¿Demolición o regularización? El giro que podría cambiar el futuro de las cuestionadas construcciones en el delta del Trancura

• Una nueva solicitud de permiso de edificación, respaldada por una autorización sanitaria, podría cambiar el futuro de las construcciones cuestionadas en el sector de alta sensibilidad ambiental, y cuyo futuro definirá la Corte Suprema. Mientras persisten los cuestionamientos, la abogada de la familia Calvo Puig rechaza que se trate de una “toma” y destaca iniciativas de seguridad, limpieza y educación náutica a menores que plantearon a las autoridades locales.

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En las últimas semanas, un reportaje de Mega puso nuevamente en relieve una realidad que se viene gestando desde hace casi una década en Pucón. Primero fue el frustrado megaproyecto inmobiliario Bahía Pucón, de 14 torres y casi 400 departamentos, a metros del lago Villarrica; luego, el campo de motorhomes y, ahora, una serie de edificaciones precarias cuya demolición se debate en la Corte Suprema. Estas dos últimas iniciativas están ubicadas a orillas del cuerpo de agua, en el denominado delta del río Trancura, en plena zona declarada como “Humedal Urbano” en 2022 por el Ministerio del Medio Ambiente.

Tras todos los capítulos —Bahía Pucón, el campo de motorhomes y las edificaciones— se repite el nombre de la familia Calvo Puig, propietaria de un amplio paño de terreno de poco más de 60 hectáreas, en el que ha planteado una serie de proyectos que, debido a la sensibilidad ambiental de la zona, han sido profundamente cuestionados.

El episodio más reciente fue denominado públicamente como la “toma VIP”. Sin embargo, según los antecedentes del caso, la controversia actual no corresponde a una ocupación de terrenos por terceros, sino a una disputa entre los propietarios y la municipalidad de Pucón por una orden de demolición que hoy se encuentra bajo revisión judicial.

A saber, el 9 de octubre del año pasado, la Municipalidad de Pucón emitió el decreto N.º 3715, firmado por el alcalde Sebastián Álvarez. En él se ordenaba demoler una serie de edificaciones ubicadas en un predio de la familia Calvo Puig, a orillas del lago, en el delta del Trancura. En total, se trataba de cerca de 800 metros cuadrados de construcciones modulares instaladas, en su mayoría, sobre la base de contenedores que inicialmente serían destinados a alojamientos turísticos. Todo ello, luego de los respectivos procesos sancionatorios que se tramitaron en el Juzgado de Policía Local (JPL) de Pucón.

Pese a que había un plazo de 30 días para cumplir el requerimiento, los abogados del recurrente, José Miguel Calvo Puig, ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco. El argumento principal era que las edificaciones estaban emplazadas en un rol distinto del que señalaba el municipio. Después de varios meses de tramitación, el tribunal no acogió el recurso. Sin embargo, el recurrente apeló ante la Corte Suprema, donde actualmente se encuentra en tramitación.

Pero hay elementos de esta trama que aún no se conocen. Uno de ellos es que los Calvo ingresaron una nueva solicitud de permiso de edificación en la Dirección de Obras Municipales (DOM) para las construcciones. La idea es insistir en su regularización, pero ahora con un destino diferente —habitacional— y con un proyecto sanitario aprobado por la autoridad correspondiente. Este elemento, que constituía una de las principales trabas, podría cambiar el escenario en la DOM. Es decir, podría darse la paradoja de que las mismas construcciones que corren el riesgo de ser demolidas en cumplimiento del decreto pudieran ahora regularizarse.

Por lo mismo, algunas de las fuentes consultadas para este reportaje sostienen que, aun cuando la Corte Suprema dicte un fallo favorable a la demolición, echar abajo las construcciones podría representar un riesgo para el municipio, ya que permanece abierta la posibilidad de que las edificaciones fueran susceptibles de regularización. Esto, en un tribunal civil, podría traducirse en una cuantiosa indemnización en contra de la municipalidad. Los conocedores del tema citan como ejemplo el denominado “Caso Martabid”. Esto, porque si bien en algún momento la mansión del empresario inmobiliario en Correntoso fue declarada “irregularizable”, la Seremi de Vivienda y Urbanismo del gobierno anterior obligó al director de Obras local, Claudio Painepan, a otorgar un permiso que, semanas después, se tradujo en una recepción definitiva.

