Martabid y municipalidad acuerdan suspender en la Corte de Apelaciones causa que implica millonaria multa

Pese al déficit de recursos que sufre la administración pública local, ambas partes llegan a una definición que posibilita detener el caso por 60 días. La sanción inicial cursada por el Juzgado de Policía Local de Pucón, por la casa del empresario inmobiliario en Correntoso, llegaba a los $124 millones que podrían reforzar las débiles finanzas del organismo. Versiones diferentes se cruzan como argumentos para justificar la decisión.

Pese a que la arista penal del denominado Caso Martabid está, prácticamente, finiquitada luego de la suspensión condicional del procedimiento que favoreció al abogado municipal, Christian Águila, la carpeta que comenzó a tramitar el Juzgado de Policía Local (JPL) continuó su curso normal. Y de hecho, en diciembre pasado este tribunal local sentenció que el empresario inmobiliario José Miguel Martabid debía pagar una multa de $124.933.500 por construir sin permiso de edificación, de acuerdo al fallo que fue firmado por el juez Alfonso Podlech Delarze. Pero el privado apeló a la sentencia en la Corte de Apelaciones de Temuco. Y esa causa, de la cual también se hizo parte la municipalidad, fue suspendida el 28 de abril pasado por un acuerdo entre los abogados de ambas partes; Luis Mercarini (representante de Martabid) y Edmundo Figueroa, jefe jurídico de la municipalidad local.

¿Las razones de la decisión? Hay versiones diferentes. Según Luis Mercarini, solo se trata de un tema de procedimiento en el tribunal que está complicado por la pandemia. “Es un tema exclusivamente procesal del funcionamiento de la Corte, de los tiempos y de las posibilidades de que esa causa se vea cuando esté en los primeros lugares de la tabla; porque las audiencias virtuales que se ven hoy en día quitan toda la mañana y las causas, normalmente, no se ven más de una o dos porque hay una congestión tremenda de causas”, explicó el abogado representante de Martabid, quien agregó: “Son razones exclusivamente procesales”.

Desde la municipalidad local explicaron, en tanto, que se debe a una sobrecarga del departamento Jurídico y que la suspensión les ayudaría a descongestionarse de los casos que llevan los abogados liderados por Figueroa. Al consultarles sobre cómo se explicaba la situación en el contexto del déficit municipal (que se proyecta en unos $700 millones) y que el dinero de la multa (que podría ser elevada a $160 millones en caso de ganar la apelación) caería en beneficio directo de las alicaídas finanzas municipales, sostuvieron que el dinero de alguna forma u otra igual ingresaría. Es decir, el tema de la necesidad de recursos frescos urgentes para la municipalidad pareciera no ser tan relevante en relación a la sobrecarga laboral que dicen tener en el departamento Jurídico.

“Para la municipalidad de Pucón esta causa es claramente importante y marcará un  precedente, de igual forma hay que tener claro que la multa que debe pagar la empresa se efectuará de igual forma y por supuesto será un aporte en nuestro difícil estado económico comunal. Hoy la carga laboral para toda la municipalidad es ardua y de muchos procesos paralelos con otras entidades”, escribieron a la redacción de La Voz… desde la municipalidad en un comunicado en el que agregaron: “El priorizar procesos es una de esas problemática a veces se nos genera y hoy nuestra unidad jurídica está respondiendo procesos tanto jurídicos como administrativos que necesitan de igual o mayor premura”. 

Regularización

Pero hay más. Esto porque al ser consultado el seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Pablo Artigas, este confirmó a La Voz… que Martabid ingresó un requerimiento a su repartición con miras a la regularización y que ellos (la seremi del Minvu) están pidiendo informes a la Dirección de Obras Municipales (DOM). Artigas, en todo caso, no respondió o entregó mayores antecedentes al consultarle la naturaleza y argumentos del requerimiento realizado por el empresario inmobiliario.

Otro antecedente que apunta a que José Miguel Martabid buscaría regularizar la vivienda de más de 3.000 metros cuadrados es un “plan de evacuación y emergencia” de la vivienda denominada en el mismo plan como “La Takia”. En el documento se entregan lineamientos sobre cómo reaccionar en casos de alguna contingencia compleja y fue visado por el jefe de emergencias de la municipalidad puconina, Daniel Godoy. El tema no es menor debido a que uno de los problemas principales que tiene la vivienda es que está construida en una zona de riesgo volcánico, tal como lo deja en evidencia el mismo informe de Contraloría que analizaba la situación del desarrollo inmobiliario en el borde lago. Sobre esto último también fue clara la ex directora de la DOM, Lorena Fuentes, quien catalogó en su momento la casa como “irregularizable”. Hay que recordar que el origen del conflicto estuvo en que el empresario solicitó un permiso de edificación por un poco más de 260 metros cuadrados y terminó construyendo una mansión de más de 3.000 metros cuadrados. Por lo mismo fue infraccionado, lo que abrió la causa en el JPL y también una arista penal por la actuación del abogado Christian Águila de la municipalidad. Esta última  terminó con una suspensión condicional del procedimiento y no hubo condena.

Algunas fuentes conocedoras del tema explicaron a La Voz…, que efectivamente el empresario está haciendo intentos claros por regularizar la vivienda y que hay claras diferencias de interpretación de las normas entre la DOM y la seremi del Minvu. Por lo mismo, es altamente probable que el tema se defina en la Contraloría. El punto es que las mismas fuentes señalan que es una posibilidad de que la suspensión acordada con la municipalidad entregue más tiempo al empresario inmobiliario para poder llegar al tribunal de alzada —si es que logra abrir la senda para una regularización— con más antecedentes que le posibiliten cargar la balanza a su favor ante los ministros y poder ganar el caso o mitigar los efectos de la sentencia del JPL. Esto último, por cierto, no fue confirmado por ninguna de las partes; quienes se mantuvieron en sus posiciones respecto al por qué de la paralización del caso por los 60 días. 

Quienes sí se pronunciaron fueron los concejales Cristian Hernández de RN y el DC Omar Cortez. Ambos señalaron que la decisión de suspensión de la causa no pasó por el concejo municipal. 

“Lamentablemente una vez más, el concejo municipal se informa por vías no oficiales de actuaciones que impactan tan profusamente en la coyuntura política y administrativa de la comuna. La administración del alcalde Barra deberá informar con razones fundadas las actuaciones del equipo jurídico municipal”, sostuvo el demócratacristiano Cortez, quien agregó: “Nos es comprensible abandonar o dejar stand by la función de cobros en estas materias, más aún si todavía estamos respondiendo el último informe de Contraloría en esta área”.

Hernández, en tanto, apuntó directamente al déficit económico en la administración pública local. “En el caso más expuesto de la historia de la probidad y transparencia de la administración pública de Pucón, se aplaza un proceso donde podríamos recaudar probablemente más de $100 millones no presupuestados, por exceso de trabajo del jurídico, eso no es entender nada”, explicó el representante de RN, quien agregó: “Que la gente sepa que no se puede tomar con liviandad cosas cómo estas. Al final, da para seguir cuestionando una irregularidad. Es impresentable”.

La resolución

Si quieres acceder a la copia de la resolución de suspender la causa, haz click aquí.