su esposa; sino que a cerca de 20 casos en situación parecida o similar existentes al interior de la municipalidad. Esto último no es menor, y generaría un efecto indirecto y golpearía al corazón administrativo del principal organismo público local. En todo caso, el decreto de desvinculación, firmado el 26 de julio de 2019, según el alcalde, estaría fundado en la mencionada Ley de Probidad y también en el caso de la casa de José Miguel Martabid.

En relación a la investigación sumaria, Matus, explicó en detalle el por qué tomó la decisión de cierre. “Esa investigación sumaria está terminada, porque yo revisé todos los antecedentes que están y me enteré que la Policía de Investigaciones anduvo buscando información acá en el municipio sobre esa situación. Por lo tanto, de acuerdo a la parte administrativa, lo que corresponde es si se ajusta a derecho hacerle la investigación sumaria o sumario a un funcionario que no es funcionario y es contratado por servicios y, de acuerdo al estatuto administrativo (señala las leyes) que señala claramente que quienes están afectos a sumarios o investigaciones sumarias son los funcionarios de planta o funcionarios a contrata. Por tal motivo, la arista fiscal señala que no se ajusta hacerle el sumario”, explicó la secretaria Municipal, quien agregó: “Si hubiese tenido que hacerle sumario, lo que yo habría señalado claramente es que habría tenido que destituirse, pero cuando recopilé antecedentes me percaté que ya existía un decreto donde lo habían desvinculado, por lo tanto ya estaba resuelto el tema de la investigación”. El sumario fue decretado luego de un duro informe sobre el tema elaborado por la directora de Obras, Lorena Fuentes.

Sobre el antecedente de que la Policía de Investigaciones (PDI) estuvo en la municipalidad solicitando papeles, se entiende por la causa penal que abrió el fiscal Jorge Calderara. Es en este contexto que se encargaron diligencias a la policía, entre ellas, recopilar documentación e incluso incautar el computador que Águila usaba en el municipio.

Sobre la indagatoria administrativa, se entiende que no se cierra definitivamente hasta que el jefe superior del servicio, en este caso el alcalde Barra, lo vise. Cosa que no se ha informado por las vías oficiales.

La discusión decantó, finalmente, en la posibilidad de discutir el tema en una audiencia especial. El alcalde solicitó que ésta sea reservada, a lo que se opuso el concejal DC, Omar Cortez. Hasta el cierre de esta edición no hay fecha para dicho encuentro ni claridad sobre la calidad de éste.