Laguna artificial

Pero no es la única arista que los Calvo mantienen abierta hasta ahora. En 2023 se conoció la remoción de una gran cantidad de metros cúbicos de material, que dio origen a una laguna artificial (foto de archivo de más abajo). También se constató la posibilidad de una intervención en el río Claro. Por este motivo, la Superintendencia del Medio Ambiente abrió una investigación. Desde dicho organismo señalaron que remitieron los antecedentes a la Dirección General de Aguas (DGA), ya que la materia que debían investigar era de competencia de esta última. Desde ese organismo no hubo respuesta al requerimiento de este diario.

También es necesario establecer si los cercos de la propiedad están correctamente ubicados. Esto debe determinarlo la Armada, a solicitud del Ministerio de Bienes Nacionales, organismo encargado de los espacios públicos en zonas rurales, mientras que en las áreas urbanas esa responsabilidad recae en las municipalidades. Lo anterior, porque algunos activistas ambientales han denunciado públicamente que la propiedad habría ocupado parte de lo que correspondía a la playa. Según informaron desde la Armada, el sector fue fiscalizado y los antecedentes se elevaron a la Delegación Presidencial. Eso sí, no entregaron mayores detalles sobre los resultados de la fiscalización.

Abogada: “No es una toma”

Desde la familia Calvo derivaron las consultas a una vocera para abordar la polémica surgida tras el reportaje de Megavisión. La abogada Bernardita Hiriart fue la encargada de exponer los argumentos que defienden los propietarios en esta controversia. Aclaró, de entrada, que el lugar está lejos de ser una “toma”, como se lo calificó públicamente.

“Consideramos muy importante aclarar que este terreno es privado y pertenece a sus actuales propietarios particulares desde 1996. Es decir, en ninguna circunstancia corresponde hablar de ‘una toma’. En segundo lugar, se debe precisar que en el terreno existen cabañas que corresponden a viviendas de veraneo de los propietarios. No existe un proyecto inmobiliario o desarrollo comercial, ni los propietarios tienen esa perspectiva para el futuro”, señaló la profesional.

Hiriart, eso sí, entregó otro antecedente sobre la declaratoria de “humedal urbano”. El asunto, tal como se informó públicamente, fue judicializado y el Tercer Tribunal Ambiental anuló en su momento la declaratoria realizada en 2022 por el Ministerio del Medio Ambiente. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso un recurso de reclamación ante la Corte Suprema contra ese fallo, el cual fue acogido. Por lo mismo, la causa se devolvió al tribunal valdiviano y el caso sigue abierto.

“Actualmente, la declaración de humedal urbano en la zona es un proceso aún en trámite, que está bajo revisión del Tercer Tribunal Ambiental. Sin perjuicio de esa realidad legal, los propietarios han administrado el terreno con la convicción de hacerlo con respeto al medio ambiente y a la normativa vigente, desarrollando diversas iniciativas de protección del ecosistema. Para ello, se ha trabajado en directa comunicación con la Municipalidad de Pucón”, señaló.

La profesional también aportó antecedentes sobre el trabajo realizado en el terreno. Según explicó, hace siete años el lugar estaba convertido en un basural debido a la presencia de campistas irregulares que se instalaban sin permiso en el sector. Agregó que los propietarios han trabajado en medidas de seguridad para evitar robos y que han impulsado una serie de iniciativas para preservar el medio ambiente.

“Se construyó una central de energía a base de paneles fotovoltaicos, es decir, energía renovable, amigable con el medio ambiente, con una capacidad de 30 kVA y 140 paneles solares, además de sus convertidores y baterías de última generación. Lo anterior permite tener iluminación durante todas las noches del año, aportando así también a la seguridad. También se incorporó un cuidador que vive en el lugar y se preocupa de la mantención, la limpieza y la seguridad. De esta forma, se ha podido auxiliar a personas en riesgo en el delta, así como prestar ayuda y facilitar el acceso a bomberos y otros organismos para operaciones de rescate”, sostuvo.

Luego agregó: “Otra labor que se realiza es la de cuidar tanto la flora, ante posibles incendios, como la fauna. Así, se ha denunciado a cazadores furtivos y pescadores que depredan las truchas con redes durante todo el año. Para ello, se han colocado más de 10 cámaras de seguridad que monitorean el sector las 24 horas del día”.

Agregó que han plantado más de dos mil árboles nativos y que plantearon al municipio iniciativas de protección del sector, así como actividades náuticas dirigidas a niños. “Finalmente, es importante destacar que se le propusieron formalmente al municipio de Pucón otras iniciativas orientadas a proteger el medio ambiente del sector. Por ejemplo, crear una escuela de vela para la práctica de deportes náuticos, dirigida a niños de escasos recursos. Incluso, se propuso desarrollar una escuela formativa de instructores de pesca con mosca para potenciar el turismo en la zona”, concluyó.

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