Mujeres denunciantes de abusos y violaciones se reunieron con el máximo jefe de la iglesia Católica en la zona en busca de respuestas. También analizan iniciar una causa civil en contra de las instituciones responsables.
Por Rodrigo Vergara
Con el compromiso de investigar los hechos denunciados por las mujeres que acusan haber sufrido una serie de abusos, vejámenes e, incluso, violaciones de parte de un profesor del colegio Padre Sebastián Englert (ya cerrado) de Huife Bajo en Pucón, se retiraron las víctimas del caso dado a conocer por La Voz… este martes desde el obispado de Villarrica. La intención era tener una conversación con el jefe de la iglesia Católica en la zona, Francisco Javier Stegmeier y exponerle la historia de abusos que aseguran vivieron en su niñez, en la década de 1980, a manos de un profesor identificado como Rodolfo Álamos, quien fue condenado por un caso similar y actualmente se encuentra en libertad y vive en Villarrica.
Así lo informó Mariluz Salazar, una de las vocera del grupo de seis mujeres que se atrevieron a contar su historia a este medio. Y una de las intenciones de Stegmeier es consultar al sacerdote Hugo Cuevas, párroco de Pucón hasta 1993, quien terminó su carrera religiosa como obispo castrense en la Fuerza Aérea y ahora se encuentra retirado, según se dijo en el obispado, en Padre Las Casas.
“Él (el obispo) va a tratar de ayudarnos para ver qué es lo que pasó. Por qué el padre (Hugo Cuevas) no hizo nada en ese momento. Porque esas son las preguntas que nos hacemos nosotros: ¿por qué no se hizo nada en ese momento?”, señaló Mariluz Salazar a la salida de la reunión. La mujer agregó que se comprometió a “investigar”: “Dijo que iba a consultar al Magisterio (de la Araucanía, institución ligada a la iglesia y a cargo de los colegios), que consultaría al párroco de esa época. Que haría todas las averiguaciones”.
También las mujeres hicieron un llamado a más mujeres que pudieron ser víctimas en Huife o en Afunalhue, donde Álamos fue condenado por un doble abuso sexual en 2011, a contactarse para hacer un frente común y tratar de llevar el caso, una vez más a la justicia. Eso, pese a que penalmente aplicaría la prescripción, ya que aún se tramita en el Congreso una ley que haría este tipo de delitos imprescriptibles. En todo caso, las mujeres estarían explorando una salida por el lado de un juicio civil en donde las instituciones responsables de los colegios puedan hacerse cargo de los daños físicos, morales y psicológicos que acusan haber sufrido a manos del profesor. Por lo mismo están analizando posibilidades de asesorías jurídicas serias.