Corte Suprema respalda acción de la Dirección de Obras Municipales y casa Martabid sigue sin poder regularizarse

Abogado representante del empresario señala que el fallo se refiere a forma y no al fondo del asunto, por lo que volverán a intentar poner al día la edificación de casi 4.000 mts2.

Ya han pasado casi ocho años desde que el empresario inmobiliario José Miguel Martabid decidió construir su casa en el sector de Correntoso, camino a Villarrica. Y desde ahí, literalmente, mucha agua ha pasado bajo el puente. Esto, porque el hombre de negocios decidió pasar de un permiso de edificación para 263 metros cuadrados a una construcción de casi 4.000 mts2. Y en la última etapa de la controversia la Corte Suprema respaldó la resolución del tribunal de Apelaciones en Temuco, el que rechazó un recurso de protección interpuesto por los abogados de Martabid en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM), ya que el director de este organismo, Claudio Painepán, se negó a entregar los permisos para regularizar. Esto, pese a que el superior jerárquico de la DOM, la seremi del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) le ordenó hacerlo. 

El punto es que Painepán sustentó su negativa en el informe que Contraloría realizó sobre las edificaciones en el borde del lago Villarrica, el que catalogaba el sector donde estaba la casa como rural y no urbano como lo planteaba Martabid, sustentado en el ya casi obsoleto Plan Regulador Intercomunal (PRI). Así las cosas, la controversial vivienda sigue sin poder ser habitada por el hombre de negocios y se mantiene como una especie de “elefante blanco” en el borde del lago. 

El tema se hizo conocido en 2019 luego de un reportaje de este medio, en el que se explicaba que el empresario, dueño del Holding Martabid, poseía un permiso de construcción para una edificación de 263 mts2, pero terminó construyendo una mega infraestructura de más de casi 4.000 mts2. Desde ahí, se abrieron una serie de capítulos administrativos y judiciales (incluso penales), que a más de tres años después tienen a la casa sin recepción definitiva y, según lo que dice la DOM local, es irregularizable por encontrarse en un terreno rural y de riesgo volcánico. 

Nuevo intento

Una vez zanjado el tema judicial en torno a los permisos de edificación, el equipo ligado al empresario volverá tras la regularización. Según el abogado Álvaro Gómez, uno de los representantes de Martabid, lo que definió la Suprema es un tema de forma y no de fondo. Por lo mismo, acatarán el fallo, asumirán que el terreno es rural y no urbano e intentarán, con esas condiciones, conseguir las autorizaciones correspondientes. 

“Los fallos y las resoluciones de la justicia deben ser respetados. Obviamente nosotros no compartimos el criterio que aplicó tanto la Corte de Apelaciones de Temuco y la Suprema, pero deben ser respetados, ya que estamos dentro del Estado de Derecho y por lo tanto tenemos que respetar”, expresó Gómez, quien agregó: “Lo importante a tener en cuenta es que aquí no se ha zanjado el fondo del asunto. Acá lo que la Corte resolvió es que el director de Obras de Pucón debía sujetarse a lo que la Contraloría había dispuesto en los informes de fiscalización que se hicieron. Y en tal sentido debía cumplir, más que acatar lo que el mismo superior jerárquico, el seremi de Vivienda, le había instruido. Eso es lo que se resuelve en esta causa”.

Gómez adelantó que lo que viene para ellos es considerar a la vivienda tal como lo plantea Contraloría, es decir que es rural y está en una zona de riesgo volcánico, por lo que tendrán que iniciar las acciones administrativas en ese sentido. Y eso debe incluir, por cierto, un plan de mitigación de riesgo.

¿Y la multa?

Lo de los permisos de edificación no es la única arista judicial que este polémico caso tiene. También existe una causa en la Corte de Temuco por la multa de $124 millones que el Juzgado de Policía Local (JPL) aplicó a Martabid por construir sin permiso de edificación. El empresario —quien incluso realizó un requerimiento al Tribunal Constitucional, el que perdió— dice que el monto es desproporcionado. Si bien esta causa estuvo suspendida, ahora se encuentra en etapa de alegatos; en los que la municipalidad local se encuentra representada por la jefa Jurídica, Bahma Zúñiga; quien también representó al organismo público en la Suprema.